Bélgica retira la validez universal a la ley que permite juzgar genocidios

La nueva revisión, por segunda vez en menos de tres meses, de la ley de competencia universal se ha convertido en el principal objetivo del Gobierno belga incluso antes de que se haya constituido ante las iras que la norma ha despertado en EE UU. El primer ministro en funciones, el liberal flamenco Guy Verhofstdat, anunció ayer que será sustancialmente modificada a fin de evitar la persecución de ciudadanos de países demócratas.

"No obedece a presiones norteamericanas", se jactó Verhofstdat al explicar el proyecto, que este fin de semana han urdido liberales y socialistas, los dos socios de la anterior coalición y que lo serán también de la próxima. El objetivo era hacerla menos polémica, darle un nexo cien por cien belga, y en definitiva suavizar una ley que otorga desde hace 10 años a la justicia belga competencia universal en delitos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad.

Sin embargo, el ministro de Exteriores, Louis Michel, también liberal y un político de verbo apasionado, asumió las presiones al confesar que "se trata de recoger las preocupaciones de los países" que se han visto afectados. Incluso Michel ha sido víctima de los amplios espacios que contempla la disposición y afronta una querella por una venta de armas a Nepal por parte del anterior Gobierno.

Según Verhofstdat, la ley se aplicará ante todo si el autor del presunto delito es de nacionalidad belga o residente en Bélgica o si la víctima es también belga o con una residencia en este país de al menos tres años. Pero, sobre todo, y aquí es donde se cercena el espíritu hasta ahora de la norma, los tribunales belgas sólo podrán aceptar demandas contra ciudadanos de países donde ese tipo de delitos no estén contemplados ni tengan garantías de un juicio justo.

EE UU ha criticado con dureza la ley y ha pedido que sea archivada ante el rosario de demandas que han sido interpuestas contra lo más selecto del poder político y militar norteamericano.

El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, montó en cólera cuando estuvo hace dos semanas en Bruselas. Dijo que su Gobierno había decidido congelar la contribución a la construcción de la nueva sede de la OTAN, que debe levantarse en la capital belga, hasta que la disposición no desaparezca.

"No es una amenaza es un hecho", sentenció Rumsfeld. "Nadie va a poder venir tranquilo aquí", comentó al enumerar que entre los demandados figuraban entre otros George Bush padre, Colin Powell, por la primera guerra del Golfo (1991), y el general Tommy Franks. Días atrás llegaron nuevas demandas contra George W. Bush, su consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, y el primer ministro británico, Tony Blair.

El caso más controvertido de esta ley ha sido, sin duda, el del actual primer ministro israelí, Ariel Sharon, contra el que un grupo de ciudadanos belgas y palestinos presentaron una demanda por su presunta responsabilidad cuando era ministro de Defensa en la matanza de refugiados palestinos en Líbano en 1982. La demanda está congelada al menos hasta que deje la jefatura de Gobierno.