¿El último grito de la investigación del GAL?

El escándalo del GAL finalizó, citando al poeta inglés T. S. Eliot, no con un estrépito, sino con un quejido. El caso contra José Amedo, José Luis Morcillo y Rafael Masa por el asesinato de Santiago Brouard es probablemente el último caso del GAL que irá a juicio. Brouard, el líder más importante de Herri Batasuna en aquel entonces, fue asesinado en noviembre de 1984 mientras atendía a un niño en su consulta. El pasado 25 de junio, un juzgado de Bilbao encontró a los tres acusados no culpables. No es probable que volvamos a saber mucho más, mediante canales judiciales, sobre la desastrosa guerra sucia contra ETA llevada a cabo bajo el Gobierno de González a mediados de los ochenta.

Es meritorio que se haya investigado al GAL hasta este punto, pero aún no sabemos la historia completa

La sentencia del segundo juicio del 'caso Brouard' es una lectura vergonzosa en cualquier democracia

El caso Brouard fue tal vez la más enrevesada de todas las investigaciones judiciales del GAL. El juicio celebrado en junio ha sido la segunda vista que surge de la investigación en estos 19 años. Rafael López Ocaña, un mercenario criminal, ya fue condenado en 1993 como uno de los dos autores materiales del crimen. Los antecedentes de ese juicio eran sórdidos incluso para los estándares del GAL. El hermano de Rafael, Miguel Ángel, fue acusado de asesinar a su propio cuñado, el drogadicto Alberto Granados Céspedes, porque iba a dar información sobre ellos. Posteriormente, Miguel Ángel murió de sida en la cárcel.

El caso actual tenía unos antecedentes igualmente turbios. Se reabrió porque Morcillo, que había huido antes del primer juicio, fue atrapado en conexión con una supuesta gran remesa éxtasis en julio de 1997, que resultó ser 500.000 pastillas de cafeína. Masa, expulsado de la Guardia Civil por torturar (y que luego fue readmitido) tiene una pena mayor por tráfico de drogas. Amedo, por supuesto, ha perdido gran parte de los últimos 15 años defendiéndose a sí mismo e implicando a otros en las investigaciones del GAL.

Las pruebas presentadas en este juicio tienen muchas de características tristes y familiares de los casos anteriores del GAL: el fallo "escandaloso" (el adjetivo es de los jueces) de la policía a la hora de investigar el asesinato; teorías de conspiración para todos los gustos; testigos informales, testigos desaparecidos; decisiones extrañas por parte de los magistrados; peleas entre los sospechosos habituales del grotesco Ministerio del Interior de Barrionuevo y los capos del contraterrorismo del periodo.

A pesar de que los jueces no han encontrado pruebas suficientes para condenar al acusado, su hastiada sentencia aporta algo de crédito, como muchas otras antes, a la idea de que el GAL era un escuadrón de la muerte respaldado por el Estado. Después de todos estos años, esto casi no es noticia, sin embargo la sentencia es una lectura vergonzosa en cualquier democracia. Un policía anterior, Michel Domínguez, casualmente, aceptó preparar un comunicado en nombre del GAL (negando su responsabilidad por el crimen) en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, sobre las órdenes de sus oficiales al mando.

Hemos oído este tipo de historia tantas veces que ya parece algo normal. Esto es sólo una muestra de cómo funcionaban las cosas en el País Vasco en los años ochenta, cuando los políticos del PSOE dieron luz verde a miembros de las fuerzas de seguridad para utilizar el terrorismo de Estado en respuesta a la continua ofensiva terrorista de ETA. Todavía hoy estamos contando el coste, en vidas humanas y políticos corrompidos.

Debemos estar agradecidos por el empuje y coraje de los periodistas, diputados, columnistas, abogados y magistrados investigadores que han ayudado y que dieron su opinión, bastante impopular, sobre la anormalidad democrática de estas actividades. Emplearon todas sus fuerzas, de los medios de comunicación y de la ley para mostrar al GAL por lo que era: una campaña criminal por partida doble, porque abusaba de la autoridad del Estado democrático, primero, para dar apoyo a sus crímenes y luego para encubrirlos.

Es meritorio para la joven y aún frágil democracia española que se haya investigado al GAL hasta este punto, especialmente dada la presión atroz antidemocrática de la estrategia de ETA, imparablemente despiadada e indiscriminada. Pocos países han ido tan lejos a la hora de revelar los secretos nefastos de lo que Felipe González denominó tan eficazmente los "desagües" del Estado. Como resultado, la democracia española es más sana. Pero aún no sabemos la historia completa. Lo que es más importante, la justicia para las familias de las víctimas sigue siendo, como mucho, incompleta.

El resultado del caso Brouard es especialmente frustrante, dada la gran cantidad de pruebas circunstanciales que señalan la implicación del Estado, afloradas por el trabajo meticuloso de Txema Montero como abogado de la acusación popular. Sin embargo, dada la obstrucción que se ha experimentado a lo largo de toda la investigación -que normalmente emana, por supuesto, de las agencias estatales-, esta prueba circunstancial tuvo pocas posibilidades de convertirse en la verdad judicial.

Parece que ahora puede dejarse para los historiadores futuros, más que para los jueces, el que se encuentren los documentos que todavía no han sido mostrados en el juzgado. A menos que algún líder envejecido del PSOE de la era González recupere de repente su conciencia y su memoria al mismo tiempo.

Paddy Woodworth es periodista irlandés, autor de Guerra Sucia, Manos Limpias: ETA, el GAL y la democracia española (Crítica, 2002; Yale U. Press 2003).