El banco central de México demanda a entidades privadas por opacidad

Los cuatro bancos más importantes de México, Banamex, Banorte, Bital y BBVA-Bancomer, fueron demandados por el central, ante juzgados federales mercantiles, para que informen sobre la cartera crediticia vendida al fideicomiso establecido por el Gobierno de Ernesto Zedillo (1994- 2000) en 1995, para evitar la bancarrota nacional durante la crisis de aquel año. La operación de salvamento, canalizada a través del oficial fideicomiso Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa), obligó a un desembolso cercano a los 75.000 millones de dólares.

El diario Reforma reveló en portada que la acción judicial del Banco de México, entidad autónoma, no tiene precedentes en el sistema financiero nacional y se interpuso entre los meses de enero y abril de este año. Aquella millonada fue administrada con criterios que desataron un escándalo y denuncias de corrupción, y se ha transformado, de hecho, en deuda pública. Los cuatro bancos tienen en su poder, según el rotativo, 17 pagarés emitidos por el Gobierno, al amparo del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, creado para que la banca aumentara su capital mediante la sustitución de la cartera vencida por los pagarés.

El valor actualizado de esos pagarés, vendidos entre los años 1995 y 1996, se aproxima a los 21.100 millones de dólares. Para poder canjearlos, es decir, para cobrar su dinero, los bancos deben aceptar ser auditados y determinarse si la cartera que vendieron al Fobaproa se ajustó a las directrices del Programa de Capitalización. El instituto emisor, según fuentes oficiales, quiere comprobar que las cuentas de las cuatro entidades tras la crisis bancaria se ajustaron a la realidad y justificaban la asistencia recibida. La inspección fiscal de la Cámara de Diputados pide descuentos sustanciales en las cantidades oficiales a abonar.