Cauce para la participación

Los españoles concordamos en la Constitución un modelo de sistema educativo basado en dos pilares fundamentales: el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, que por primera vez en nuestra historia constitucional se recogen simultáneamente y con el mismo rango como derechos públicos subjetivos. Lograr la conjugación armónica del ejercicio de ambos derechos, sin que ninguno sea sacrificado, es la mejor manera de cumplir el modelo constitucional.

El derecho a la educación se ha traducido en la garantía por el Estado de una escolarización en condiciones de gratuidad para toda la población durante el amplio periodo de las enseñanzas obligatorias (de seis a dieciséis años), extendido por la LOCE a la educación infantil (de tres a seis años). Y, además, a favorecer el acceso a los estudios postobligatorios mediante la gratuidad de los estudios secundarios superiores en los centros de titularidad pública, unas tasas muy moderadas en los estudios universitarios y una política de becas y ayudas para remover los obstáculos de índole socioeconómica de los alumnos con rentas más bajas.

La libertad de enseñanza implica inexcusablemente la libertad de creación de centros docentes, con carácter propio, y el derecho de los padres a elegir en qué centros recibirán sus hijos la educación. La fórmula adoptada para posibilitar que las familias puedan escolarizar a sus hijos en centros de iniciativa social en condiciones de gratuidad y, de esa forma, posibilitar la libertad de elección sin restricciones económicas, ha sido la de los conciertos. Veinticinco años después, el modelo, ciertamente no sin algunas tensiones, está muy arraigado en la sociedad española. Los españoles conocen que hay una oferta plural de centros, ejercen masivamente su derecho a elección y quieren seguir ejerciéndolo.

La creciente presencia de alumnos inmigrantes en nuestras escuelas (solamente en los dos últimos años ha aumentado un 40%) ha abierto un debate sobre las condiciones de escolarización de este nuevo alumnado y sobre posibles criterios para su inserción en el sistema escolar. La cuestión es compleja y no puede abordarse con criterios simplistas, porque hay muchos valores en juego. Intentaré emitir mis opiniones, que no siempre son certezas, y que, por ello, someto a otras que puedan convencerme. He recordado nuestro modelo constitucional educativo, porque creo que lo peor que podríamos hacer es ponerlo en cuestión ante la nueva realidad de la inmigración. Ni el derecho universal a la educación ha de sufrir ningún sacrificio ni tampoco el ejercicio de la libertad de enseñanza por parte de las familias. Constituyen ya un acervo de la sociedad española que debemos preservar y proyectarlo hacia el futuro.

La cuestión principal, el objetivo que tenemos que plantearnos, es la efectiva integración de los niños inmigrantes en el sistema educativo y, a través de él, en nuestra sociedad. Ningún ámbito es más adecuado que la escuela para hacer realidad su progresiva y plena integración social. Si en nuestro sistema de derechos y deberes cursar la enseñanza básica (hasta los 16 años) constituye una obligación, los poderes públicos han de exigir el cumplimiento de tal deber a los niños y niñas de las familias inmigrantes, sin que nadie quede eximido de la escolarización.

Un principio que me parece esencial afirmar para el logro de la integración en una sociedad democrática es que ha de basarse en el ejercicio de los derechos y deberes de quienes residen legalmente en nuestro país en condiciones de igualdad con los nacionales. El inmigrante, respetando su ámbito privado, su lengua, su cultura, sus creencias, sus tradiciones, debe incorporarse al espacio público propio de una sociedad democrática, asumiendo los valores y las reglas que lo conforman y que constituyen su orden jurídico básico. La escuela forma parte de ese espacio público y, además, es el cauce más potente para conseguir la participación en todos los ámbitos de la vida social de quienes vienen a convivir y a realizar sus proyectos vitales entre nosotros. Por ello, soy decidido partidario, en la medida que ello sea posible, de que el ejercicio de los derechos y deberes de los inmigrantes en el ámbito escolar sea igual al de los nacionales, y, por lo tanto, se sometan a los mismos procesos de escolarización que los alumnos de las familias de los nacionales. Es imprescindible evitar la creación de guetos y prácticas discriminatorias con los alumnos extranjeros. El principio de igualdad de trato en el espacio público me parece un principio del que no debemos abdicar. Así es como se consigue la auténtica igualdad de oportunidades.

Ahora bien, debemos admitir que bastantes de los que vienen a convivir lo hacen en situación de desventaja. Y para ellos debemos adoptar todas las medidas conducentes a facilitarles su integración en el sistema escolar en condiciones adecuadas. Todavía no hemos desarrollado suficientemente las estrategias para afrontar este objetivo. Hay iniciativas en marcha, que merecen ser potenciadas. Las llamadas "aulas de enlace" son un instrumento básico para este fin y no sólo para el aprendizaje de la lengua. Ha de procurarse que su duración sea lo más breve posible, ya que su misión es lograr la más temprana incorporación de los nuevos alumnos al sistema escolar ordinario. Y, desde luego, el sistema educativo ha de procurar que los centros dispongan de medios de apoyo y de refuerzo para todos aquellos que tengan especiales dificultades de aprendizaje. Porque resulta trascendental evitar el fracaso escolar de estos alumnos, ya que en nuestra sociedad es la antesala de la marginación.

Ya he dicho antes que considero que debe preservarse, como criterio general, el principio de que los alumnos inmigrantes deben acudir a los procesos ordinarios de escolarización, ejerciendo los mismos derechos que los nacionales. La libertad de elección de centro, en principio, no tiene por qué limitarse. Y han de aplicarse las reglas de admisión de alumnos que tenemos establecidas con carácter general para todos los centros sostenidos con fondos públicos. La integración de los niños inmigrantes afecta a todo el sistema escolar y todos los centros deben asumir sus deberes de admisión.

Pero no resulta conveniente la concentración excesiva de alumnado inmigrante en unos pocos centros educativos. Por ello, entiendo que están justificadas determinadas medidas de carácter extraordinario para evitar la indeseable creación de guetos escolares. Las medidas han de estar dotadas de flexibilidad y estar muy pegadas al terreno, estudiando las circunstancias concretas en cada ciudad y barrio. Ello exige un gran esfuerzo por parte de las administraciones educativas y la colaboración de todos centros sostenidos con fondos públicos, sean éstos de titularidad pública o privada.

Estamos a tiempo para encauzar esta cuestión. No es enfrentando un tipo de escuela y otro como se resuelven estos problemas. También el fortalecimiento institucional de la escuela pública es un factor fundamental para afrontar este nuevo reto. Aquí, de nuevo, se plantea la necesidad del pacto entre todos los sectores de la comunidad escolar. Con un objetivo que me parece alcanzable: en el marco constitucional educativo lograr la integración de los escolares inmigrantes con plenos derechos y garantías en las escuelas de todos y para todos.

Eugenio Nasarre, diputado del PP, es presidente de la Comisión de Educación del Congreso.