Los planes urbanísticos tensan la política valenciana

Las cuestiones urbanísticas en la Comunidad Valenciana, sin haber ocupado un papel central en la pasada campaña electoral a la presidencia de la Generalitat, han generado un buen número de polémicas. La promesa incumplida en la pasada legislatura por el PP de aprobar una ley de Ordenación del Territorio -que ahora se ha vuelto a prometer- llevó a los ayuntamientos valencianos a aprobar el mayor número posible de planes de actuación urbanística antes de que entrase en vigor la nueva legislación.

El candidato socialista, Joan Ignasi Pla, ya en precampaña prometió que, si vencía, aplicaría una moratoria de dos años para impedir que se urbanizase el poco litoral virgen existente en el País Valenciano. Una promesa que el secretario general del PSPV-PSOE matizó posteriormente al señalar que la moratoria impediría la recalificación de suelo rústico en urbanizable hasta contar con una nueva ordenación legislativa.

En plena precampaña electoral, el pasado 1 de marzo varios miles de personas se manifestaron en Valencia para protestar por los abusos urbanísticos. En Castellón, los socialistas se querellaron contra el alcalde, José Luis Gimeno, del PP -que ha vuelto a ganar con mayoría absoluta-, el primer teniente de alcalde y edil de Urbanismo, Alberto Fabra, y una constructora, por tráfico de influencias, prevaricación y falsificación en una multimillonaria operación urbanística. En la instrucción judicial se supo que Fabra era administrador de una firma dedicada a la gestión de programas para el desarrollo urbanístico del suelo. Había creado la empresa cuando ya era concejal de Urbanismo. El juez archivó el caso justo antes de las elecciones. Los socialistas están pendientes de que se les admita a trámite una ampliación de la querella.

En la ciudad de Alicante, Luis Díaz Alperi (PP), que también ha revalidado su mayoría absoluta, ha tenido que hacer frente durante toda la campaña electoral a las acusaciones de la oposición de propiciar un pelotazo urbanístico. Los socialistas le acusan de firmar un convenio en el que cedió suelo municipal para dar un trato de favor a los dueños de dos viejas fábricas.

El acuerdo incluye el desmantelamiento de las naves industriales y despeja el terreno para la construcción de 1.200 viviendas de lujo en una de las zonas más apetecibles de la ciudad. Los propietarios de las fábricas ya tienen constituida una empresa urbanizadora.

En Dénia (Alicante), la decisión adoptada a principios de año por los populares y el Bloc Nacionalista Valencià de aprobar el último trámite para urbanizar la zona litoral de Las Marinas y construir 18.000 nuevas viviendas sí ha tenido repercusiones electorales. El único partido que se opuso, el PSPV-PSOE, ha pasado de cuatro a siete concejales -de 2.500 a 5.300 votos- y tiene garantizada la alcaldía. El PP ha pasado de seis ediles a cinco, y el Bloc, de seis a cuatro.

En la localidad castellonense de Oropesa, el alcalde Francisco Garrido, independiente, ha recurrido por vía contencioso administrativa el empadronamiento de casi 200 personas que fueron registradas el pasado mes de enero por un directivo del grupo empresarial que desarrolla el complejo de vacaciones Marina d'Or. Estas altas, que suponen casi la mitad de los 400 nuevos habitantes de Oropesa, pueden suponer hasta dos concejales sobre un censo de 4.800 electores. Garrido afirma tener la sospecha de que el beneficiario de los nuevos electores registrados es el PP. La asignación de concejales tras el 25-M ha sido la misma para populares e independientes, aunque los primeros han incrementado su ventaja respecto a los segundos.

El grupo Marina d'Or Ciudad de Vacaciones también ha tenido una presencia visible en otra polémica decisión política. En el municipio castellonense de Cabanes, Esquerra Unida ha recurrido la adjudicación de las obras de urbanización, en plena campaña electoral, de 1,2 millones de metros cuadrados del último tramo de litoral virgen en la provincia de Castellón. Allí, los dos ediles populares que repetían en la candidatura y los socialistas -alguna de cuyos concejales tiene intereses en la zona- adjudicaron la urbanización de la playa de Torre la Sal a una empresa del grupo Marina d'Or.