CiU se apoya en Esquerra para que el Instituto de Estadística elabore las encuestas oficiales

Las encuestas oficiales en Cataluña ya no las encargará más el Gobierno, sino el Instituto de Estadística (Idescat), pero la información que deberá hacerse pública por ley seguirá siendo muy limitada. Si el Partit dels Socialistes (PSC) auxilió a Convergència i Unió para enterrar la comisión de investigación sobre la manipulación de sondeos, ayer fue Esquerra Republicana la que ayudó a la federación nacionalista a sacar adelante en el Parlament la fórmula que deseaba para salir del atolladero de las encuestas. En cambio, el Ejecutivo no encontró ningún aliado para defender al recientemente destituido jefe del Gabinete Jurídico, Albert Raventós, socio en excedencia del bufete Cuatrecasas.

La manipulación de los sondeos encargados por el Gobierno de CiU le costó el cargo a David Madí, secretario de Comunicación del Ejecutivo y mano derecha del conseller en cap, Artur Mas, y al director general de Evaluación y Estudios, Josep Camps, y comportó la eliminación de un plumazo de toda la dirección general. En medio de la crisis, el Ejecutivo se comprometió a despolitizar las encuestas creando un equivalente catalán del CIS. La fórmula que ofreció fue la asunción de las encuestas por el Idescat, adscrito a Economía, una posibilidad que no obstante estaba expresamente prohibida por la ley.

Ésta ha sido, sin embargo, la fórmula que se ha acabado adoptando. Esquerra Republicana recuperó una proposición de ley presentada -y rechazada- en 2001 que abogaba por reconvertir el Idescat en una semilla del CIS catalán y CiU se agarró como a un clavo ardiendo a la iniciativa, que ayer se convirtió en ley con el único apoyo de las dos formaciones nacionalistas. En 2001, antes del escándalo, la propuesta hubiera sido casi revolucionaria, pero ahora queda incluso por detrás de mociones aprobadas por la Cámara.

David Pérez, del PSC; Daniel Sirera, del PP, y Rafael Ribó, de Iniciativa (ICV) reprocharon a Esquerra que "hubiera puesto la ley en las manos del Gobierno para salvarle la cara", en palabras del dirigente popular. "La solución de hoy es una chapuza y lamento mucho que haya sido Esquerra la que la propicie", añadió Ribó. "Se trata de un paso atrás muy fuerte", consideró Pérez. Éste recordó que el Ejecutivo está obligado a entregar antes de que acabe el mes un informe sobre los sondeos que nunca han sido hechos públicos como es preceptivo.

El republicano Joan Ridao se mostró convencido de que la nueva normativa es un paso adelante, aunque admitió que no es la situación ideal. Ante la posibilidad de que el agotamiento de la legislatura dejara las cosas como estaban, Ridao prefirió impulsar el cambio legal que ayer se ratificó, aun reconociendo que un debate con más tiempo hubiera mejorado el texto y la transparencia. Antoni Castellà (CiU) no ocultó su satisfacción por la normativa aprobada.

La nueva ley de redefinición del Idescat asigna a este organismo la elaboración de sondeos oficiales de la Generalitat, si bien no queda claro que el Ejecutivo no pueda encargar también estudios a empresas privadas. Los estudios se depositarán en el registro público y "toda persona natural o jurídica, pública o privada, que lo solicite deberá obtener información en las mismas condiciones que el resto de la información estadística de interés de la Generalitat". Nada dice la ley del acceso a las tripas de los sondeos, una posibilidad que sí ofrece el CIS y que también preveía una resolución aprobada por el Parlament.

CiU se quedó sola, en cambio, en la cerrada defensa del ex director del Gabinete Jurídico de la Generalitat Albert Raventós, relevado el lunes por el Ejecutivo. La soledad de la federación nacionalista no tendrá, sin embargo, ninguna aplicación práctica: el desencuentro no se reflejó en ninguna votación y Raventós ya no desempeña el cargo.

Todos los grupos, con especial dureza ICV, reprocharon al Gobierno catalán que haya amparado durante dos años a un alto cargo que ha sido al mismo tiempo jefe del Gabinete Jurídico y socio en excedencia del bufete Cuatrecasas, uno de los que más litigan contra la Generalitat. Ribó consideró que el "conflicto de intereses" de Raventós no se ha agotado con su marcha puesto que sigue como miembro de la Comisión Jurídica Asesora. Toda la oposición le censuró por desoír leyes aprobadas por el Parlament.