Un cuerpo deseable

Josep-Maria Puig Salellas ha publicado un libro -Catalunya: la penúltima cruïlla (Edicions 62)- en el que da testimonio de su perenne preocupación por el futuro del país, que aborda desde un sólido conocimiento de su pasado y una realista ponderación de su presente. Hombre de sólida formación jurídica e histórica, su pasión catalanista no es óbice para que ejerza la crítica con inteligente frialdad y contemple el entorno con un humor descarnado, que puede llegar al sarcasmo. En este marco se incardina su reflexión sobre un tema que ha sido objeto de alguna atención por los medios de comunicación. Puig Salellas se ocupa de él en el capítulo XIII de su obra, que versa sobre algunas cuestiones que "no hem sabut fer prou bé" y en las que se pone de manifiesto cierta "insuficiència de sentit institucional". Se trata de las peripecias acaecidas en torno a la formación del cos d'advocacia de la Generalitat, es decir, para entendernos, del equivalente autonómico del cuerpo de abogados del Estado.

Puig Salellas explica en su libro las peripecias en torno a la formación del cuerpo de abogados de la Generalitat

Puig Salellas parte de una constatación inicial: que, mientras que Prat de la Riba evidenció una notable percepción de la importancia del hecho institucional, probablemente gracias a su sólida formación jurídica, es posible, en cambio, que Jordi Pujol -sin mengua del mayor respeto por su persona, que el autor proclama- se haya sentido más atraído por la dimensión estrictamente política de su acción de gobierno. Ello explicaría una anécdota que relata Puig acto seguido. Al inicio de su mandato, el presidente Pujol convocó un día a Josep Maria Vilaseca Marcet, a Ramon Llevadot -ambos abogados del Estado- y al propio Puig, en su despacho. En la reunión, Vilaseca planteó la cuestión de forma directa: "Presidente", dijo, "se ha de crear el cuerpo de abogados de la Generalitat". Pero es probable -sigue Puig- que, en aquellos momentos, las preocupaciones fuesen otras. Había quien sentía alergia ideológica frente a la creación de un cuerpo de juristas de élite, elegido a través de una oposición no accesible a todos, como si constituyese un atentado de lesa democracia. Pero también es posible que no se tuviese conciencia de la transcendencia institucional de la sugerencia.

Fuese como fuese, la consecuencia resultó inevitable: "La irrupción", denuncia Puig, "del clientelismo político y, por tanto, la selección a través de unos procesos muy directos, que no son los más adecuados si lo que se quiere es que sean los mejores -y no los más fieles- los que lleguen a los lugares de responsabilidad". Y cuando finalmente -añade- "la ley 7/1996, de 5 de julio, denominada precisamente de organización de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalitat de Cataluña, crea su cuerpo de abogados (...), no hubo más remedio que consolidar las situaciones ya existentes", es decir, integrar en dicho cuerpo a los funcionarios que hasta el momento habían desempeñado aquellas funciones. Se habían perdido 20 años, con el resultado de que "estos procesos poco rigurosos de selección han tenido que incidir de manera importante en la competencia de una parte de la maquinaria administrativa y, por tanto, en el ejercicio cotidiano del autogobierno".

Pero encima, si no quieres caldo, taza y media. Y así, la consolidación de situaciones prevista por la ley de 1996 no se ha estimado suficiente y, en la última ley de acompañamiento a la de presupuestos -la 3/2002, de 3 de diciembre- el Parlament - "amb una unanimitat eufòrica"- ha abierto aún más el grifo de la integración, al ungir como abogados de la Generalitat a un segundo bloque de funcionarios que no habían podido acogerse al primer turno de 1996. "El hecho", concluye Puig Salellas, "resulta aún más sorprendente si se piensa que la norma ha entrado

en vigor cuando se estaban celebrando oposiciones al cuerpo, que algunos de los beneficiados parece que no habían podido superar".

No es de extrañar, por tanto, en este marco, que la resolución de 18 de marzo de 2003 haya convocado un proceso selectivo para cubrir 30 plazas de abogados de la Generalitat, de las cuales sólo 5 serán cubiertas por oposición y 25 por el turno de promoción interna. Pero no se escandalicen: cinco plazas son por lo visto aún demasiadas, pues parece que no hay en Cataluña opositores preparados para cubrirlas. Si quieren una prueba, ahí está: de 27 opositores que firmaron la convocatoria, sólo 21 se presentaron al primer ejercicio, 2 de ellos se retiraron, quedaron 19, 16 suspendieron y sólo aprobaron 3; luego, sobran 2 plazas. Como se ve, hay rigores que matan. En todo caso, esto es lo que tenemos; pero quizá no sea la última entrega del serial. Tal vez falte un plato fuerte.

Hace poco, he leído Memòria d'un silenci, de Josep Maria Bricall. Al final del libro, cuando reflexiona sobre la política entendida como una pretensión de persuadir, Bricall escribe estas palabras: "La administración pública no es una actividad que se pueda resolver a base de gente que haya triunfado o no -hay de todo- en otras esferas de la actividad social. Se trata de una actividad profesional. (...) La administración pública tiene unas reglas propias, tiene un sistema de gestión propia. Todo ello reclama la especialización y la profesionalización. Sólo así esta administración puede contribuir a elegir lo que debe hacerse y, en segundo lugar, puede hacerlo de la manera más racional posible, cargándose de razón para el momento en que tenga que defender las posiciones nacionales. Estas son las mejores armas de las que disponemos los ciudadanos de Cataluña". Amén.

Juan-José López Burniol es notario.