Lo que todo el mundo sabe

A lo largo de los últimos días, los socialistas hemos sufrido una traición y hemos tenido que afrontar un asalto a la democracia de tan serias proporciones como carente de precedentes. Hemos pedido disculpas por lo primero. Pero estamos obligados a reaccionar enérgicamente contra lo segundo: este golpe antidemocrático tiene como objetivo la conculcación del derecho de participación política de todos los ciudadanos: de los que nos han votado y de los que no nos han votado. Vamos a dar la batalla para que su voluntad plasmada en las urnas el 25-M no sea hurtada por el comportamiento inaceptable de unos pocos desvergonzados. Los valores que defendemos tienen que ver, por eso, con la dignidad del voto y la limpieza del juego democrático. Pero también con evitar la subordinación de la política a intereses económicos.

Llevamos años denunciando que el precio de la vivienda es prohibitivo para una entera generación de españoles, especialmente en Madrid. Todo el mundo sabía que una política crucial de nuestro programa de gobierno en la CAM iba a ser abaratar el precio de la vivienda y poner coto a la especulación. Ésa es la razón exacta por la que ciertas tramas inmobiliarias de envergadura se han movilizado hasta poner en jaque las reglas del juego democrático: se ha tratado de impedir que a un Gobierno de la derecha que les favorece le suceda un Gobierno de izquierda que les imponga un freno. Quieren perjudicar el interés general del abaratamiento del suelo para favorecer las expectativas de beneficios de unos pocos, estrechamente relacionados con el mantenimiento artificialmente inflado del precio final de la vivienda. Es para conseguirlo que quieren que siga, sin más, gobernando la derecha. Esto es gravísimo. Hay que interrogarse por qué y qué podemos hacer para parar este golpe y restablecer la decencia.

Innegablemente, tenemos nuestra cota de responsabilidad en lo ocurrido. Los socialistas hemos pedido reiteradamente disculpas a la ciudadanía por la inclusión de dos corruptos que han traicionado sin escrúpulos al PSOE y a todo lo que representa: va a ser duro superar la sensación de bochorno que sucedió al asombro y la perplejidad sincera que se reflejaba en la expresión de Rafael Simancas al conocer la felonía. Dos diputados socialistas mantienen una estrecha relación con dos constructores militantes del PP con causas penales abiertas y con expectativas de beneficios millonarios si sigue gobernando la derecha. El día de la fechoría, estos constructores se van a ver al secretario general del PP de Madrid a la calle de Génova y mantienen una entrevista con él por el espacio de dos horas y media. A lo largo del escándalo, hemos oído el argumento de que "todo el mundo sabe" que hay tramas de corrupción que tocan a los partidos, y redes inmobiliarias que contaminan la política para intentar arrodillarla. ¿Alguien puede sostener que esto lo sabe todo el mundo? No. No todo el mundo sabe "lo que todo el mundo sabe". Cientos de miles de socialistas ni lo damos por hecho ni lo aceptamos. Y añado: quienes se jactan de saberlo no deberían practicar un doble rasero infamante, exigir depuraciones y cazas de brujas al PSOE, incluso cuando éste resulta víctima de la corrupción, sin que se plantee esa exigencia en todos los espacios públicos, cualquiera que sea su gobierno o el partido que esté al frente. No es aceptable que, en conversaciones privadas entre los iniciados, se asuma con naturalidad que muchas instituciones acojan tramas de corrupción escalofriantes opacadas al debate público, focalizando siempre los eslabones más cutres de la cadena, pero obviando las redes que blindan tales manejos mafiosos.

Que todo esto siga siendo así, sin que despierte una reacción contundente de la ciudadanía, no tiene otra explicación que la constatación de un triste hecho: no es totalmente cierto que "los ciudadanos no perdonan la corrupción". Lo que sí sabemos los socialistas es que nuestro electorado no la perdona, y estamos orgullosos de ello. Pero resulta difícil sostener que, a la luz de la experiencia, todo el electorado condene con la misma energía los comportamientos corruptos. El GIL ha ganado elecciones encaramado en impresionantes tramas de corrupción. Escándalos gravísimos perpetrados bajo gobiernos del PP o partidos nacionalistas no han derivado en asunción de responsabilidad ni han tenido, en apariencia, coste electoral respecto del concreto segmento de nuestra sociedad que transige esas conductas, se beneficia de ellas o es simplemente su cómplice. Pongamos que hablamos de Madrid... O por ejemplo, de Canarias, en donde Dimas Martín, corrupto multirreincidente, condenado por cohecho por el Tribunal Supremo, se calza el 25-M el Cabildo de Lanzarote y pacta decisivamente con CC y con el PP en Canarias y en Madrid. Seamos serios: esto no es "inexplicable". Es una dolorosa expresión -pero sólo una más- de cuántas voluntades se pueden comprar cuando se ejerce el poder en estrecha connivencia con tramas empresariales que mueven miles de millones urbanizando playas o montes; o de cómo se puede silenciar lo que no se quiere que se sepa al tiempo que se airean las mentiras que a esas tramas interesan. Esto sacude los cimientos de la igualdad ante la ley y del Estado de derecho, erosionando sin escrúpulos el más precioso fundamento de una sociedad democrática: la conciencia moral y cívica de la ciudadanía.

Una amenaza tan siniestra -tristemente, tan real- es lo bastante seria como para abordar una reflexión de alcance. Necesitamos compromisos de firmeza democrática que cierren todas las puertas a la compra de voluntades o, aún peor, de cargos públicos, reedición inaceptable de la simonía de prelaturas de la Edad Media. Incluso si fuera verdad que no se puede revocar el acta del tránsfuga o traidor -algo que muchos discutimos-, siempre será posible un pacto político y ético que garantice la limpieza de nuestras reglas de juego para evitar que los felones se salgan con la suya. Para que ningún atropello ni interés particular pueda socavar, como se hace, el prestigio de las instituciones representativas y los derechos de participación de la ciudadanía. De todos hay que exigir las mismas actitudes de firmeza democrática que imposibiliten que poderes económicos opacos puedan torcer la voluntad de las urnas.

Al PSOE le corresponde liderar la salida de esta crisis. Pero ésta no sólo afecta a nuestro partido, sino a todo el sistema democrático. Es exigible al PP y al resto de los partidos un compromiso de igual fuerza a la hora de impedir la subordinación de la política a intereses espurios y a tramas de dinero negro. A todos nos concierne evitar gobiernos sustentados en altísimas cuotas de influencia en medios de comunicación, una descomunal propaganda y una desmedida financiación ilegal para las campañas electorales, frente a los que resulta cada vez más inviable la alternancia democrática y cada vez más impune abortar aquellos cambios políticos que comporten amenazas para intereses bastardos que nada tienen que ver con el interés general. A esto, a evitar la berlusconización de la democracia española, es a lo que nos convoca un compromiso urgente de calidad democrática entre los partidos y la sociedad española, que frene la degradación y el debilitamiento de la confianza cívica de la ciudadanía activa en la dignidad de lo público.

Juan Fernando López Aguilar es secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.