El PSOE planea una querella por cohecho contra los disidentes

El PSOE trabaja intensivamente en la recogida de información que dé lugar a una acción judicial contra los dos diputados de la Asamblea de Madrid desertores que frustraron la consecución de una presidencia socialista en dicha Cámara, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez Laguna. En principio, la fórmula que barajan los juristas que trabajan en este terreno se inclina por la presentación de una querella criminal por un presunto delito de cohecho.

A partir de aquí entra en juego una minuciosa reconstrucción de las amistades peligrosas de estos parlamentarios huidos con el mundo empresarial, singularmente el inmobiliario. Mundo del ladrillo con el que Tamayo tenía contacto directo, según el PSOE, a través de iniciativas personales empresariales en la sierra norte madrileña, así como indirecta, a través de posibles contactos obtenidos a raíz de sus contratos como letrado para grupos de la construcción, como era el caso de José Luis Balbás, su líder.

Mediante estas pesquisas, que afectan a decenas de empresas, se intenta centrar la sospecha sobre el financiador del supuesto soborno. La querella criminal aparece como la fórmula jurídica más apetecible en Ferraz por juzgarse la más sólida y pilotable por el denunciante.

Personas conocedoras de la gestación de esta querella no descartan que pueda haber más nombres propios relacionados con el PSOE al margen de los dos diputados, pero matizan que su inclusión dependerá mucho de los datos que vayan acumulando en estos días. Tampoco olvidan repasar la actuación de los personajes políticos de esta trama en las distintas operaciones urbanísticas desarrolladas en el territorio madrileño, por sospechar que el cohecho ha podido tener su precedente en el campo del tráfico de influencias para favorecer determinados intereses empresariales.