Garzón propone acortar a tres días la detención de terroristas

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón propuso ayer acabar con el plazo de cinco días de incomunicación establecido por la ley antiterrorista, ya que en su opinión lo que sobrepase del límite normal de 72 horas "reduce los derechos del detenido". Garzón se declaró partidario de combatir el terrorismo con los mismos recursos legales que el resto de los delitos.

"Frente al terrorismo se deben utilizar todos los medios que establece el ordenamiento jurídico, pero mientras más iguales sean para todas las formas de criminalidad mejor para la democracia", declaró el magistrado durante una conferencia que pronunció en el curso de periodismo jurídico organizado por la Escuela de Periodismo de UAM / EL PAÍS y los colegios notariales.

Garzón se mostró partidario de algún tipo de control judicial de los centros de detención. La colocación de cámara de vídeo, por ejemplo, "garantizaría al máximo" los derechos del detenido, a la vez que eliminaría problemas como las denuncias falsas sobre torturas. "Se puede hacer", insistió Garzón, "y creo que se debería hacer".

El juez arremetió también contra el proyecto de orden de detención europea, que calificó de "marketing judicial" porque "se ha parido un ratón" y la euroorden es, en realidad, "otro proceso de extradición, aunque abreviado". Para Garzón, se trata de una operación de marketing "auspiciada por el 11-S". Desde el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York "se han implantado multitud de normas internacionales, pero con muy poco juego por no decir ninguno".

El magistrado considera que se ha perdido una buena oportunidad para hacer realidad la cooperación jurídica internacional, porque "se han establecido demasiados requisitos formales, demasiados trámites que no conducen a nada". En cambio, algo esencial, como el respeto a los derechos humanos de los afectados, "no se incluye" en la orden de detención europea, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2004.

Garzón fue preguntado sobre las quejas del fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, según el cual el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, le permite investigar los casos en los que se querella el PP, pero no cuando la querella la presenta el PSOE. El juez de la Audiencia Nacional alegó que ese no es su ámbito, aunque afirmó un principio general. "Deben desaparecer las trabas que existen hacia una fiscalía especial anticorrupción (...) Los fiscales anticorrupción deben regirse -y es lo que exigen los convenios internacionales- por principios de independencia, de modo que esté perfectamente reglado cuándo y en qué medida son competentes, sin estar al arbitrio de una decisión política de un órgano superior"

"Y al decir política", matizó el magistrado, "no me refiero a los políticos, sino a una decisión del fiscal general del Estado que atribuya un asunto o no atribuya otro".