El fiscal extiende a 11 pueblos la supuesta trama inmobiliaria de Bravo y Vázquez

La fiscalía de Madrid ha ordenado a la Guardia Civil que, "con carácter urgente", le informe sobre los nombres de las personas y empresas que componen "la totalidad de las juntas de compensación" constituidas entre 1999 y 2003 con intereses inmobiliarios en 11 municipios madrileños. La querella que interpuso la semana pasada la Fiscalía de Madrid contra el ex alcalde Pablo Zúñiga, un concejal, un arquitecto y cinco promotores inmobiliarios sobre la supuesta trama de Alcorcón ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 2 de esta localidad, cuyo titular es Juan Ramón Rodríguez.

La fiscalía sostiene que hay indicios de que el grupo inmobiliario Euroholding, del que son consejeros Bravo y Vázquez, ha tenido intereses directos o indirectos en negocios urbanísticos de once municipios madrileños, la mayoría gobernados por el PP, aunque también hay dos del PSOE y otro independiente. Los municipios madrileños en los que la Guardia Civil debe abrir la investigación por orden del fiscal son los de Aldea del Fresno, Boadilla, Arroyomolinos, Brunete, Humanes, Navalcarnero, Sevilla La Nueva, Villamanta, Villamantilla, Villaviciosa de Odón y Alcorcón.

Aparte de la composición de la totalidad de las juntas de compensación, el fiscal de Medio Ambiente, Urbanismo y Consumo de Madrid, Emilio Valerio, también ha ordenado que se le informe de "las iniciativas privadas de carácter inmobiliario" presentadas en las citadas poblaciones madrileñas entre 1999 y 2003. Los habitual es que sean los propios ayuntamientos los que promuevan los desarrollos urbanísticos dentro de sus términos, pero también sucede que promotores individuales ofrecen proyectos de urbanización a los ayuntamientos y éstos, tras someterlos a la aprobación de la corporación reunida en pleno, les dan luz verde.

Sevilla La Nueva

No es la primera vez que el fiscal Valerio se topa con supuestas tramas de corrupción inmobiliaria en alguno de los mencionados municipios. En Sevilla La Nueva, por ejemplo, el fiscal se ha querellado en dos ocasiones contra los ex alcaldes de esta población, Ángel Batanero y Juan Antonio Teresa, ambos del PP, y que fueron expulsados del partido. En estas pesquisas también se vio implicado el arquitecto municipal, Manuel Pradillo.

La fiscalía sostiene que hay indicios que apunta a que las empresas de Bravo y Vázquez están detrás de varios desarrollos urbanísticos promovidos en Sevilla La Nueva. En la anterior legislatura municipal, el PP accedió a la alcaldía merced a una moción de censura que, según la investigación judicial, pudo ser activada en la sombra por los empresarios Bravo y Vázquez con el fin de conseguir del nuevo gobierno la recalificación de la Dehesa de Sacedón, un vasto encinar situado entre los términos de Sevilla La Nueva y Villaviciosa, en Madrid. Sobre este encinar mantenía una opción de compra la mercantil Euroholdig, de la que Bravo y Vázquez son consejeros delegados y cuyos nombres también figuran en la querella en relación con la trama inmobiliaria destapada en Alcorcón. Dada la extensión del encinar, si la operación de recalificación de la citada dehesa hubiese llegado a buen término, ésta "habría generado plusvalías multimillonarias", según la fiscalía. No fue así porque la operación fue abortada por la Comunidad de Madrid, la máxima autoridad urbanística, gobernada por el PP.

La irrupción del grupo empresarial de Bravo y Vázquez en Sevilla La Nueva, según fuentes de la investigación judicial, se produce a partir de 1999 de la mano de Proinma, la inmobiliaria que poseía el ex alcalde Batanero.

De hecho, en un registro efectuado por la Guardia Civil en esta inmobiliaria aparecieron algunas referencias a la promotora Euroholding, el grupo de Francisco Bravo y Francisco Vázquez.

La fiscalía también se ha querellado contra el ex alcalde de Humanes, Adolfo Álvarez-Sojo (PSOE) por supuestas irregularidades urbanísticas en la que también han aflorado los nombres de Bravo y Vázquez. Álvarez-Sojo fue expulsado del partido.

Las diligencias emprendidas ahora por el fiscal en 11 municipios de la Comunidad de Madrid están al margen de las que pueda desarrollar el juez de Alcorcón, Juan Ramón Rodríguez, respecto de la querella de la fiscalía por la supuesta trama inmobiliaria de Alcorcón. Tampoco tienen relación con las querellas por corrupción que han presentado el PSOE e IU contra los diputados Tamayo y Sáez. Éstas ya están en manos de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de de Madrid.

Lo primero que ha hecho la Sala, antes de decidir si admite o no a trámite ambas querellas, ha sido remitir dos resoluciones a la Asamblea de Madrid para que ésta dictamine si Tamayo y Sáez son diputados y, por tanto, si se hallan legalmente aforados. Ambos parlamentarios tomaron ayer posesión de su acta de diputado al prometer su cargo. En el Tribunal Superior se hallan también la querellas que el PP ha presentado contra dirigentes socialistas por injurias y calumnias. El juez de Alcorcón archivó hace más de un año una denuncia por supuestas irregularidades urbanísticas del PSOE. Pero ahora, según fuentes jurídicas, reabrirá previsiblemente las pesquisas al contener elementos nuevos la querella formulada por la fiscalía. El juez estudia citar a los querellados en la primera quincena de agosto. Entre éstos, se hallan el ex alcalde Pablo Zúñiga, del PP, así como Francisco Vázquez y Francisco Bravo, los empresarios inmobiliarios que ayudaron a los diputados tránsfugas Tamayo y Sáez.