Las querellas del urbanismo

Nueve municipios de la Comunidad de Madrid, casi todos gobernados por el PP, están sometidos a investigaciones judiciales y de la fiscalía por tramas inmobiliarias supuestamente ideadas para favorecer desde el ayuntamiento a constructoras privadas en detrimento de los intereses públicos. Las irregularidades urbanísticas observadas apuntan a modificaciones e interpretaciones de los planeamientos urbanísticos que casi siempre conducen a una reducción de los parámetros que obligan a la construcción de viviendas de protección pública y a la recalificación masiva de suelo rústico para casas de precio libre. La mayoría de estas investigaciones son fruto de querellas o denuncias interpuestas por la Fiscalía de Urbanismo del Tribunal Superior de Madrid, que coordina Emilio Valerio.

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El arquitecto Arnaiz figura como querellado en las pesquisas de Boadilla y Alcorcón

En la querella que se tramita en Navalcarnero se investigan supuestos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas, delito ecológico y contra la ordenación del territorio.

- Aranjuez. Un juzgado de Aranjuez (40.000 habitantes) tramita una querella de la fiscalía por supuestos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias contra el ex alcalde José María Cepeda (del PP; perdió las últimas elecciones), así como contra su hermano Javier Ramón, ex edil de Urbanismo, y contra el ex primer teniente de alcalde de Hacienda Miguel Ángel Gálvez.

El fiscal de Urbanismo destaca que los querellados, "valiéndose de sus cargos, integran una trama económica que ha favorecido a empresas constructoras", en las que supuestamente ellos tenían intereses.

El fiscal habla de cinco empresas a las que el ayuntamiento concedió obras municipales por valor de 18 millones de euros (unos 3.000 millones de pesetas). Estas obras fueron encomendadas sin el preceptivo expediente de contratación. Según el fiscal, los acusados se sirvieron "de procedimientos ilícitos para obtener enormes beneficios".

- Pozuelo de Alarcón. En este municipio de 65.000 habitantes gobernado por el PP existe una investigación judicial que llevará al banquillo al funcionario municipal Leopoldo Gómez Gutiérrez por supuestas negociaciones prohibidas. La fiscalía le acusa de haber favorecido a tres empresas vinculadas a él, logrando para ellas adjudicaciones de obras que superan los 48 millones de euros. Además, la fiscalía indica que empresas relacionadas con este funcionario fueron favorecidas desde el Ayuntamiento de Madrid en la época en que era edil de Obras de Madrid su amigo Enrique Villoria. El Tribunal de Cuentas ha emitido informes sobre las graves y numerosas irregularidades en la concesión de obras públicas en Pozuelo.

- Boadilla del Monte. La Fiscalía de Madrid imputa supuestos delitos de tráfico de influencias y de negociaciones prohibidas para funcionarios al arquitecto asesor del planeamiento urbanístico de Boadilla del Monte, Leopoldo Arnaiz, quien irá a juicio por estos hechos. Este arquitecto es el mismo al que la fiscalía implica en la trama de Alcorcón junto a los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez, que son los que ayudaron a los diputados traidores del PSOE en la Asamblea de Madrid Eduardo Tamayo y Teresa Sáez. El fiscal acusa a Arnaiz de urdir una trama para favorecer la implantación en Boadilla, municipio gobernado por el PP, de una gigantesca ciudad financiera promovida por el Banco Santander Central Hispano (BSCH). Según el fiscal, la supuesta trama de Arnaiz consistió en engañar a los propietarios del suelo sobre el que hoy se construye esta ciudad bancaria, diciéndoles que tales terrenos (de una extensión total similar a la de 200 campos de fútbol) seguirían catalogados como rústicos. Con ello, Arnaiz logró supuestamente que los dueños de estos terrenos los vendiesen por precios muy bajos a testaferros de una sociedad del BSCH, según el fiscal. Una vez que los solares estaban en manos del banco, éstos se recalificaron como edificables. La Audiencia de Madrid ha exonerado de responsabilidad en esta trama a la entidad bancaria, pero mantiene las imputaciones de Arnaiz.

- Alcorcón. La Fiscalía de Madrid ha interpuesto una querella por siete delitos, entre ellos los de corrupción y asociación ilícita para defraudar a los consumidores, contra el ex alcalde de Alcorcón (165.000 habitantes) Pablo Zúñiga, del PP, contra un concejal, un funcionario y cinco promotores privados de suelo. Entre los querellados están, además de Zúñiga, el arquitecto Arnaiz y los constructores Bravo y Vázquez.

- Humanes. Aquí las pesquisas judiciales se dirigen contra el ex alcalde Adolfo Álvarez Sojo (PSOE). La fiscalía le acusa de favorecer a un conjunto de empresas inmobiliarias al autorizar la construcción de chalés en una vía pecuaria y en zonas verdes de la población.

- Quijorna. la Fiscalía ha interpuesto dos querellas contra el ex alcalde Florentino Serrano, expulsado del PP, por haber tomado decisiones urbanísticas que supuestamente han favorecido a empresas constructoras. Serrano, sobre quien pesa una condena por apropiación indebida, se va a sentar en el banquillo por la primera de esas querellas; la segunda está en fase de investigación.

- Navalcarnero. La fiscalía indaga una trama inmobiliaria en la que figuran el alcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos, del PP, y Carlos Díaz. El fiscal investiga supuestas adjudicaciones de obras a favor de empresas vinculadas a Díaz, que fue presidente del PP en esta localidad.