La Cámara vasca deja de pagar los 30.000 euros mensuales a Batasuna

La Cámara vasca decidió ayer dejar de pagar al grupo parlamentario de la ilegalizada Batasuna la asignación de 30.000 euros mensuales. Éste será el efecto más gravoso que para Sozialista Abertzaleak tendrá la orden del Tribunal Supremo de disolver la formación. Con ello, queda en peores condiciones que si pasara al Grupo Mixto, en el que cobraría dos tercios de la asignación. No obstante, la Mesa mantuvo su negativa a la disolución.

La negativa a firmar los pagos del interventor de la Cámara, requerido directamente y bajo responsabilidad personal por el Supremo a no pagar, ha sido la que ha consolidado esta situación: su firma es imprescindible, junto con la del Presidente del Parlamento, Juan María Atutxa, para abonar las subvenciones. Atutxa en solitario no puede ordenarlo.

La Mesa del Parlamento vasco, con los votos de PNV, EA e IU, y la oposición de PP y PSE-EE, se reafirmó ayer en la "imposibilidad" de disolver el grupo, pero acordó respetar y hacer suya la decisión del interventor de la Cámara, que decidió la semana pasada acatar la orden del Supremo y no firmar más pagos. Los radicales no han cobrado ya el mes de junio y deben devolver la cantidad correspondiente a los días entre el 20 y el 31 de mayo (unos 10.000 euros). Esta financiación resulta hoy vital para la maltrecha estructura de la formación ilegalizada en los difíciles momentos que atraviesa, más aún una vez que ha perdido la palanca del poder municipal.

En un acuerdo que contó con los votos en contra de PP y PSE y que Atutxa explicó en persona, los representantes de los tres partidos del Gobierno de Ibarretxe en la Mesa de la Cámara sostienen que la institución ha sido abocada "a un verdadero conflicto jurídico" y reiteran que no hay en su proceder ningún ánimo de desobediencia .

El acuerdo afirma que los órganos del Parlamento vasco seguirán impulsando "cuantos recursos jurídicos con una mínima viabilidad procesal se encuentren en el ordenamiento". Atutxa no precisó cuáles son dichos recursos, ni explicó por qué, si existen, no se han utilizado hasta ahora. "Estamos convencidos de que estamos en lo cierto y en lo honesto", justificó. Atutxa sólo apuntó que el Parlamento podría ejercer la iniciativa legislativa ante el Congreso para promover una reforma de la ley de Conflictos, de modo que contemple el supuesto de choque entre el Poder Judicial y un Legislativo, como es el caso.

Mientras, el letrado mayor de la Cámara -el otro funcionario requerido directamente por el Supremo para que impida al grupo el uso de los locales y medios materiales que la institución le proporciona- envió la semana pasada al Tribunal Supremo lo que se denomina un "incidente de ejecución", en el que explica que no goza de atribuciones para cumplir esa exigencia.

Atutxa considera que deben ser los servicios jurídicos de la Cámara los que se encarguen de su defensa y la de los demás diputados acusados por el Supremo. Pero este extremo no está asegurado, ya que el PP y el PSE se oponen -aducen que esa actuación rompería la neutralidad de los servicios jurídicos- y la decisión final la adoptarán de modo colegiado, en el plazo de esta semana, los propios letrados. Éstos ya mostraron a Atutxa su disposición a asumir esa defensa, en una reunión mantenida con él la semana pasada, según fuentes parlamentarias. Entre otras razones, alegan que estarían defendiendo su propio informe jurídico, en el que Atutxa ha basado sus actuaciones contra la disolución.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha requerido ya a la Cámara vasca para que certifique la condición de parlamentarios de los tres imputados.