Los vecinos de un bloque impiden que una asociación de discapacitados abra una lavandería

La Asociación pro Inserción Laboral de Personas con Discapacidad (Aproinla) de Málaga lleva desde marzo batallando con 24 de los 31 vecinos del edificio de viviendas en cuyos bajos está su sede para lograr que les permitan iniciar las obras necesarias para el negocio de lavandería con el que pretenden dar empleo a 30 jóvenes con discapacidad psíquica. Los vecinos aseguran que las emisiones de vapor de la secadora y la planchadora son tóxicas. Aproinla, que cuenta con todos los permisos, niega rotundamente este extremo y cree que hay un problema de discriminación.

El ambiente en el vecindario del edificio de viviendas sociales de la calle Mariscal de Málaga, propiedad de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), es ostensiblemente tenso. El tubo extractor de los vapores de la futura lavandería, que ascenderá en vertical por la pared hasta sobrepasar en 1,50 metros el tejado del edificio, es el caballo de batalla de los vecinos.

Aproinla, que cuenta con todos los permisos legales para acometer la obra que le permitirá transformar su local en una lavandería, teme no poder afrontar el pago de las letras de las máquinas si no se le permite poner en marcha el centro en el plazo previsto. El último inconveniente con el que se han topado es que las llaves de la azotea han desaparecido misteriosamente, y la comunidad se niega a que cambien la cerradura.

"Empezamos a pensar que es un tema de discriminación, porque desde que expusimos nuestro proyecto a los vecinos todo han sido pegas. Cuando intentamos hacer algo montan una cadena humana y nos impiden el acceso al edificio", explica María Felisa Núñez, presidenta de Aproinla.

La situación ha llegado a tal grado de bloqueo que la concejala de Bienestar Social de Málaga, Mariví Romero, ha tenido que intervenir, enviando una carta a la EPSA para avalar el proyecto y la trayectoria de Aproinla. "A estas alturas no podemos permitir que se cierre una puerta para integrarse en el mundo laboral a un colectivo tan necesitado de igualdad", explica Romero.

También la delegada de Asuntos Sociales de la Junta, Ana Paula Montero, respalda la apertura de la lavandería. "Sólo puedo llamar a la sensibilidad de la gente y avalar la trayectoria de Aproinla", insiste.

La abogada de los vecinos, Margarita García Gómez, aseguró ayer que "no se trata en absoluto de una cuestión de rechazo, sino de defensa de la salud de las personas que viven en el edificio, porque tenemos informes periciales que prueban que el tubo emana gases tóxicos", afirmó. La directora de Aproinla, Beatriz Gómez, sostiene que sus informes dicen lo contrario. "Ésta es una asociación de padres. Si hubiera riesgo de toxicidad, los padres no expondrían a sus hijos a esos productos", responde.