La UE negocia hasta el límite el acuerdo para reformar la PAC

Reformar la Política Agrícola Común (PAC), el capítulo que absorbe casi la mitad del presupuesto total de la Unión Europea, se está demostrando una tarea casi imposible. Los ministros de Agricultura reanudaron ayer su reunión en Luxemburgo, suspendida la pasada semana, con voluntad de llegar a un acuerdo sobre una reforma que será trascendental pero que se viene aplazando desde hace meses.

Enzarzados en las diferencias, la presidencia griega y el comisario de Agricultura, Franz Fischler, hicieron una ronda de encuentros bilaterales a puerta cerrada con cada ministro. El acuerdo final se espera para hoy, tras un nuevo cónclave maratoniano.

A falta de detalles, a veces fundamentales, que los ministros quieren solventar hoy, el camino parece haber quedado abierto (tras el acuerdo franco-alemán de la pasada semana) a un cambio trascendental: los cuantiosos subsidios agrícolas europeos no incentivarán como hasta ahora la producción, y los agricultores sólo lograrán mantener el nivel de subsidios que perciben si respetan el medio ambiente, el bienestar animal, la calidad alimentaria y la seguridad laboral de los empleados.

El nuevo sistema, que prevé una pequeña reducción de las ayudas agrícolas para desviarlas hacia desarrollo rural, facilita, pues, el recorte de los subsidios en un futuro próximo al condicionar los pagos a esos criterios.

Se han resistido hasta el final a estos principios de la reforma los países más beneficiados por la PAC de la UE como Francia, España, Italia e Irlanda. Estos países han logrado evitar la desvinculación total de la producción que pretendían la Comisión Europea y los principales contribuyentes del presupuesto (Alemania, Holanda y Reino Unido), pero han admitido introducir en cierta proporción ese principio de la desvinculación que cambiará el panorama tanto a nivel interno como a nivel internacional.

Abandono de producción

Con el nuevo sistema, dicen los países contrarios a la reforma, se va a abandonar la producción, porque el campesino podrá percibir una parte importante de las ayudas sin necesidad de mantener la actividad agrícola. Se pagará, dicen, a los agricultores por no hacer nada, lo que en el futuro pondrá en cuestión además la misma razón de subsidiarlos. Los defensores de la reforma consideran que el riesgo de abandono de la producción sólo es real en las explotaciones de bajo rendimiento (abundantes en España), razón por la cual aceptan instituir ayudas para estas zonas llamadas "desfavorecidas".

Los defensores de los cambios alegan también que la desvinculación es una demanda de los socios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y una demanda social: los contribuyentes europeos están en contra de costear una sobreproducción que sólo beneficia al agricultor y a veces a los cazaprimas y que perjudica a los países pobres de alta producción agrícola al distorsionar las reglas de mercado.

El presupuesto de la PAC es de 43.000 millones de euros anuales (el 45% del presupuesto de la UE), y el grueso del total se dedica a las ayudas directas al campo (alrededor de 30.000 millones), que en este momento se adjudican a través de una maraña de unas 30 primas diferentes.