La Junta apremia a Endesa a que elimine los contadores eléctricos de más de 30 años

Toca revisión para los contadores eléctricos. La inmensa mayoría de los aparatos que miden el consumo de energía en las viviendas andaluzas no han pasado por los controles de la Administración hace muchos años. Y la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico calcula que un tercio supera las dos décadas de antigüedad. La Consejería realizó en 2001 "un muestreo" para tener información sobre el estado del parque, que no se había analizado antes por la falta de normativa concreta. En mayo de 2002, una norma estatal estableció al fin las condiciones para realizar la verificación periódica de los contadores, mucho más precisas y estrictas que las aplicadas en la inspección autonómica.

Cuando a mediados de 2001 la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico decidió realizar una inspección de los contadores, apenas había precedentes. Pese a las continuas reclamaciones de las comunidades y de asociaciones de consumidores, el Gobierno central sólo había regulado de modo preciso cómo realizar la verificación periódica de los contadores estáticos (los más modernos, apenas un 0,1% del parque) pero no de los electromagnéticos de inducción, que copan absolutamente el mercado. En la inmensa mayoría de los casos, las compañías eléctricas alquilan estos aparatos a los consumidores.

La inspección autonómica de 2001 se realizó sobre una muestra de contadores de inducción en 1.599 viviendas en toda la comunidad elegidas de modo aleatorio. Y se "adaptó" la forma de calcular el error en la medición de los contadores estáticos, que sí estaba fijada por una norma de 2000. El resultado de la inspección fue que en el 7,9% de los casos analizados, el error sobrepasó el límite legal (4% de exceso o defecto sobre la medición exacta). Un resultado que, según los cálculos de la consejería, invalidaba 165.000 aparatos de los dos millones en los que estimaba el parque andaluz de contadores.

Estos resultados fueron muy criticados por un ingeniero, Antonio Moreno, que lleva años en litigio con las eléctricas: la Audiencia Nacional ha estudiado una demanda de este ingeniero en la que acusa a las compañías de haber cobrado alquileres abusivos sin renovar el parque de contadores, a lo que les obliga la Ley.

Moreno advirtió con varios escritos a la consejería que la medición del error no se ajustaban estrictamente a la forma de calcular desviaciones que se establecía en la normativa sobre contadores estáticos. Según el ingeniero, no se habían probado los contadores con la intensidad máxima y se había equivocado los conceptos de valor absoluto (sin signo positivo o negativo) y valor relativo.

Según los escritos de Moreno, si se hubiese aplicado estrictamente la forma de cálculo establecida, los errores fuera del límite legal habrían doblado las desviaciones registradas en la inspección autonómica (del 7,9% al 15%). "Nosotros lo que hicimos fue analizar la calidad del consumo en la vivienda, donde la intensidad máxima no es normal", argumenta José Navas, jefe de servicio de Industria en la consejería, quien asegura que en los contadores más antiguos no figura ese valor.

Falta de normativa

Navas recuerda además que la inspección autonómica tampoco siguió el procedimiento habitual que se exige en una verificación periódica, por falta de normativa que obligara a las eléctricas: agrupar por lotes los contadores (por marca, modelo y antigüedad), elegir una muestra de cada lote y realizar el análisis en laboratorio.

En mayo de 2002, el Gobierno aprobó una norma de verificación periódica para los contadores de inducción, que la Junta acaba de adaptar esta primavera. Y en ella, la forma de cálculo establecida es la misma que la que exigía Moreno. "Lo que hicimos fue una inspección para comprobar el funcionamiento doméstico de los contadores, no una verificación", recalca el jefe de servicio de la consejería. El director autonómico de Industria, Jesús Nieto, ha exigido este mes a las compañías que suministre la información para realizar los lotes necesarios. Esta semana les enviará un nuevo escrito para apremiarles a eliminar los contadores mayores de 30 años, como exige la norma de mayo de 2002.

Las compañías han recurrido ante los tribunales esta norma que obliga a eliminar los contadores más antiguos antes de mayo de 2004 y verificar los de más de ocho años. Entre los argumentos empleados en el recurso, está el bajo nivel de error detectado en la inspección autonómica, que Moreno cree inválida como verificación oficial.