El juez admite investigar la querella del fiscal por la supuesta trama inmobiliaria de Alcorcón

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcorcón, Juan Ramón Rodríguez, ha decidido admitir a trámite la querella de la Fiscalía de Madrid por la supuesta trama inmobiliaria de Alcorcón. El juez considera que los hechos que se imputan a los querellados "pueden ser constitutivos" de ocho delitos, los mismos que indica la fiscalía en su querella, y ordena la práctica de una decena de investigaciones para aclarar y, en su caso, depurar si hubo blanqueo de capitales, prevaricación, asociación ilícita para defraudar al consumidor, maquinación para alterar el precio de las cosas, cohecho y prevaricación. Entre los querellados figura el ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, del PP, y el constructor Francisco Bravo, que apoyó al tránsfuga Eduardo Tamayo.

En el auto de admisión, el magistrado rechaza que los hechos que se relatan en la reciente querella interpuesta por la Fiscalía de Madrid sean los mismos que denunció el PSOE de Alcorcón el 16 de julio de 2001 y que él mismo archivó, según fuentes próximas al juzgado de Alcorcón.

Según el juez, la querella del fiscal de Urbanismo de Madrid, Emilio Valerio, "contiene nuevos elementos genéricos y nuevas imputaciones delictivas" distintas de las denunciadas por el entonces portavoz del PSOE en Alcorcón y hoy alcalde de esta localidad, Enrique Cascallana. La denuncia de Cascallana fue archivada por el juez, pero los socialistas recurrieron el archivo ante la Audiencia de Madrid, que en los próximos días se pronunciará sobre si confirma o revoca tal archivo.

La querella de la fiscalía va dirigida contra el ex alcalde de Alcorcón, un concejal de su grupo, Fernando Díaz Robles; un asesor privado de Urbanismo que contrató el Ayuntamiento, Leopoldo Arnaiz Eguren, y cinco propietarios de suelo en el término de Alcorcón. Entre éstos se hallan los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez.

Bravo es el empresario que reservó dos habitaciones en el hotel Los Vascos a nombre de los diputados desertores del PSOE Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez el mismo día en que ambos se ausentaron de la Asamblea de Madrid y permitieron que la presidencia de la Cámara regional cayera en manos del PP.

En su querella, el fiscal describe una trama inmobiliaria con amplias ramificaciones en la que unos promotores adquieren suelo rústico a bajo precio merced a información privilegiada que se les facilita desde el Consistorio. El terreno, según el relato del fiscal, es recalificado después de su compra por parte de los promotores. La Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, rechazó estos planes urbanísticos hasta en cuatro ocasiones, impidiendo un negocio próximo al billón de pesetas. El fiscal muestra su preocupación por la drástica reducción de los parámetros que obligan a construir casas de promoción pública.

Entre las diligencias ordenadas por el juez Rodríguez, y para cuyo cumplimiento da un plazo de 15 días, figura un oficio a la Agencia Tributaria para que designe un perito en esta causa con objeto de que emita un informe sobre los gastos e ingresos de las sociedades vinculadas al asesor urbanístico del Ayuntamiento de Alcorcón Leopoldo Arnaiz. El perito, según el juez, deberá analizar las cuentas de las sociedades Arnaiz Consultores, Arnaiz Desarrollos Inmobiliarios y Gestión 1950 relativas a los ejercicios de 2000, 2001 y 2002 e identificar los ingresos que Arnaiz y las citadas sociedades hayan podido obtener, "directa o indirectamente", de los "propietarios o titulares de derechos urbanísticos en los sectores de la Venta de la Rubia, el Retablo y de la ampliación de la zona de Campodón". El juez quiere, además, que Arnaiz le aporte todas "las propuestas técnicas de recalificación" de terrenos que éste haya elevado al Ayuntamiento de Alcorcón en calidad de asesor.

Zona de Campodón

El juez reclama también toda la documentación que exista sobre la recalificación de la zona de Campodón, en la que los constructores Bravo y Vázquez adquirieron suelo rústico -según ellos, "sólo 3.000 metros cuadrados"- que luego fue recalificado como urbanizable y que figura a nombre de las sociedades Vaz Inversora e Inmobiliaria, SA. El juez Rodríguez también centra su investigación en los querellados Juan Benigno Alonso Alarcón y Francisco Díaz Moñux. A Alarcón le pide que aporte, como administrador único de las sociedades Promociones Alarcón y de las cuatro empresas que llevan el nombre de Valdepolo, "toda la documentación contable, financiera e informática relativa a las aportaciones de capital efectuadas a las cuatro mercantiles con ocasión de su constitución y de sus sucesivas ampliaciones de capital". También reclama a Alarcón toda la documentación sobre pagos superiores "a 3.000 euros".