ICV y ERC ven en las subvenciones del ICF un signo de "fin de régimen"

La creciente utilización del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) por la Generalitat para otorgar subvenciones públicas, que en 2002 se elevaron a 84 millones de euros, es vista por algunos partidos de la oposición como un síntoma de "fin de régimen". Tanto Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) como Esquerra Republicana (ERC) pidieron ayer más "transparencia en los criterios" con los que el ICF da sus préstamos.

Los préstamos que la entidad de crédito público de la Generalitat concede como anticipo de una subvención del Gobierno catalán a entidades públicas y privadas para que éstas realicen una inversión concreta pasaron de 31,15 millones de euros en 2001 a 42,23 millones en 2002.

Por otra parte, los denominados préstamos con garantía departamental, de cuyas obligaciones económicas (capital, intereses y comisiones) se hace cargo directamente un departamento de la Generalitat, dieron también un salto importante: de 12,2 millones a 19 millones en el caso de los destinatarios públicos y de 7,8 millones a 22,6 millones en el caso del sector privado. En total, las subvenciones vía préstamos del ICF aumentaron el 63,2% en el último año.

"Es una locura. La función del ICF no es ésta, sino la de ejercer de banco público que ayude a desarrollar nuevas actividades", manifestó ayer Joan Boada, portavoz del grupo parlamentario de ICV, quien opina que el problema de fondo radica en que "la Generalitat no tiene dinero y no hace más que aplazar los pagos para los que gobiernen después".

En una línea similar, el portavoz parlamentario de ERC, Josep Huguet, señaló: "A pocos meses de las elecciones, la Generalitat está tirando la casa por la ventana, con una actuación que, pese a no ser irregular, supone una grave irresponsabilidad porque se está endeudando hasta el cuello".