¿Peligran nuestras pensiones?

Desde su despacho de director de una sucursal de barrio de uno de los grandes bancos, Ramón Espinosa recoge estos días sus trastos mientras da los últimos consejos a una clientela cada vez más interesada en asegurarse una vejez tranquila con ayuda de un fondo de pensiones privado que complemente la jubilación que le pague en su día la Seguridad Social. Los garantizados son los productos estrella en estos tiempos de incertidumbre.

-¿Le trasladan porque le han ascendido?

-¡Qué va! Me prejubilan.

-Pero si eres muy joven...

-Cincuenta y un años. Pero la oferta era difícil de rechazar.

Efectivamente, el trato no parece malo: 88% del sueldo bruto (por encima del 90% del neto) hasta cumplir los 65 años (eso sí, congelado) y con las cotizaciones por el importe máximo con cargo a la empresa, con una actualización anual del 2%, lo que espera que en su día le garantice la pensión pública máxima, hoy de 2.029 euros. El hueco que deja en la plantilla, si se cubre, lo ocupará probablemente un veinteañero con dos idiomas y un máster que necesitará varios años para formarse, pero dispuesto a comerse el mundo y a cobrar menos de la mitad que él.

Resulta paradójico que muchas grandes empresas prejubilen a miles de empleados mientras desde el Pacto de Toledo se apuesta por estimular el retraso de la edad real de retiro

Los problemas para el sistema público de pensiones pueden llegar en 2015 o 2020, cuando comiencen a jubilarse los nacidos en el 'baby boom'

Aznar puso en peligro el consenso en el Pacto de Toledo al acusar al PSOE en la campaña electoral de haber dejado una Seguridad Social en quiebra

El debate actual se centra en la posible extensión del periodo de cómputo de las pensiones desde los últimos 15 años hasta toda la vida laboral

Seguro que al banco le salen las cuentas. Un 87% de las empresas que recurren a tales mecanismos están satisfechas del resultado, según un estudio de la escuela de negocios IESE, que refleja que el 43% de estos expulsados del mercado laboral vuelve a trabajar. En estos días precisamente, Telefónica anuncia planes para recortar hasta 9.000 empleos en tres años (con bajas incentivadas y jubilaciones anticipadas) y la eléctrica Iberdrola negocia con los sindicatos un plan para prejubilar a 2.100 trabajadores, a medida que cumplan 58 años. Paradójicamente, se rejuvenecerá la empresa con 1.200 nuevas contrataciones.

Como Abilio es previsor, tiene un jugoso plan de pensiones privado, que seguirá alimentando religiosamente cada mes, y una modesta inversión en bolsa en la que prima la prudencia. Con los hijos ya mayorcitos, ve su nueva situación (que técnicamente le mantiene en la plantilla de su empresa) como la puerta abierta a una nueva vida. Ya tiene varias ideas para ganar más trabajando mucho menos.

Abilio es un privilegiado. Ya quisieran estar en su pellejo quienes pasan por el trance sin las ventajas que ofrecen algunos grandes para reducir y rejuvenecer sus plantillas. Centenares de miles de prejubilados de pequeñas y no tan pequeñas empresas pasan a la fuerza por el cobro del seguro de desempleo y el subsidio asistencial, cotizando al mínimo los últimos años de su vida laboral, los que más computan para calcular la pensión. Eso condena a muchos a la prestación más baja: 400 euros en 2003, por ejemplo, para mayores de 65 años sin cónyuge a su cargo. Y sin posibilidad de un fondo privado: eso exige una capacidad de ahorro fuera de su alcance.

Lo más sangrante es que las prejubilaciones, en su mayor parte forzosas, se producen cuando sindicalistas y políticos ven con alarma la convulsión social que provocan proyectos de reforma de las pensiones en países como Francia, Alemania y Austria, y cuando en el Pacto de Toledo, monumento al consenso suscrito en 1995 por las diversas fuerzas políticas, revisado en 2000 y cuya renovación se discute ahora en el Parlamento, se apuesta por el retraso de la edad media de jubilación, ahora entre 62 y 63 años, aunque la legal sea de 65. O hasta de 60, con ciertas condiciones y con la aplicación de coeficientes reductores a la pensión durante toda la vigencia de ésta de hasta el 8% por año de adelanto, lo que, por cierto, es un buen negocio para la Seguridad Social, ya que el coeficiente de neutralidad se sitúa en torno al 5,5%, según Jesús Pérez, secretario ejecutivo de UGT, que los considera radicalmente injustos.

Algunos gurús, como José Barea, catedrático emérito de Economía en la Universidad Complutense y asesor en el primer Gobierno de José María Aznar, excelente ejemplo a sus 80 años de cómo alcanzar una edad avanzada en buena forma, proponen que, de forma paulatina, se eleve la edad de retiro hasta los 70 años, en consonancia con el retraso de los jóvenes en incorporarse al trabajo y con la mayor esperanza de vida. Para evitar la quiebra del sistema público, añade, será imprescindible adoptar además medidas como extender a toda la vida laboral el periodo de cómputo de las pensiones (ahora son los últimos 15 años), estimular el crecimiento demográfico o cuando menos evitar un retroceso, y potenciar los sistemas complementarios de previsión (fondos de pensiones y privados y de empresa).

Ya se pone fecha al momento en que comenzarán a aflorar los problemas: 2015. O 2020 según cálculos más optimistas. Hasta entonces no hay nada que temer: las cotizaciones de los activos seguirán superando a las percepciones de los pasivos, con un excedenteque, en su mayor parte, se destina ahora a un fondo de reserva para cuando lleguen las vacas flacas.

Superávit

Las últimas cifras de afiliación a la Seguridad Social han sido muy favorables: 147.516 nuevos socios (27.849 extranjeros) en mayo, hasta el récord de 16.707.449 (940.780 inmigrantes), lo que supone una relación entre trabajadores y pensionistas de 2,45, muy por encima del 2 que se considera garantía de viabilidad y de las agoreras predicciones de poco más del 1,2 que algunos estudios pronostican para 2050. Para justo 10 años antes, en 2040, el número de pensionistas superará los 12,5 millones, un 63% más que ahora, y habrá que dedicar a pagarles el 12,6% del PIB, cifra preocupante, aunque asumible, y muy por debajo de los cálculos de la UE, que la elevan al 16,3%. En ese mismo mes de mayo, los ingresos por cotizaciones ascendieron a 22.467 millones de euros, 1.319 millones más de lo presupuestado, lo que se traduce en una nueva inyección a la hucha de las pensiones, con unos 8.000 millones de euros.

Con tanto tiempo por delante, mucho más, por ejemplo, que en la Francia sacudida por las huelgas, hay margen para evitar la bancarrota. Analistas y dirigentes políticos y sindicales coinciden en que se puede mantener el equilibrio del sistema, pero discrepan en la receta. Y hay quien pone el énfasis, como el ugetista Jesús Pérez, en que "es una perversión condicionar la supervivencia de las pensiones, que está en la Constitución, a su viabilidad económica". Se indigna este veterano sindicalista de que "se diga que puede haber problemas para mantener las prestaciones mientras que hay dinero para reducir impuestos o rebajar las cotizaciones empresariales". La opinión más generalizada, sin embargo, es que el sistema de pensiones debe seguir siendo autosuficiente, incluso cuando la demografía pase factura.

Será a partir de 2015 cuando, en un contexto de descenso del número de afiliados y cotizantes a la Seguridad Social, comiencen a jubilarse las generaciones nacidas en los cincuenta, mucho más numerosas que las de la Guerra Civil y la posguerra, aunque todavía no tanto como las del baby boom propiamente dicho. Así se conoce la gran explosión demográfica de los sesenta y primeros setenta, cuando, todavía con Franco en El Pardo, se alcanzó una tasa de natalidad doble que la actual, al rebufo de un generalizado optimismo sobre las perspectivas económicas con la combinación de llegada masiva de turistas, modernización del sistema productivo y espectacular crecimiento de las oportunidades de prosperar.

El Ministerio de Trabajo estima que el número de pensionistas crecerá suavemente hasta 2005 (0,46%), moderadamente hasta 2020 (1,07%) y a un fuerte ritmo hasta 2030 (2,07%), para luego descender paulatinamente. Como, en esencia, los activos pagan a los pasivos, la gran pregunta es si habrá suficientes activos para generar pensiones dignas con sus cuotas a la Seguridad Social, algo imposible si no se produce una reducción drástica del desempleo, no aumenta (y mucho) la natalidad, no se mantiene un considerable flujo de inmigrantes, no sigue habiendo un crecimiento económico sostenido (al menos del 1,5%) y no se desarrolla un sistema complementario de previsión, privado, que reduzca la presión sobre el sistema público. Según las dosis en que estas variables se introduzcan en la coctelera, se proyecta un futuro saludable, problemático o catastrófico.

Uno de los principales obstáculos para garantizar un saneado sistema de pensiones públicas es la resistencia de las generaciones posteriores al baby boom a traer niños a este mundo. España se ha convertido en uno de los países con menor número de hijos por mujer en edad fértil: 1,26 en 2002. Y eso a pesar de que éste fue el cuarto año consecutivo en el que aumentó el número de nacimientos (416.518, un 3,1% más que en 2001), gracias en gran medida al incremento (31,4%) de los hijos de inmigrantes, el 10% del total, aunque la población extranjera supone tan sólo el 4%.

Si no aumenta drásticamente la tasa de natalidad y no se mantiene un flujo continuado de inmigrantes (la cifra ideal podría situarse en torno a 160.000 anuales a partir de 2005) que se conviertan en nuevos cotizantes a la Seguridad Social, el futuro puede complicarse para el sistema de pensiones públicas. Éste, en su actual estructura (de reparto), impregnada de solidaridad, se basa en que los trabajadores en activo (que serán cada vez menos) pagan a los que se retiran (que cada vez serán más y que cada vez viven más años: la esperanza de vida asciende en 2003 a 75,85 años para los hombres y 83,23 para las mujeres).

Gerardo Camps, secretario de Estado para la Seguridad Social, cree que ésta se halla "en el mejor momento de su historia" al haber alcanzado el saneamiento financiero "tras una etapa de desequilibrio que alentó la incertidumbre". Las cifras récord de afiliación, con un aumento de casi dos millones en esta legislatura, "son la base para seguir aumentando las pensiones más bajas y han permitido el superávit materializado en el fondo de reserva". En su opinión, España parte con ventaja sobre países como Francia y Alemania "porque el envejecimiento de la población se producirá unos años después" y porque el método para defender el sistema, materializado en el Pacto de Toledo y los posteriores acuerdos entre Gobierno, sindicatos y patronal, "ha sido modélico en el fondo y en la forma de adoptar las reformas", mediante el consenso. Para evitar el debilitamiento del sistema a partir de 2015 por el desfase entre activos y pasivos, señala Camps, "hay que continuar por la senda de las reformas adecuadas y constantes, y no se puede caer en el uso de argumentos demagógicos que nos alejen de las soluciones razonables".

Las "mentiras" de Aznar

La prudencia de Camps contrasta con la agresividad del presidente del Gobierno, José María Aznar, que, a mediados de mayo, rompió en plena campaña electoral el pacto implícito de no convertir las pensiones en arma arrojadiza y aseguró que el PP recibió en 1996 del PSOE la herencia de una Seguridad Social tan en quiebra que hubo que pedir créditos a los bancos para pagar las pensiones.

"Mintió sobre el pasado, exageró el presente y silenció el futuro", afirma el ex ministro de Trabajo José Antonio Griñán, portavoz del PSOE en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. "Sería una catástrofe arruinar con actitudes como ésa el esfuerzo de consenso que supuso el acuerdo, similar al de los Pactos de la Moncloa. Aznar incluso se ha atrevido a presentar el fondo de reserva como un éxito personal, olvidando que, hasta 1995, los presupuestos de la Seguridad Social se cerraban siempre con equilibrio, pero no porque no hubiese excedentes, sino porque se utilizaban, por ejemplo, para reducir las cotizaciones sociales".

Miguel Ángel García, jefe del gabinete técnico de Comisiones Obreras, también llama mentiroso a Aznar, lamenta que utilice el miedo "de manera partidaria" y recuerda que en 1995 "no había quiebra, sino que faltaba un sistema de financiación adecuado que, entre todos, se puso en marcha". García está convencido de que las pensiones estarán garantizadas durante 50 años "si se adoptan medidas sensatas", lo que para él se traduce en crear riqueza y moderar el ritmo de crecimiento de las prestaciones. "Si hubiesen seguido aumentando como entre 1977 y 1983, en el año 2020 el gasto habría superado el 23% del PIB, un disparate. ¿Significa eso que se hizo mal en aquellos años. No, porque se partía de unas bases muy pequeñas, pocas personas cobrando y con cantidades miserables".

En un documento elaborado en 2000, CC OO sostenía que, si la economía española seguía creciendo a un ritmo medio del 2,5% anual, la pensión media podría doblarse con creces en términos reales para 2050, hasta alcanzar los 1.200 euros (el pasado marzo se situó en 617,25). Siempre, naturalmente, que evolucionasen favorablemente el empleo, la tasa de natalidad y la entrada de inmigrantes, a los que hay que ver "como solución, y no como problema".

"La principal medida para garantizar unas pensiones dignas y cada vez mejores es no perder población", señala Miguel Ángel García. Para ello, la natalidad debería saltar de 1,26 hijos por mujer a 1,70, algo imposible si no se facilita la incorporación femenina al mercado de trabajo con prestaciones económicas directas, una amplia red de guarderías y servicios de dependencia que liberen a las mujeres de la carga de tener que atender a los ancianos que no pueden valerse por sí mismos, un colectivo cada vez más numeroso. El Pacto de Toledo está dedicando una gran atención a este problema, cuya solución exigiría, según José Barea, un "seguro obligatorio de dependencia que, sólo en casos de falta de recursos, debería asumir el Estado, pero que, en términos generales, se debería costear privadamente o incluirse en los convenios colectivos".

Uno de los principales caballos de batalla en las discusiones para renovar el Pacto de Toledo es la variación del periodo de cómputo para calcular la pensión, hoy los 15 últimos años, tras dos elevaciones durante el mandato socialista, primero de 2 a 8 (antes de eso era frecuente la compra fraudulenta de los dos últimos años de cotización) y luego de 8 a 15. En el Pacto, suscrito en abril de 1995, se incluía la recomendación general de que "las prestaciones guarden una mayor proporcionalidad con el esfuerzo de cotización". En el acuerdo suscrito en abril de 2001 por Gobierno, Comisiones Obreras y patronal (UGT se negó a suscribirlo) se indicaba que "se revisará el sistema de cálculo (...) de manera que se tenga en cuenta de forma progresiva el esfuerzo del trabajador a lo largo de su vida laboral".

El Gobierno quiere que esa recomendación se aplique cuanto antes, y que de paso se resuelva el problema de quienes han cotizado menos de 15 años, que ahora no tienen derecho a pensión alguna, pero el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, insiste en que sólo se hará si hay consenso. No será fácil en el tenso clima político posterior a unas elecciones y previo a otras, pero ningún partido querrá asumir en solitario el coste político de una decisión impopular, por el temor generalizado a que suponga un recorte de las pensiones.

José Antonio Herce, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que patrocinan 22 grandes empresas (la mitad de ellas del sector financiero), se muestra, "definitivamente", partidario de que "las pensiones respondan al principio de cotización o contribución definida, es decir, una representación estricta del esfuerzo individual realizado durante toda la vida laboral. Reparto o capitalización

[en este caso se cobra en función del capital acumulado] sería incluso accesorio". Hasta ahora, recuerda, " las pensiones públicas han sido de reparto, y las privadas, de capitalización, pero ésa es una asociación que no tiene por qué mantenerse indefinidamente".

Herce aboga por la abolición de la "rigidez abominable" del sistema público de pensiones, defiende el retraso paulatino de la edad de jubilación hasta los 70 años ("no se ha revisado desde hace 100, cuando la esperanza de vida era de 55") y sostiene que la solución de problemas como la baja natalidad y la escasa incorporación de la mujer al mercado de trabajo debe llegar de la mano de remoción de los obstáculos y el aumento de la flexibilidad en el trabajo, de más guarderías y facilidades para atender a los familiares dependientes. "Eso es lo que piden las familias, y no que las sobornen con dinero para que tengan más hijos".

Algo tiene claro Herce, además de que hay que extender el cómputo a toda la vida laboral: "O se prolonga la edad de jubilación, o se cotiza más o la pensión será menor". Para él, la solución no consiste tan sólo en que haya más niños e inmigrantes, aunque reconoce que estos últimos son necesarios porque, sin ellos, muchas empresas tendrían que cerrar por la "restricción de brazos", es decir, la falta de jóvenes en la cantidad suficiente para satisfacer las necesidades del mercado de trabajo, un problema que hoy apenas se aprecia, porque hay un 11% de desempleo, "pero que cada vez será más acuciante". El gran reto, sostiene, es defender las pensiones de ese sector de la población que ahora anda por la veintena y empieza a trabajar.

Toda la vida laboral

El socialista José Antonio Griñán exige, antes de pronunciarse, que el Gobierno entregue un informe sobre los efectos que ha tenido sobre las pensiones el aumento del periodo de cálculo de 8 a 15 años, y la previsión de lo que supondría elevarlo a 20 o 30. Admite que "la idea de la contributividad" está en el Pacto, pero adelanta que el problema puede llegar a centrarse no tanto en "hablar de toda la vida laboral, sino de cómo se cuenta ésta y se atiende a los casos especiales".

Jesús Pérez, secretario ejecutivo de UGT, afirma que diversos estudios reflejan que las pensiones podrían reducirse hasta en un 30% si el cómputo se amplía a toda la vida laboral, y propone que se mantengan los 15 años y que el trabajador pueda elegir los mejores. Recuerda que UGT considera prioritario mantener las conquistas del sistema de bienestar social y de pensiones: "Si se consuman medidas que supongan auténticos recortes, estaremos enfrente con todas las fuerzas a nuestro alcance. Ahí está la experiencia de los trabajadores europeos". UGT no firmó el acuerdo de 2001 "porque no daba solución adecuada a ninguno de los grandes problemas de la Seguridad Social", y quién sabe si suscribirá el que las fuerzas sociales alcancen tras la renovación del Pacto de Toledo. Pero algo tiene claro Jesús Pérez: "Hagamos lo que haya que hacer para mantener un sistema de pensiones dignas, saneado y con futuro, no para quebrarlo, pero sin utilizarlo tampoco para lograr el déficit cero".

España se halla aún lejos del dramático escenario francés, alemán o austriaco, pero la tormenta asoma ya por el horizonte. Hay tiempo para conjurarla, si es que los intereses partidarios no truncan el consenso.