Un albañil ecuatoriano muere sepultado por un muro en unas obras ilegales

La capital vivió ayer un nuevo derrumbamiento con consecuencias mortales. Un obrero de nacionalidad ecuatoriana, Fausto Castillo Saraguro, de 30 años, murió aplastado por un muro de contención, mientras excavaba un sótano en un edificio protegido en el distrito de Salamanca, cerca de la plaza de toros de Las Ventas. Otro trabajador, Ángel Arijos, de 36 años y también ecuatoriano, resultó herido grave, al quedar aprisionado por los escombros. Fuentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo aseguraron que la empresa constructora carecía de licencia para horadar ese sótano.

El mortal accidente se produjo a las 8.37 en el número 13 de la calle de Castelar, a unos 400 metros del coso taurino, cuando los tres trabajadores de la empresa Ecuobras se encargaban de rehabilitar un inmueble protegido con nivel 2 (protección de la estructura y la fachada). Los obreros estaban excavando un sótano, para lo que habían horadado un pozo de unos tres metros de profundidad. Para ello se habían ayudado incluso de una máquina excavadora.

De repente, el muro medianero que separaba los inmuebles 11 y 13 se vino abajo y aplastó a Fausto Castillo, que quedó sepultado por los escombros. Su compañero, Ángel Arijos, quedó atrapado hasta el pecho, mientras que otro trabajador, el ecuatoriano Miltom Giovanni Balbuca, de 31 años, resultó ileso, según fuentes policiales. Fuentes municipales señalaron que el derrumbe se produjo cuando el fallecido estaba perfilando una zapata (una base) de un metro por un metro de superficie para colocar un pilar que debía sostener el forjado del techo del sótano, excavado unos tres metros con ayuda de una pequeña máquina retropala. La falta de apoyo del muro medianero al quedar sin tierra por debajo de él provocó el hundimiento en el interior del pozo que estaba levantando el obrero.

Atrapado por las piernas

Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid procedieron a rescatar a las víctimas. El herido fue el primero en ser sacado de los escombros, ya que quedó aprisionado hasta la cintura por los escombros. Según un portavoz del Samur-Protección Civil, sólo tenía golpes y magulladuras por el cuerpo, pero fue trasladado al hospital Ramón y Cajal para que le evaluaran posibles lesiones internas.

Más dificultoso fue el rescate del cadáver del obrero sepultado. Los bomberos tuvieron que desescombrar de forma manual ante el riesgo de nuevos derrumbamientos. Tardaron casi una hora en localizar el cuerpo, que ya estaba sin vida. A estas tareas también colaboró, según fuentes municipales, el compañero que resultó ileso. Después fue trasladado en un coche patrulla de la Policía Municipal a la comisaría del distrito de Salamanca para que declarara sobre lo ocurrido.

Uno de los primeros en dar la voz de alarma fue el comisario general de Policía Científica de la Dirección General de la Policía, Carlos Corrales, que, circunstancialmente, pasaba por la zona. Avisó desde su teléfono móvil a la sala del 091 y a su compañero de Policía Científica en la Jefatura de Policía de Madrid.

Al lugar del accidente se trasladaron familiares de la víctima, entre ellas la esposa, que tuvo que ser atendida por psicólogos del Samur. También se personaron el responsable del Área de Urbanismo del Ayuntamiento, Pío García-Escudero, y el concejal delegado de este área, Sigfrido Herráez.

El jefe del Departamento de Protección a la Edificación de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Ignacio Macías, explicó que los propietarios del inmueble siniestrado habían denunciado hace unos dos años que el edificio había sido habitado por okupas. En ese tiempo se habían producido algunos hundimientos parciales de la estructura y de la cubierta. Los afectados aportaron incluso un reportaje fotográfico del estado del edificio, por lo que un juzgado de Madrid decretó el desalojo inmediato de la finca.

Tras esto, la Gerencia Municipal de Urbanismo abrió un expediente por las deficiencias. La inspección técnica de edificios (ITE) confirmó los problemas estructurales del edificio, por lo que se obligó a los dueños a repararlos. Según explicó Macías, los trabajos de rehabilitación sólo podían circunscribirse a subsanar estos fallos, lo que "desde luego no incluía la construcción de un sótano". "El último informe que existe en la Gerencia Municipal de Urbanismo es de principios de año y se reiteran todos los fallos detectados en las anteriores revisiones", señaló Macías.

El Ayuntamiento había instado a la propiedad, mediante una obra de ejecución municipal (de obligado cumplimiento), a que adoptara las medidas de consolidación y reestructuración necesarias. En caso de que no lo hubieran acometido los dueños, los habría hecho el Ayuntamiento con cargo a los propietarios. "Ahora habrá que saber si los trabajos tenían plan de seguridad y si se ha adoptado estas medidas por parte del aparejador que dirige las obras", señaló Macías.