Castresana pide que no se autorice la ampliación de capital del Atlético

El fiscal anticorrupción, Carlos Castresana, solicitó ayer a la sala primera de la Audiencia Nacional que no de luz verde a la ampliación de capital propuesta por el consejo de administración del Atlético de Madrid por considerar que "no se pueden vender acciones nuevas mientras estén sin vender las antiguas, y porque tampoco se puede autorizar la compensación de acciones por crédito mientras se ignore a quién se debe y cuánto".

La entidad del Manzanares considera necesario aprobar el 27 de este mes una ampliación por valor de 36 millones de euros dividida en dos tramos. Uno, por valor de 22 millones de euros, por compensación de créditos, y otro, de 14 millones, para los 2.072 pequeños accionistas de la entidad. Dos empresas de Jesús Gil, Promociones Guadalquivir y Promociones Futbolísticas, son el mayor acreedor del club rojiblanco y percibirían títulos por un montante de 17 millones de euros.

En opinión de Castresana, ninguno de los dos tramos debe ser autorizado. "La ampliación por aportaciones dinerarias no debe ser autorizada porque la Ley de Sociedades Anónimas exige como requisito previo el total desembolso de las acciones anteriormente emitidas", razona en su escrito el fiscal, que recuerda así que, según dictaminó la Audiencia, ni Jesús Gil ni Enrique Cerezo hicieron "desembolso alguno" por el 95% del capital del Atlético. Motivo por el que esas acciones están embargadas a la espera de que se pronuncie el Supremo.

"Contabilidad maquillada"

La ampliación mediante compensación de créditos "tampoco puede ser autorizada", prosigue Castresana, que argumenta su postura apoyándose en que " la Ley de Sociedades Anónimas exige certificación por auditor, una vez verificada la contabilidad social, de la exactitud de los créditos a compensar". Según el fiscal, "el auditor ha verificado la concordancia entre los datos facilitados por los administradores del club y la contabilidad del mismo, pero, como han señalado los interventores, la contabilidad del Atlético no refleja la imagen fiel de la situación de la entidad". El letrado recuerda así la sentencia de la Audiencia del mes de febrero pasado, en la que se subraya "la imposibilidad de desbrozar la contabilidad del club, dado el propósito de los gestores de enmascarar las cuentas".

El fiscal recuerda que de los 22 millones de euros del tramo de la ampliación dedicado a los acreedores, "la gran mayoría, más de 18,75 millones, corresponden a Gregorio Jesús Gil y Gil y Enrique Cerezo" y, aduce que "no se tiene en cuenta que ambos han sido condenados a restituir al club sus acciones por 11,72 millones de euros". También subraya que "en la contabilidad del club debe reponerse otro crédito contra Gil de 16,23 millones. Ahora figura como pagado". En un tercer punto, Castresana señala que Gil está imputado por "haber desviado 53,6 millones de euros a paraísos fiscales". Ese dinero figura en los libros contables como gastos necesarios. También subraya que los gestores "han maquillado la contabilidad".