La compraventa de Madrid

¿Puede operar un sistema democrático si, una vez conocidos unos resultados electorales, hay personas con enormes medios económicos que deciden invertir la cantidad que sea necesaria en corregirlos y si todos los partidos no rechazan esa inversión como inaceptable?

Este es el interrogante al que la sociedad española en su conjunto tiene que dar respuesta. La responsabilidad del PSOE es obvia y sin una reacción ejemplar por parte de su dirección, por muy dolorosa que sea, no va a poder dirigirse a los ciudadanos con credibilidad. Pero el problema que tiene la dirección socialista no debe de hacernos perder de vista el problema general, que es mucho más importante.

¿Es admisible que se pueda comprar el Gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿Es admisible que algún partido pueda dar por buena, por acción u omisión, esa compra? ¿Es admisible que se les diga a los ciudadanos que, puesto que no han votado bien el 25 de mayo, tienen que volver a hacerlo en otoño? Repetir las elecciones, ¿no es una manera de dar por buena la compra?

Esto es lo que está en juego. El ataque que supone al sistema político español la compra de los dos diputados autonómicos socialistas es el peor de los que puedan imaginarse. Mucho peor que el terrorismo. Si esta compra acaba siendo dada por buena, no habrá forma de evitar la repetición o la amenaza de repetición, que políticamente es lo mismo, de prácticas de este tipo en el futuro. Montesquieu decía que la libertad es la sensación que cada uno tiene de su propia seguridad. No la seguridad, sino la sensación de seguridad. Pues lo mismo ocurre con la democracia. La sensación del ciudadano de que es mediante su voto como se constituye el Gobierno es lo que hace que la democracia sea posible. Si los ciudadanos no tenemos esa sensación, el fundamento del sistema democrático se viene abajo.

Y es así, porque se trata de una amenaza frente a la cual ninguna sociedad puede defenderse, si no es con la actuación solidaria de todos los partidos políticos. Es imposible hacer listas de miles de personas completamente incorruptibles. Únicamente si se deja claro que ninguna operación de esa naturaleza será aceptada por ningún partido y que, en consecuencia, no podrá surtir efectos en ningún caso podremos cortar de raíz el problema. Si así no se hace, el problema podrá reaparecer en cualquier momento y reaparecerá cuando la ocasión lo requiera.

Si la inversión de la compra de los dos diputados autonómicos socialistas es rentable, ¿qué es lo que podrá impedir que se vuelva a repetir cuando sea necesario; esto es, cuando el volumen del negocio sea lo suficientemente atractivo?

Un desafío de esta naturaleza al Estado democrático exige una respuesta única e inequívoca por el conjunto de los partidos políticos. Es un problema que ha surgido en el seno del Partido Socialista, pero no es un problema del Partido Socialista. Es un problema para el Partido Socialista, pero no exclusivamente suyo. Nos afecta a todos. El PSOE pagará sin duda muy caro el error cometido. Pero si los dos parlamentarios autonómicos siguen manteniéndose en sus escaños, lo acabaremos pagando todos.

La competición en todos los sistemas políticos democráticos es muy fuerte y el juego no siempre es todo lo limpio que debería ser. Pero hay límites. No se puede aceptar una conducta que ponga en cuestión el sentido de pertenencia de todos los partidos al mismo sistema político. Sin dicho sentido de pertenencia ninguna democracia puede operar de manera estable. Esto es lo que la compra de Madrid pone en cuestión. Darla por buena supone romper la solidaridad invisible pero indispensable para que una democracia funcione.