Condenado a 5 años un subastero por una estafa en pujas públicas

La Audiencia de Alicante ha condenado a cinco años de cárcel a M. G. B., por un delito de estafa continuada en subastas públicas. El condenado estafó la cantidad de 252.653 euros a un empresario, mediante la falsificación de documentos -entre otros las firmas de secretarios judiciales-, en los que supuestamente se certificaba la adjudicación a la sociedad de la víctima de bienes subastados en los juzgados.

En el apartado de hechos probados, el tribunal de la sección tercera de la Audiencia recoge que en noviembre de 1998 el condenado contactó con el empresario para ofrecerle participar en una subasta pública de tres apartamentos en la playa de San Juan de Alicante. El empresario entregó al acusado tres talones por un importe de 12.000 euros para participar en la puja. El acusado, para justificar la realidad de las operaciones, entregó al cliente dos fotocopias de documentos redactados por él o por un tercero que simulaban haber sido expedidos por el Juzgado número 1 de Alicante. El subastero repitió la operación con motivo de una segunda subasta en diciembre del mismo año. En esta ocasión el empresario entregó al subastero un cheque por 120.000 euros para participar en la puja de una nave industrial. En sendos casos, el procesado desvió las cantidades a dos cuentas a su nombre y de su esposa. La sala considera que los hechos probados constituyen un delito de estafa y que para generar el engaño "el acusado no dudó en fabricar una serie de escritos que parecían reflejar verdaderos documentos judiciales".

En la vista oral del caso, el empresario estafado declaró que estaba convencido de la legalidad de las operaciones y de que era el propietario de los inmuebles hasta que solicitó al subastero los papeles originales. "Empezó a darme largas, y cuando le amenacé con denunciarle me dijo: 'yo iré a la cárcel pero tú pierdes el dinero". Mientras, el acusado negó los hechos y declaró que la cifra de 250.000 euros que recibió del empresario no fue por la adquisición de bienes inmuebles en subastas judiciales, "sino por un chalé en la Font Roja y un finca rural en Muro d'Alcoi". En todo caso, el procesado admitió que recibió en su cuenta la suma aludida por el empresario.

El fiscal retiró la imputación de falsedad en documento público -firmas y sellos falsos de los juzgados en los que supuestamente participaba en las pujas- porque, según la acusación pública, el acusado nunca entregó papeles originales, "sino simples fotocopias, documentos que no pueden ser objeto de ese delito".