'Acoso' a la comisaria

Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho. Las compañías de seguros, de publicidad y comunicación han puesto el grito en el cielo al saber que la comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, la socialista griega Anna Diamantopoulou, desearía regular en la medida de lo posible la discriminación sexual que aún emana en muchas de las acciones y conductas de esos sectores. Ha sido tildada de atentar contra la libertad de imagen, de ultrafeminista e incluso de entorpecer la igualdad de géneros, paradójicamente lo opuesto a lo que ella busca.

Diamantopoulou, una combativa política, ex ministra, de 44 años, ingeniera de formación, que confesó al poco de llegar a Bruselas, en 1999, haber sufrido acoso sexual en su juventud, pretendía presentar en las próximas semanas ante la Comisión una directiva en tal sentido. El documento estaba basado en una atemperada revisión de un primer borrador, forzada por las discrepancias que la delicada cuestión suscitó ya entre sus propios colegas del colegio de comisarios.

"El propósito es evitar imágenes que afecten a la dignidad humana", señala el texto de Diamantopoulou

Ahora, sin embargo, considera más juicioso darse un respiro hasta que la tempestad amaine o simplemente guardar el proyecto legislativo en el cajón de lo que pudo ser pero no fue. Su propio departamento excluye que la directiva sea presentada antes de las vacaciones de verano o incluso que llegue un día como tal a la mesa redonda de la Comisión Prodi para su aprobación final. "Se trata de una decisión política y estamos en una etapa de discusión técnica y legal", declaró ayer tarde muy cauteloso un portavoz de la comisaria.

"Quizás sean bastante exageradas las críticas a sus reflexiones. Hay muchas cosas que disgustan y que habría que cambiar, pero somos conscientes de las limitaciones y las dificultades que implica una regulación", comentó otro colaborador de Diamantopoulou.

La directiva pretendería prohibir la discriminación sexual y los ataques contra la dignidad humana en la publicidad o en los medios de comunicación sin violar la libertad de expresión. "El propósito es evitar en los medios cualquier retrato estereotipado de hombres y mujeres, así como imágenes que afecten a la dignidad y a la decencia humanas en la publicidad", indicaba uno de los párrafos de su primer borrador. El Consejo Europeo de Editores, que agrupa a una treintena de empresas, ha calificado sus planes como un "notable" intento de censura. Otros lo ven más bien como un deseo de reintroducir el buen gusto y poner coto a la chabacanería que impera en muchos programas de televisión. En cualquier caso, los colaboradores de Diamantopoulou precisan que la normativa no sería una ley sobre igualdad de las mujeres, sino sobre igualdad de género.

Muy críticas han sido también las compañías de seguros ante el temor de que el proyecto suponga la ilegalización del incremento en las primas de seguro de vida que soportan las mujeres o el que soportan los hombres en el caso de pólizas de automóviles. "No partimos del género, sino de estadísticas", sostiene el Comité Europeo de Aseguradoras (CEA) al explicar que las mujeres viven más y los hombres tienen más accidentes de tráfico. "Si aplicamos las mismas primas o damos los mismos beneficios a hombres y mujeres, estaríamos infringiendo el principio de igualdad, que exige tratar las mismas situaciones del mismo modo, y las situaciones diferentes, de modo diferente", señala el CEA, dándole la vuelta a la tortilla a las intenciones de la alta funcionaria comunitaria.

Debatir sobre la justa aplicación de la igualdad de géneros equivale a deslizarse sobre aguas procelosas en muchos países de la Unión Europea, empezando por España. Baste como ejemplo la rectificación que tuvo que hacer el diputado popular Fernando Fernández de Trocóniz al decir que las mujeres deberían contribuir más a las pensiones públicas al ser más longevas que los hombres. Fernández de Trocóniz se disculpó y dijo que había sido "una broma", pero se vio obligado a dimitir como presidente de la Comisión del Pacto de Toledo, encargada de estudiar la reforma de las pensiones públicas.