La nueva ley de consumo obliga a las empresas infractoras a indemnizar a los usuarios afectados

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el anteproyecto de ley de protección de los consumidores y usuarios que, entre otras novedades, introduce fórmulas para que la empresas sancionadas por infracciones reparen e indemnicen a los usuarios afectados. También establece un registro unificado de infractores para toda Andalucía. El consejero de Gobernación, Alfonso Perales, dijo ayer que la normativa -pendiente del trámite parlamentario- es la "más beligerante" respecto a la defensa de los consumidores de España y constituye una "avanzadilla".

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Perales explicó que el anteproyecto de protección de los consumidores culmina las acciones impulsadas por la Junta en esta legislatura de protección a los derechos de los usuarios, entre las que destacó las campañas de información, las juntas arbitrales, planes de peritaciones gratuitas y las inspecciones en materias como viviendas, reparación de vehículos y enseñanza privada no reglada.

Según el consejero, la nueva normativa, que sustituye a la ley de 1985, es la más avanzada del país porque parte de que en la mayoría de los casos los consumidores están en una posición de indefensión e inferioridad ante los incumplimientos de las empresas. "De la misma manera que la ley de 1985 surgió del desastre del aceite de colza, ésta nace del caso Opening, con un ciudadano débil ante los bancos y los entramados empresariales".

Entre las novedades de la ley, Perales destacó que en el reconocimiento del derecho a la indemnización de los consumidores y usuarios afectados por fraudes, la nueva ley considerará como atenuante de una sanción (con reducciones de hasta el 75% sobre su importe total) la reparación del daño causado por parte de las empresas que hayan cometido infracciones. La no asunción de esta responsabilidad será considerada como agravante para la imposición de la multa.

El proyecto de ley contiene un régimen sancionador propio que detalla con precisión las posibles infracciones: las multas para las faltas leves oscilarán entre los 200 y los 5.000 euros; las de las graves, entre los 5.001 y las 30.000, y las de muy graves, entre 30.001 y 400.000. El consejero agregó que la principal novedad en este capítulo es una sanción complementaria que consiste en el decomiso del beneficio ilícito obtenido por la empresa infractora. El cálculo de este beneficio, que se realizará con criterios estimativos cuando no pueda determinarse con exactitud, tomará en consideración factores como el aumento de ingresos y el ahorro que se hayan derivado del fraude cometido. En el cuadro de agravantes se introducen el número de consumidores lesionados o el volumen económico del perjuicio.

El consejero hizo hincapié en que la nueva ley no sólo actuará sobre el autor último de la infracción, como ocurre con la ley en vigor, sino que sigue la cadena completa: productores, importadores, distribuidores. La sanción será proporcional a su grado de responsabilidad. La Junta creará también un registro único de infractores, por un plazo de tres años, que los consumidores podrán consultar a la hora de contratar un servicio o adquirir un bien.

En su vertiente garantista, la norma faculta a los inspectores de la Junta para que adopten medidas cautelares cuando existan indicios de irregularidades, antes de que se consumen hechos que perjudiquen a los usuarios. Además, se amplían las competencias inspectoras de los ayuntamientos a todo tipo de establecimientos comerciales y no sólo a los mercados de abastos y la venta ambulante, como hasta ahora.

Alfonso Perales advirtió de que el Gobierno andaluz no tiene previsto transferir recursos adicionales a los ayuntamientos tras recordar que la Junta ya financia, en parte, las oficinas municipales de información al consumidor (OMIC) y las juntas arbitrales de resolución de conflictos.

Respecto a las críticas de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA), que denunció en comunicado que no se han tenido en cuenta sus demandas, Perales lamentó que no hayan podido incluir su reivindicación "fundamental". Según el consejero, la Facua pretende que las demandas de los consumidores se canalicen sólo a través de estas asociaciones. "No podemos obligar a los consumidores a inscribirse para denunciar en estas asociaciones", dijo Perales, quien recordó que la Junta también ayuda a su financiación.