Francia planea un cambio en la Constitución para blindar a Chirac frente a los jueces

El ministro francés de Justicia, Dominique Perben, anunció ayer un cambio en la Constitución para blindar al presidente de la República frente a los jueces. Esa protección tiene su contrapartida en la posibilidad de destituirle, un poder restringido a la mayoría de las dos cámaras parlamentarias. La idea de fondo es que la responsabilidad de un presidente elegido por el pueblo sólo pueda ser exigida por los cargos electos, y nunca por el poder judicial, al menos durante su mandato. La reforma seguirá las recomendaciones de un comité de expertos convocado al efecto.

Según Perben, la reforma seguirá "en todo" las recomendaciones de la comisión, encabezada por el jurista Pierre Avril, que aconseja introducir el procedimiento de destitución y defiende que el jefe de Estado no pueda ser encausado por "jurisdicción o autoridad administrativa" alguna.

La destitución sería posible en virtud de un complejo procedimiento que implicaría a las dos cámaras parlamentarias. La idea está inspirada en el impeachment estadounidense, aplicado a Bill Clinton en 1999, finalmente sin efectos, y a Richard Nixon en 1974, que dimitió como presidente de EE UU antes de que se consumara la votación parlamentaria emprendida para destituirle.

Una de las incógnitas se refiere precisamente a los casos en que esa destitución sería teóricamente aplicable. El ministro de Justicia se refirió a asuntos "claramente incompatibles con el ejercicio de su mandato [el del jefe de Estado]". Jacques Chirac cuenta con la mayoría absoluta tanto de la Asamblea Nacional como del Senado, lo cual le garantiza una protección total durante esta legislatura, salvo en caso de evoluciones políticas verdaderamente imprevisibles. En el supuesto teórico de destitución, los poderes del jefe de Estado serán ejercidos por el presidente del Senado hasta la elección de un nuevo mandatario.

Inmunidad a Berlusconi

El anuncio de esta reforma se produce a los pocos días de dos noticias relevantes. Una de ellas se refiere a la inmunidad concedida por el Parlamento italiano a cinco altos cargos, entre ellos su jefe de Gobierno, Silvio Berlusconi, muy acosado por ciertos jueces de su país. La otra consiste en el lanzamiento de la Declaración de París por un grupo de jueces y ex magistrados (Baltasar Garzón, Eva Joly y Antonio di Pietro, entre otros), que piden a los gobernantes sospechosos de corrupción que renuncien a la inmunidad. Si la respuesta italiana respecto a Berlusconi se anticipó a la petición de las personalidades citadas, la francesa respecto de Chirac no es menos clara.

Chirac ha bloqueado todas las iniciativas judiciales para interrogarle, defendiendo justamente el argumento de que el presidente no es un ciudadano como los demás. A lo largo de su primer mandato (1995-2002) diversos jueces trataron de convocarle por asuntos relacionados con su gestión anterior como alcalde de París, unas veces por comisiones pagadas a su partido por adjudicatarios de obras públicas en la región parisiense, y en otro caso por retribución pública de empleos ficticios. Un sumario todavía vivo -y por tanto, susceptible de que el juez pudiera convocar al presidente- pretende clarificar el motivo de los elevados gastos de alimentación en que incurrió la alcaldía de París bajo el mandato de Chirac.

El presidente francés ha recibido en dos ocasiones el aval de órganos colegiados, que respaldan su voluntad de no responder ante los jueces: así lo hizo el Consejo Constitucional en 1999, y el Tribunal de Casación -la más alta jurisdicción francesa- en 2002, si bien éste precisó que un procedimiento relacionado con el jefe del Estado debe quedar simplemente "congelado" durante su mandato, y puede ser revisado al término del mismo.

La oposición protestó inmediatamente por el proyecto anunciado por el Ejecutivo, lo que pronostica un debate duro en otoño, cuando el Gobierno pretende introducirlo en las cámaras.