El concejal que negoció una alcaldía en la sede del PP está imputado por corrupción

El 'número dos' del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, trató sobre un posible pacto para arrebatar la alcaldía de Sevilla la Nueva al PSOE con el concejal independiente Juan Antonio Teresa, al que el partido había expulsado dos años antes por apoyar una moción de censura contra el hoy portavoz del PP en ese ayuntamiento. Teresa presidió el equipo de Gobierno que desde 2001, del que formaba parte Batanero -alcalde del PP entre 1981 y 1999, cuyas decisiones urbanísticas han motivado una querella de la Fiscalía de Madrid contra dicho equipo en pleno por favorecer los intereses privados.

Romero de Tejada, según su versión, atendió la sugerencia del constructor Francisco Bravo Vázquez -el empresario que reservó dos habitaciones en un hotel madrileño para los diputados socialistas desertores- para negociar con Teresa un acuerdo político que evitara dejar el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva en manos socialistas. Teresa le ofreció un "prepacto" redactado en un documento que fue rechazado por los concejales del PP en Sevilla la Nueva, quienes, entre otras cosas, habían sufrido la moción de censura que llevó a Teresa a la alcaldía.

Teresa, alcalde de Sevilla la Nueva hasta el pasado 14 de junio, cuando fue elegida la socialista Pilar Barroso para ese puesto, reconoció ayer que su única relación con el constructor Bravo Vázquez se debía a dos promociones de chalés que el empresario había desarrollado en su municipio y que el regidor autorizó.

La Guardia Civil hizo un informe incriminatorio sobre las promotoras inmobiliarias de Ángel Batanero, alcalde del PP de Sevilla la Nueva hasta 1999, en la que figura en dos ocasiones la intervención de documentación referida a la empresa Euroholding, de Francisco Bravo Vázquez, con el que promovía chalés en ese municipio.

La querella de la Fiscalía, presentada en abril ante el juzgado de Navalcarnero, denuncia la supuesta relación entre la moción de censura que dio la alcaldía a Juan Antonio Teresa Villacieros y los presuntos delitos cometidos posteriormente por el Gobierno que se constituyó tras aquella operación política.

La moción de censura, afirma el fiscal en su querella, "parece que tuvo como único fin conseguir el control de las decisiones municipales a los efectos del favorecimiento de los intereses privados urbanísticos". La denuncia, de entrada, apunta a un "hipotético enriquecimiento patrimonial vinculado a un levantamiento de cargas hipotecarias del primer teniente de alcalde de Sevilla la Nueva desde aquella fecha del primero de septiembre de 2001". Y la querella recuerda que fue "decisivo" el voto de Alberto Dilliz (ex concejal socialista), que, "sorprendentemente quebrantó la disciplina de voto de su grupo". "El equipo de Gobierno [Juan Antonio Teresa Villacieros, Ángel Batanero, María Luisa Moreno, Cristina Chozas y Alberto Dilliz], elegido tras la sesión del primero de septiembre de 2001, se aplica a beneficiar los intereses urbanísticos privados tolerando expresamente que se ejecute el desarrollo de la U.E. 20 sin establecer el régimen de protección pública que establecía la ficha urbanística". La querella recuerda que dicho equipo de gobierno desestimó un requerimiento del Gobierno regional para forzar el carácter público de dichas viviendas. El equipo Teresa/Batanero desestimó la resolución sin informe jurídico. Batanero "no se abstuvo, a pesar de ser su inmobiliaria la que había promocionado las citadas viviendas", acusa el fiscal.

Desaparición de un parque

La querella también relata la desaparición de un parque público de Sevilla la Nueva. "Desde hace más de diez años existe un parque público en la confluencia de la calle Sevillanos con Santiago Apóstol, con columpios, juegos infantiles, paseos peatonales, iluminación... Ya en las normas subidiarias de 1986 se definió como zona verde de uso público. Pues bien, el alcalde Teresa presenta al pleno el 8 de julio de 2002 un convenio que ya estaba firmado por Teresa y una persona determinada, Valentín Sagarduy. En el citado pergeño de documento, el alcalde reconoce a Sagarduy la propiedad del parque público, sin que el citado acredite fehacientemente título de propiedad, y mediante un informe del arquitecto municipal valora la propiedad en 181.482 euros, a precio de suelo urbano de casco urbanizable".

Operación irregular

La fiscalía detalla el siguiente paso de esta operación que juzga irregular: "El alcalde se compromete, a continuación, a entregarle aquella cifra económica mediante la permuta de su parcela por cuatro parcelas residenciales ya urbanizadas en cualquiera de las SAU 1, 2 o 3, indistintamente o, en el supuesto de que no pudiera efectuarse en el plazo de doce meses, se compromete a que Sagarduy recupere su parque público, dejando libre previamente toda obra municipal, o bien entregándole 30 millones de pesetas en mano".

La búsqueda del título de Sagarduy sobre su parque dio un resultado infructuoso a la Fiscalía: "La única parcela de Sagarduy en Sevilla la Nueva aparece gravada por un embargo", al que no han hecho referencia los cargos municipales, y no consta que sea el citado parque.

La querella cita más elementos irregulares en las decisiones urbanísticas del Gobierno municipal de Sevilla la Nuevacon un fondo común: "El beneficio ílicito de de los intereses privados del concejal Batanero", y la "despatrimonialización de los bienes del municipio a favor de intereses privados".