Vecinos del Casc Antic denuncian ser víctimas de 'mobbing' inmobiliario

Mobbing inmobiliario. Es la presión, rayana en la coacción, que sufren vecinos del Casc Antic de Barcelona para que dejen sus domicilios. Muchos de ellos pagan alquileres bajos y en la mayoría de los casos la presión es ejercida por inmobiliarias que han comprado todo el edificio. Varias de las personas afectadas explicaron ayer sus casos. La Asociación de Vecinos del Casc Antic, que ha intervenido en varias ocasiones, denunció ayer públicamente estas prácticas.

El fenómeno, que no es nuevo, se está agudizando a medida que la calidad del espacio público de Ciutat Vella mejora. "Es más, hace años, las primeras empresas que compraban edificios enteros con inquilinos lo hacían bastante bien e incluso arreglaban las viviendas", explicaba ayer Alfred Comín, portavoz de una asociación vecinal. Pero la voracidad del mercado inmobiliario ha hecho, en su opinión, que la única prioridad de las empresas y administradores de fincas sea ahora sacar el máximo provecho de las oportunidades inmobiliarias, prescindiendo de la precaria situación de algunos de los inquilinos afectados.

Muchos de ellos son personas mayores con unos ingresos ajustados, casi siempre pensionistas que no tienen recursos suficientes para contratar abogados. Pagan alquileres considerados bajos porque son inquilinos con contrato de por vida. Incluso con la actualización que permite la ley, en algunos casos el aquiler no supera los 60 euros por unos pisos situados en una zona en plena transformación.

Ocurre en distintas zonas del Casc Antic, pero hay calles y fincas en pasajes colindantes de Portaferrissa -y algunas fincas de esa misma calle- que se han ido vaciando casi por completo, explicaban ayer miembros de la asociación de vecinos. La calle de En Bot y el pasaje de Magarola son dos de ellas. "Antes nadie daba un duro por nuestras viviendas y ahora sobramos en medio de uno de los centros comerciales más potentes de la ciudad", explicaba uno de los inquilinos.

Los afectados explican las diferentes tácticas de las empresas inmobiliarias para provocar su cansancio y, al final, el abandono de la vivienda. Éstos son algunos de sus relatos.

- Fernando Gonzalo. Vive en la calle de la Riereta, en un edificio que hace años ocupaban 30 familias, de las que ahora quedan ocho. Tuvo que demostrar que vivía en el domicilio ante una demanda por desahucio. Luego la propiedad instó otro pleito alegando que había convertido el domicilio en taller. Se trata de una casa construida en 1802 y catalogada, por lo que sólo se puede demoler en caso de ruina, explicaba ayer. El expediente de ruina ya ha sido presentado por la empresa Traive, SL, según confirmaron ayer fuentes del distrito de Ciutat Vella.

- Jaume Ribera. Son dos los vecinos que todavía viven en el número 15 de la calle de la Portaferrissa de los 11 que tenían en él su domicilio (también hay una tienda). El edificio fue comprado por la sociedad Inversplan -domiciliada en Lichtenstein-, que a su vez traspasó la propiedad a una firma de Andorra. Los padres de Jaume Ribera solían pagar la mensualidad en efectivo y la nueva propiedad les requirió que pagases en las oficinas. Y allí fueron a pagar, pero siempre eran emplazados a volver otro día. Así hasta que se encontraron con una demanda de desahucio por falta de pago. "La ganamos, pero luego en el inmueble han arrancado los interfonos y los buzones, y hasta han cortado la luz". El distrito conoce el panorama y ayer alegó que se ha requerido a la propiedad -al representante, que es un abogado de Barcelona- que realice mejoras en la finca.

- Amadeu Padró. Vive en el pasaje de Magarola desde siempre. Su padre, titular del contrato, falleció hace 40 años y no realizó entonces la subrogación. El resultado del descuido es que desde diciembre la administración de fincas no le acepta el pago del recibo. Fue informado de que la nueva propiedad le subía el alquiler a 480 euros. "Y no los puedo pagar porque mis ingresos son una pensión de 324 euros por larga enfermedad", puntualiza.

- Andreu Roig. Vive en una finca de la calle del Rec Comtal que fue comprada en julio de 2002 por una compañía francesa, Foncière Ibérica, que ha instado la declaración de ruina del edificio alegando lque en él hay termitas, "que no existen según los informes de los arquitectos a los que hemos consultado", decía.

Otro afectado por el intento de desahucio por una inexistente falta de pago de las mensualidades lleva cinco años pagando el recibo por giro postal. "Ha sido la única manera", dice.

El abogado José María Alcoberro, que asesora a la asociación de vecinos del Casc Antic, puntualizaba ayer que a traves de la asociación ha tenido conocimiento de una decena de casos de mobbing inmobiliario. "Los edificios que han cambiado de manos solían ser casi ruinosos para la propiedad ya que cobraba rentas muy bajas. Tras la ley Boyer se han aplicado las revisiones, pero hay muchos casos -lo determina el nivel de ingresos- en los que las rentas no superan los 90 euros, una cifra claramente insuficiente para las empresas que compran las fincas. Así que la nueva propiedad presiona firmemente a los inquilinos para forzar su marcha", argumentaba Alcoberro.

"Si les hacen la vida imposible, los que tienen adónde ir se van. Así que se quedan los que no tienen más recursos y los que deciden plantar cara. En el caso de las personas mayores, se puede convertir en un problema social que requiere la intervención del Ayuntamiento", explicaba el presidente de la asociación de vecinos, Pep Miró. Y es en ese capítulo donde hay quejas respecto a la intervención del consistorio: "Debe que tomar cartas en el asunto para resolver los casos extremos y no tiene la sensibilidad que hace falta". El distrito niega la negligencia. "No es verdad. Se interviene y se buscan soluciones a través del Patronato Municipal de la Vivienda", replicaba ayer el gerente del distrito, Josep Maria Lucchetti. El gerente admitió que en los últimos años las empresas propietarias han instado varios expedientes de ruina. "Ellos

presentan un informe, el distrito encarga otro y por norma general el definitivo es el que insta el juez encargado del caso. Por tanto, es un proceso largo y complicado", añadía Lucchetti, consciente de que para una empresa inmobiliaria el negocio está en conseguir la declaración de ruina porque así puede demoler el edificio.