Sort paraliza la apertura de una pista forestal por falta de permisos

El Ayuntamiento de Sort (Pallars Sobirà) ha decretado la paralización de las obras de apertura una pista forestal, necesaria para la construcción de una minicentral, tras comprobar que la empresa promotora, Recursos Hidráulicos de Llessui, SL, carece de los permisos municipales y de Medio Ambiente. Las obras afectan a una zona de protección del quebrantahuesos, un ave carroñera en peligro de extinción, por lo que los ecologistas también han presentado una denuncia por delito ecológico.

El alcalde de Sort, el convergente Agustí López, ha confirmado que el consistorio ha ordenado paralizar las obras tras recibirse en el Departamento de Medio Ambiente cuatro denuncias de los agentes forestales y al realizarse los trabajos sin los permisos pertinentes. López recordó que el consistorio lleva siete años litigando para que el proyecto no se lleve a cabo por motivos turísticos y de sostenibilidad.

La pista forestal, de la que ya se había construido más de un kilómetro, discurre cerca de un área de nidificación del quebrantahuesos, algo que prohíbe la normativa sobre protección de aves en peligro de extinción. La pista se estaba abriendo para poder acceder al barranco de Berasti, lugar en el que la empresa pretende construir una minicentral eléctrica que precisaría una captación de 0,5 metros cúbicos de agua por segundo y produciría una media de 13,6 gigavatios por hora.

Además de afectar a un espacio protegido, las máquinas han trabajado a sólo 200 metros de la zona periférica del parque nacional de Aigüestortes, provocando un considerable impacto paisajístico. Lo Pi Negre, entidad conservacionista de la comarca, ha denunciado los hechos ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por un supuesto delito ecológico.

Responsables de la empresa, que agrupa a 28 vecinos de Llessui, afirman que la pista se ha abierto para que pase la tubería y que tienen la intención de reforestarla una vez construida la minicentral. Los ecologistas critican que los propietarios de los terrenos no protejan al quebrantahuesos pese a que reciben dinero de la Unión Europea para ello.