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Tribuna:

¿Qué religión, qué enseñanza?

Como era de esperar, ha saltado el asunto de la religión en la enseñanza y, como también era de esperar, de la peor manera: la del ordeno y mando desde un Gobierno del PP cuyo presidente quiere dejar bien grabado su paso por el Gobierno de la nación. No es porque sí que el presidente Aznar tiende a dejar atada y bien atada su concepción de la cultura y de la educación, sobre todo en el momento histórico en que se pone en marcha la larga estructura de una Constitución Europea, que al señor Aznar le gusta muy poco, por no decir que no le gusta en absoluto. Y así, en el mismo instante en que dicha Constitución señala que todas las religiones son libres, el señor Aznar, su ministra Pilar del Castillo y demás colegas aprietan intensamente para colocar su religión, la católica, al frente de la enseñanza pública mediante un acuerdo sustancial con la jerarquía eclesiástica y con reverencias incluidas ante el cardenal Rouco.

El asunto es muy claro, muy sencillo o muy duro, según se mire. El términos generales, basta leer el artículo 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, integrada ya en la Constitución de Europa, que lleva por título "Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión" y dice lo siguiente: "1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. 2. Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio".

Es decir: todas las personas tienen la libertad de aceptar una religión o de no aceptar ninguna. A la vez, todas las personas que escojan una religión tienen la libertad de cambiarla por otra, de manifestar su concepción de ambas y de seguir unos ritos u otros. Naturalmente, esto significa la plena libertad de entrar, salir, cambiar o crear el espacio de toda estructura religiosa, todo lo cual es perfectamente claro.

Pero en nuestro caso estamos ante un Gobierno que hace de una religión, la católica, un elemento fundamental de su propia entidad, que mezcla su espacio político con el espacio de dicha religión, que introduce en su política general el elemento de la confesionalidad a ultranza y que, por consiguiente, incluye en un mismo espacio la dirección política y la dirección eclesiástica del país. Y esto ya es mucho más serio.

Como es bien sabido, las mezclas político-religiosas han sido elementos claves de avance y de confrontación a lo largo de los siglos y no se empezaron a separar y a tener sus espacios propios hasta los últimos siglos. Pero en algunos países, como el nuestro, no se ha hablado de siglos porque los hemos tenido encima hasta el último instante en un mar de complicaciones nefastas hasta el tremendo conflicto de unas contra otras en la guerra civil y la espantosa dictadura del franquismo.

El cambio surgió en forma de acuerdo y de cohesión entre unos y otros tras la muerte de Franco y la puesta en marcha de una Constitución democrática. Pero ya en el debate de la propia Constitución surgieron algunos elementos que miraban más hacia el pasado que hacia el futuro y que se acabaron imponiendo en algunos de los largos debates del texto constituyente. Baste recordar el artículo 16 de la Constitución para comprender el asunto.

Dicho artículo avanza enormemente en sus dos primeros apartados y en una gran parte del tercero, pero se encalla seriamente en las últimas letras. El apartado 1 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitaciones que el mantenimiento del orden público. El apartado 2 dice de manera contundente que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Y el apartado 3 declara de manera rotunda que ninguna confesión tendrá carácter estatal, que es una forma de acabar con la tremenda historia de la vinculación del Estado con la Iglesia bajo el franquismo. Inmediatamente después el texto señala que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, pero en la última línea se introduce algo que la mayoría de los ponentes constitucionales no habíamos aceptado, a saber, que los poderes públicos "... mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones".

Esta referencia innecesaria a la Iglesia católica fue impuesta y aprobada por un importante sector de la UCD y de los demás grupos de la derecha mientras el Gobierno de Suárez negociaba con el Vaticano. Fue, a mi entender, un tremendo paso hacia atrás, porque citaba a una estructura religiosa tan potente como elemento de una Constitución que, en el resto de sus artículos, intentaba precisamente no mezclar el pasado franquista con la nueva estructura política del país. El resultado lo tenemos ahora, como era de esperar: la genuflexión del presidente Aznar ante el cardenal Rouco y el entusiasmo del cardenal frente a las promesas del presidente. Es, más o menos, como estábamos antes de poner finalmente en marcha la Constitución y de ver que ésta renqueaba precisamente en ese punto.

Estamos, pues, ante un mal asunto. Yo formo parte de una juventud que se separó de la Iglesia muy tempranamente porque a través suyo no tocábamos la libertad, sino el franquismo. Cierto que conocí espacios cristianos que lo combatieron seriamente y con los cuales sabíamos lo que nos jugábamos y lo que nos podía tocar en el conflicto, como muy pronto vimos directamente. Y, en general, hicimos cuanto pudimos para salir del enorme agujero en que nos había metido el franquismo, como le pasó a tanta gente. Por esto me indigna ver que un Gobierno salido en buena parte de raíces de aquel pasado tan brutal, con un presidente que lanzaba y sigue lanzando exabruptos contra los que miraban hacia adelante y les llamaba a seguir mirando hacia atrás y con una Iglesia que aprovecha el momento para recuperar los oros y las platas, aparezca en el horizonte para decirnos que de horizontes sólo hay uno, el suyo. Vamos a tener que demostrarles que hay otros, los nuestros, que se bastan a sí mismos y no chalanean sobre los mercaderes del pasado.

Jordi Solé Tura es senador socialista de la Entesa Catalana de Progrés.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de julio de 2003