Mercado libre y vivienda protegida chocan en Madrid

"En cuanto hablamos de modificar la Ley del Suelo comenzó el ruido de las chequeras". Son palabras de Rafael Simancas, que está convencido de que tras la deserción de dos diputados de su lista existe una trama inmobiliaria que perdería miles de millones de pesetas si el líder de los socialistas madrileños llegase al poder en la Comunidad de Madrid.

"Vamos a garantizar que el 50% del suelo público se destine a vivienda protegida". "Todos los desarrollos urbanísticos en los que participe la Comunidad se van a hacer a través de consorcios, no a través de juntas de compensación". "Vamos a frenar las estrategias especulativas". Estas fueron algunas de las principales promesas sobre las que Simancas basó su campaña electoral.

Simancas: "Penalizaré a los operadores privados que no cuenten con la Administración"

Promesas envenenadas para los constructores y especuladores del suelo, que han contribuido a que Madrid se haya convertido en la primera burbuja urbanística de Europa con una subida espectacular del precio de la vivienda (un incremento de precios de un 120% en los últimos siete años). "Si los operadores privados quieren construir sin contar con la Administración lo podrán hacer, pero les penalizaremos fiscalmente", afirmó Simancas.

Luis Eduardo Cortés (PP), consejero de Obras Públicas del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, sin embargo, se mostró de acuerdo con la actual Ley del Suelo, de la que dijo que "empieza ahora a producir los primeros efectos". Para Cortés, los cambios en esta norma no serían "razonables".

En Madrid capital hay en juego, en este momento, tres de las mayores operaciones urbanísticas de España en volumen de negocio. En la llamada Operación Chamartín, 3.120.000 metros cuadrados, de los que 2.465.000 son edificables y en los que se levantarán entre 9.600 y 16.000 viviendas y entre 739.000 y 1.477.000 metros cuadrados de oficinas.

En el nuevo barrio de Valdebebas, el Ayuntamiento, en manos del PP, logró que se recalificaran parte de las 1.000 hectáreas que había comprometido en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 como la llamada segunda Casa de Campo en el este de la ciudad. La recalificación suponía la construcción de 11.500 viviendas, una reserva de 145 hectáreas para oficinas y 120 más para levantar la nueva Ciudad Deportiva del Real Madrid.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la recalificación. Luis Eduardo Cortés afirmó: "Si prospera esta paralización, el PSOE habría anulado el derecho a miles de viviendas ganadas por los madrileños".

En cuanto a la Operación Campamento, aún por desarrollar, ha dejado meridianamente claras las diferencias de criterio entre PP y PSOE. Los populares abogaron por una recalificación de 6,8 millones de metros cuadrados que permitiera construir 15.000 viviendas, y otra zona de oficinas donde ahora se levantan los infrautilizados cuarteles que pertenecen al Ministerio de Defensa.

Rafael Simancas, sin embargo, declaró que trabajaría para que ese suelo tuviera como "finalidad la generación de vivienda protegida, de equipamientos sociales y de espacios verdes". La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez, propuso durante la campaña que en los terrenos se levantara, entre otras cosas, una ciudad tecnológica.

Modesto Nolla, candidato del PSOE a la Consejería de Urbanismo, sostuvo durante la campaña que "la vivienda libre se ha multiplicado en esta legislatura [la que terminaba] un 88% y la protegida es prácticamente inexistente". En cuanto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Nolla aseguró: "Nos han dado la razón en una parte del recurso y eso nos anima para desarrollos urbanísticos no consolidados"

La cirugía del centro

El nuevo alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, aseguró que haría una verdadera operación de cirugía urbanística en el centro de la capital. Para ello, pretende desarrollar un programa de rehabilitación del casco urbano y recuperar unas 40.000 viviendas en la almendra central de la ciudad. Para llevar a cabo este plan de cirugía, sería necesaria una modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Se trataría de una modificación puntual, que permitiría cambiar el uso del suelo en algunos barrios pero que precisaría el visto bueno de la Comunidad de Madrid.

El objetivo de Rafael Simancas era poner en el mercado desde el Gobierno regional 50.000 pisos protegidos y ofrecer otros 100.000 en alquiler. Su oponente del PP, Esperanza Aguirre, ofreció durante la campaña construir 79.000 viviendas en alquiler "a precio asequible" destinadas especialmente a los jóvenes. Éstos tendrían que pagar unos seis euros por metro cuadrado. En caso de que el inquilino quisiera comprar la vivienda, se descontaría del precio parte de lo abonado como alquiler.

El candidato de IU a la Comunidad de Madrid, Fausto Fernández, también apostó por reformar la Ley del Suelo, de modo que los solares en manos de promotores privados pudieran ser utilizados por las Administraciones locales y regionales.

En la localidad de Alcorcón está pendiente de aprobación por parte de la Comunidad de Madrid la recalificación de 1.226 hectáreas de suelo para construir el llamado Ensanche Norte, con 33.000 nuevas viviendas.