El Gobierno francés revela que está investigando actividades de Batasuna en su territorio

El Gobierno francés confirmó ayer su total cooperación con España en materia antiterrorista durante un seminario que reunió en París a media docena de ministros y altos cargos de cada país. A una pregunta sobre si se había planteado por qué Batasuna es legal en Francia e ilegal en España, el titular francés de Justicia, Dominique Perben, reveló que están efectuándose investigaciones en territorio francés para "proteger a nuestros conciudadanos, bienes y personas", pero no quiso ir más allá porque eso sería "transgredir el secreto de la instrucción".

Francia ha apoyado la demanda española para incluir a Batasuna en la lista de organizaciones terroristas de la UE, sin que esto haya afectado a la pequeña constelación de grupos que se suponen vinculados a aquella en suelo francés.

Lejos de protestar por ello, el ministro español de Justicia, José María Michavila, se expresó ayer largamente sobre el "público agradecimiento al Gobierno francés" por apoyar a España. Incluso detalló las fechas del compromiso francés: el 7 de septiembre de 2002 se presentó al Tribunal Supremo la documentación que acreditaba la presencia de "194 terroristas" en Batasuna, y una semana más tarde ya se contaba con el apoyo francés a la demanda del Gobierno español a la UE.

En ausencia de los titulares de Interior, Nicolas Sarkozy y Ángel Acebes -que no asistieron al seminario por dificultades de agenda del primero-, Michavila se encargó de resaltar el salto cualitativo de la lucha antiterrorista por parte de Francia: ya no se limita a detener a los autores de atentados, sino que "desarticula a los grupos terroristas antes de que puedan cometerlos". "Esa cooperación por parte de Francia no nos va a faltar", aseguró Michavila como final de la respuesta a la pregunta sobre Batasuna.

Su colega francés, Dominique Perben, empleó muchas menos palabras. Confirmó lo que había dicho Michavila respecto al apoyo francés y fue lo suficientemente explícito para que se entendiera que las autoridades francesas vigilan de cerca de los grupos relacionados con Batasuna. A partir de sus cuidadosas palabras se puede deducir que buscan pruebas de las conexiones terroristas que puedan encontrarse en suelo francés, pero, o bien no las han encontrado, o la investigación aún no ha finalizado.

Los grupos franceses que se suponen conectados con la Batasuna ilegalizada en España no están inscritos como partidos políticos, sino que viven al amparo de la ley de asociaciones de 1901. No han cometido actos delictivos en suelo francés y, mientras no haya pruebas, no hay razón legal para disolverlos. Pero el hecho de que el Gobierno español elogie la actitud francesa es una elocuente prueba de confianza en la cooperación antiterrorista, por más que el camino elegido por los dos Gobiernos sea distinto.

Los dos ministros de Justicia informaron también de que a partir de enero de 2004 comenzarán a funcionar los equipos conjuntos de investigación. Esto interesa a España para los casos de terrorismo, pero también a Francia para la persecución de una amplia gama de delitos. Francia ha puesto mucha carne en el asador para impulsar un acuerdo con España e Italia conocido como "Schengen del Mar" (en alusión al nombre del acuerdo para el control compartido de fronteras entre varios países europeos), que agilizará los procedimientos y coordinará los medios de lucha conjunta contra la inmigración ilegal y el tráfico de drogas.

El seminario ministerial franco-español sirvió también para recalentar las gélidas relaciones diplomáticas entre los Gobiernos español y francés, que fueron execrables durante la guerra en Irak, con el Gobierno de Aznar a favor de la intervención militar, sin el aval de la ONU, mientras la Francia de Chirac se situaba por completo en el no a la guerra mientras la ONU no diera el visto bueno. Esa crisis se ha prolongado en el enfrentamiento de la Convención Europea: el Gobierno de Aznar se opone al proyecto de Constitución, fundamentalmente porque dificulta las posibilidades españolas de bloquear decisiones de las que puede depender el futuro de una treintena de sectores económicos.

Pero ese clima de desconfianza cambió ayer. "Este seminario gubernamental franco-español ha sido excelente", aseguró, en buen castellano, el ministro francés de Exteriores, Dominique de Villepin. Su colega Ana de Palacio explicó las diferencias como un hecho "normal" que debe resolverse por el "método comunitario": primero se constatan las diferencias, después se busca el terreno de acuerdo. Es decir: los dos Gobiernos han acordado consultarse en los tres meses que faltan hasta la Conferencia Intergubernamental, de la que depende la suerte de la Constitución Europea. En otras palabras, van a hacer lo que no han hecho en los meses precedentes.

Los ministros de los dos países minimizaron sus diferencias respecto a Irak. España se dispone a desplegar una brigada en Irak, mientras que Francia no ha sido solicitada para ello. Y si lo fuera, consideraría la petición teniendo en cuenta que ya tiene desplegados a 13.000 soldados fuera de sus fronteras, como recordó la ministra francesa de Defensa, Michèle Alliot-Marie. Cerca de ella, Federico Trillo aseguró que no se había decidido la compra del helicóptero Tigre ni la colaboración en un submarino, porque "este no es el marco adecuado para ello".