El fiscal pide cárcel al presidente de Baleària por una supuesta estafa

El fiscal solicita tres años de cárcel para Adolfo Utor, presidente del consejo de administración de la compañía naviera Baleària, por una supuesta estafa al crear la sociedad. El ministerio público acusa a Utor, miembro de la ejecutiva del PSPV, y otros siete integrantes del equipo directivo de la empresa de urdir una trama (indemnizaciones millonarias por despidos ficticios y cobro ilegal de prestaciones por desempleo) para controlar Baleària, que en 1998 sucedió en el negocio a Flebasa. El juez ha acordado la suspensión cautelar de la libre transmisión de las acciones de los imputados.

Para el resto de acusados, el fiscal solicita penas que oscilan entre uno y tres años de cárcel y una indemnización global de unos 550.000 euros. La instrucción de este caso sobre supuestas irregularidades en la creación de Baleària, que explota la línea marítima de viajeros entre Dénia y las Baleares, se deriva de sendas querellas de dos ex trabajadores, Victoriano Sayalero, antiguo socio mayoritario de Flebasa, y dos accionistas generales. El juzgado instructor, el número 2 de Dénia, está pendiente de resolver los últimos recursos de forma presentados por las defensas para decretar el auto de apertura de juicio oral.

El escrito de calificación provisional del fiscal recoge que el 20 de junio de 1998 se constituyó la sociedad laboral Baleària -anotada en el Registro Mercantil dos meses antes- , cuyos socios eran Adolfo Utor, que ocupaba el cargo de director general en Flebasa y pasó a desempeñar la presidencia del consejo de administración de la nueva firma, y otras 17 personas más, entre ellos, los siete restantes imputados por el fiscal.

El capital social de la nueva sociedad quedó fijado en 600.000 euros. Los socios desembolsaron el 25% del valor nominal de dichas acciones. El 25 de julio de 1998, el socio mayoritario de Flebasa, Victoriano Sayalero, cedió en favor de Baleària todos los activos, que incluían buques, estación marítima, fincas rústicas y urbanas, ordenadores y material de oficina, valorado en 12,7 millones de euros y pasivos, todas las deudas pendientes con acreedores, trabajadores, Seguridad Social y Hacienda, que ascendían a 14,4 millones de euros de Flebasa a la nueva sociedad. El objetivo del acuerdo era garantizar la viabilidad económica de la mercantil.

Entre el 21 de julio y el 6 de agosto de 1998 se celebraron en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Alicante los actos por despido improcedente contra Flebasa de Utor y los otros siete acusados. En total, en concepto de indemnización, liquidación, saldo y finiquito los ocho trabajadores percibieron 497.000 euros. La indemnización de Utor fue la más cuantiosa, con algo más de 240.000 euros. Todos los trabajadores efectuaron una cesión de crédito laboral, con mandato irrevocable a favor de Baleària, de la que eran socios desde el 20 de junio de 1998, para suscribir capital en la parte que proporcionalmente le correspondía a cada trabajador.

El fiscal concluye que los despidos reseñados fueron ficticios, ya que los citados trabajadores continuaron desempeñando su actividad en Flebasa hasta que pasaron a realizarla en Baleària. La mercantil Flebasa, según el fiscal, continuó "con toda normalidad" su actividad principal de transporte de pasajeros y mercancías hasta diciembre de 1998.

Tras los despidos, los trabajadores, merced a los supuestos despidos ficticios, se inscribieron como desempleados en la oficina del INEM de Dénia. "A pesar de que seguían trabajando con toda normalidad y obtuvieron del INEM un total de 78.131 euros en concepto de prestación por desempleo en su modalidad de pago único", dice el escrito. Estas cantidades fueron destinadas por los acusados a adquirir nuevas acciones de Baleària.

El ministerio público mantiene que los acusados obtuvieron fraudulentamente una prestación por desempleo del INEM en la modalidad de pago único, y una indemnización por despido, reconocida por Flebasa y en su perjuicio.

Las cantidades cobradas del INEM ya fueron declaradas nulas por una resolución de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Alicante el 25 de marzo de 2002, según la cual la extinción de los contratos fue ilegal "por haberse realizado en fraude de ley para evitar la realidad de la sucesión empresarial y para obtener de forma irregular las prestaciones por desempleo en la modalidad de pago único". El acta, incluía una propuesta de sanción de 48.000 euros. La resolución subraya que dos meses antes de la constitución de Baleària uno de los acusados solicitó en el Registro Mercantil una certificación de que no figura inscrita una sociedad a ese nombre, "lo que pone de manifiesto la voluntad de constituir la sociedad anónima laboral mucho antes de los despidos".

Suspensión cautelar

Los acusados recurrieron a la vía contencioso-administrativo la resolución de Trabajo. La sección tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano dictó el pasado día 18 un auto decretando la suspensión cautelar de la ejecución del acta de la Inspección de Trabajo.

Para la defensa de Utor, el auto del TSJ es clave para la resolución penal del caso. Los letrados de esta parte rechazan la imputación del fiscal porque, a su juicio, el ministerio público basa los posibles hechos delictivos en el acta de infracción de la Inspección, ahora suspendida. Para esta parte, el hecho de que este recurso no esté aún resuelto invalida la supuesta prueba indiciaria en la que el fiscal sustenta la acusación. Esta defensa ha planteado una cuestión prejudicial y confía en que el tribunal sentenciador resuelva a su favor antes del juicio.