Cuatro comunidades piden reformas del acuerdo de financiación de 2001

El modelo de financiación de las comunidades autónomas sellado en 2001 no es definitivo. Ésta es la advertencia que lanzaron ayer los consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades de Andalucía, Cataluña, Galicia y Aragón al Ejecutivo central. Además destacaron la necesidad de que se cumpla el principio de lealtad institucional para compensar las actuaciones del Estado en materia legislativa.

El consejero de Economía y Hacienda de Aragón, el socialista Eduardo Bandrés, considera que el principio de lealtad institucional es la auténtica piedra de toque para el desarrollo futuro del acuerdo. Dicho principo establece que el Estado debe compensar a las comunidades autónomas por la introducción de cambios normativos que mermen los ingresos cedidos o afecten a la estructura de gastos de los gobiernos autónomos.

Esto ya ha sucedido, por ejemplo, con la reforma del IRPF y con la Ley de Calidad de la Enseñanza, según recordó ayer el consejero catalán, Francesc Homs, quién citó 13 modificaciones legislativas que han perjudicado a la estructura financiera de las comunidades.

Ambos consejeros participaron ayer en un debate sobre financiación autonómica en el transcurso de un curso organizado por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Barcelona, junto con sus homólogos de Andalucía, la socialista Magdalena Álvarez, y de Galicia, José Antonio Orza (PP), quines suscribieron el discurso de Bandrés.

Homs aprovechó la ocasión para asegurar que sería "temerario" rebajar los impuestos en España, puesto que se trata de uno de los países con la presión fiscal más baja (el 35,6% del producto interior bruto, frente a la media europea del 41,9%). "No es posible que el Gobierno se plantee estrategias electorales con bajada de impuestos", señaló el consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat.

Los cuatro consejeros coincidieron en señalar que el actual modelo de financiación autonómica "no es definitivo". Orza reconoció que el criterio poblacional "no es suficiente para determinar las necesidades de gasto", dada la dispersión territorial de muchas comunidades, y exploró la posibilidad de un acuerdo para que las comunidades autónomas puedan modificar los tipos impositivos de los impuestos indirectos.

Pero la propuesta más revolucionaria fue, sin duda, la que lanzó Magdalena Álvarez. La consejera andaluza, que se mostró muy crítica con el actual modelo de financiación, reclamó una reordenación del espacio fiscal y abogó por la creación de un sistema fiscal propio para los tres niveles de administración (central, autonómica y local) en función de sus competencias. Alvarez aseguró que el actual sistema "está diseñado para un Estado centralizado" que obliga a las comunidades autónomas a retorcerse en un traje que se les "ha quedado chico". "Hay que dar un giro a la financiación autonómica", sentenció la consejera andaluza.

El proceso de descentralización administrativa que se ha producido en España en los últimos años como fruto del proceso de transferencias, como la sanidad y la educación, ha modificado el papel que desempeñan las comunidades autónomas en sus respectivas economías, al incrementar su participación en el gasto público desde el 22% en 1996 al 27,5% en 2001, según datos del Ministerio de Hacienda.