Un informe confirma nuevos regadíos ilegales en Murcia en detrimento de la Vega Baja
El estudio refuerza la investigación de la Fiscalía sobre corrupción en el reparto del agua
Un nuevo informe de la Guardia Civil confirma la presunta ampliación de regadíos ilegales en Murcia en detrimento de los caudales de los regadíos legales de la Vega Baja. El documento forma parte de la investigación de un juzgado de Madrid sobre nuevos regadíos en la finca de El Chopillo, en Moratalla (Murcia), propiedad, entre otros, de un magistrado del Tribunal Superior de Murcia. El informe refuerza la investigación abierta por la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid sobre presunta corrupción en el reparto de agua del Segura y extracciones ilegales.
Un informe elaborado por el Seprona arroja datos reveladores sobre el destino que se le dio a las subvenciones europeas concedidas para regenerar la finca de El Chopillo, tras los incendios que arrasaron esta zona montañosa en 1988 y 1994. El estudio ha sido elaborado por la Unidad Central Operativa Medio Ambiental de la Guardia Civil (UCOMA) a instancias del juzgado de instrucción número 36 de Madrid, que investiga el presunto fraude cometido en la recepción y en el uso de estos fondos comunitarios, y alerta de que las tierras que son objeto de investigación fueron roturadas y transformadas en suelo agrícola.
En el documento, de 24 páginas, el UCOMA analiza exhaustivamente las características y las transformaciones que han experimentado todas las parcelas sometidas a estudio y llega a una conclusión tajante: "Se considera que han sido roturadas prácticamente todas las extensiones de terreno, fincas, parcelas o porciones de ellas que en la actualidad presentan plantaciones de nogales", dice el escrito. Una modalidad de cultivo que, curiosamente, acapara el mayor porcentaje de las tierras reforestadas en la finca El Chopillo.
Tras advertir del agresivo sistema mecánico empleado para preparar el terreno de forestación, los instructores informan de que la "totalidad de plantaciones de nogales han sido dotadas de un sistema de riego por goteo". El informe de esta unidad de élite en la persecución de delitos medioambientales va más allá en su denuncia y reseña la existencia de extracciones ilegales de agua para abastecer a estos cultivos irregulares.
Las diligencias previas que se instruyen en el juzgado 36 de Madrid por la presunta malversación de fondos comunitarios en la finca de El Chopillo implican directamente a altos cargos de la Región de Murcia y a un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y diversos familiares de éste que se beneficiaron de ayudas públicas.
Pantano del Cenajo
Por otra parte, Pro Río ha arremetido contra la Confederación Hidrográfica del Segura y contra la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de Murcia por "permitir la captación de las aguas públicas procedentes del pantano del Cenajo -situado junto a la finca- ya que estas aguas son de dominio público hidráulico". La Comisión Pro Río estima que esta extracción ilegal de recursos hídricos perjudica directamente a los usuarios de las vegas media y baja del Segura, ya que el caudal del río a su paso por el sur de la provincia de Alicante se ve sensiblemente reducido debido a las captaciones irregulares que se producen en la comunidad vecina.
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Juan Cánovas, rechazó ayer cualquier responsabilidad en el asunto que investiga el juzgado de Madrid. "Desde el punto de vista de la gestión del agua, todas las autorizaciones que se dieron para extracciones de agua para la finca de El Chopillo se ajustan a la ley, y, además, según los informes técnicos, no afectaban a los acuíferos del Cenajo", dijo Cánovas.
El portavoz de Pro Río, José Antonio Muñoz Grau, ha criticado también la actitud de la administración valenciana y de los diferentes ayuntamientos y juzgados privativos de Agua de la Vega Baja, ya que todos estos responsables y dirigentes "conocen la situación delictiva que se viene produciendo en Murcia con el agua sin que hagan nada por remediarla".
Pro Río se ha congratulado por la eficacia, la transparencia y el rigor que están demostrando los tribunales de Madrid en sus pesquisas sobre el presunto robo de caudales que se detecta en la Región de Murcia.
Según las últimas averiguaciones, unos seiscientos hectómetros cúbicos se sustraen anualmente del río Segura para abastecer a regadíos ilegales y urbanizaciones del litoral. Con el fin de esclarecer este asunto, el TSJ de Madrid ha solicitado a la Confederación Hidrográfica casi mil quinientos expedientes de extracciones irregulares de agua que actualmente siguen sin resolverse.
Fugas ilícitas y trasvases
Más de cuatro mil hectáreas de regadíos ilegales se abastecen de la cuenca del río Segura, según cálculos de los grupos ecologistas. La grave contaminación que sufre el río está directamente relacionada con las incesantes fugas que de manera ilícita sufre el acuífero más degradado del país.
Un estudio elaborado por Ecologistas en Acción alerta de que la cifra de regadíos ilegales que han proliferado en la Región de Murcia desde el año 1999 supera ya las cuatro mil hectáreas. La inmensa mayoría de estas nuevas explotaciones agrarias se abastecen de recursos hídricos que de forma directa o indirecta provienen de la cuenca del Segura.
Las roturaciones alcanzan en algunos casos dimensiones desorbitadas, sobre todo las que se sitúan en las inmediaciones de Sierra Espuña o en el campo del litoral murciano. Algunas de estas fincas, que son acotadas sin disponer de ninguna licencia preceptiva, ocupan una extensión de cien o doscientas hectáreas y al carecer de permisos para ejercer su actividad tampoco poseen el requerido suministro de agua.
Según la Comisión Pro Río de Orihuela, el volumen hídrico que exigen estas plantaciones supera con creces la cantidad que se trasvasa anualmente desde el Tajo y rondaría los 600 hectómetros cúbicos, el mismo aporte que suministraría el futuro trasvase del Ebro cuando se ejecute el Plan Hidrológico Nacional.
Hasta ahora, la Administración, tanto central como autonómica, ha fiado todas sus esperanzas en el caudal del futuro trasvase como clave para la regeneración del río y, por contra, ha minimizado los efectos sobre la polución de los supuestos robos de agua para abastecer nuevas plantaciones en la vecina comunidad murciana.
En el plano judicial, los juzgados locales y la Fiscalía de Alicante se han limitado hasta ahora a investigaciones sobre las consecuencias de los vertidos industriales en la contaminación del río.
Esta actuación contrasta con la iniciativa de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha abierto una investigación global sobre la presunta corrupción en el reparto del agua del río Segura y extracciones ilegales para abastecer las nuevas plantaciones. La iniciativa del ministerio público del TSJ de Madrid, que dirige el fiscal Emilio Valerio, tiene su origen en una denuncia de la jefa del área jurídico-admninistrativa de la Confederación Hidrográfica del Segura.
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