Juego de intereses en Madrid

Madrid tiene pendientes tres de las mayores operaciones urbanísticas de España en volumen de negocio: la Operación Chamartín, el ensanche de Campamento, y el futuro Valdebebas.

Estos tres proyectos suponen la recalificación de más de 1.000 hectáreas de suelo rústico en el norte y el oeste de la capital para construir al menos 45.000 viviendas y levantar oficinas en millones de metros cuadrados.

Estos planes urbanísticos, que ha tramitado el PP durante los últimos años desde los Gobiernos central, autonómico y municipal, necesitan un último empujón del próximo Ejecutivo de la Comunidad de Madrid.

Aún se desconoce el nombre del presidente y de los consejeros del próximo Gobierno regional pese a que las elecciones del pasado 25 de mayo arrojaron un resultado claro: la suma de IU y PSOE logró un escaño más que el PP.

Una sorpresa de última ahora el pasado martes hizo que ni siquiera se sepa ahora qué partido o partidos políticos podrán hacerse con el timón autonómico. La espantada de dos diputados socialistas, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que se ausentaron del pleno el día de la constitución del Parlamento y dejaron sin mayoría absoluta a la izquierda (PSOE más IU), ha llenado de incertidumbre el futuro de la Comunidad de Madrid.

El proyecto urbanístico emblemático del siglo XXI se conoce como Ensanche de la Castellana u Operación Chamartín. Se trata de la prolongación del Paseo de la Castellana a través de unos terrenos que ocupan 3,1 millones de metros cuadrados y en los que se podrán edificar hasta 16.000 viviendas y 1.477.000 metros cuadrados de oficinas.

La operación fue promovida por Renfe, que aportará un importante volumen de terrenos para la operación, y adjudicada a Duch, una empresa privada propiedad del BBVA.

Tras más de siete años de gestiones, la Operación Chamartín está pendiente de la aprobación de sus planes parciales donde se deberá precisar qué se puede construir en cada parcela. A partir de ese trámite, que deberá contar con el respaldo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, cada propietario de suelo habrá consolidado sus derechos urbanísticos.

Rafael Simancas declaró a este periódico cuando aún no se habían celebrado las elecciones que si el PSOE llegaba al Gobierno regional cambiaría el modo de gestión de la Operación Chamartín para reducir el poder de la empresa privada del BBVA: "La prioridad en estos momentos está en racionalizar esos desarrollos y someterlos al interés general porque se han planificado en clave especulativa. La Operación Chamartín será gestionada desde el sector público; ahora está siendo gestionada por la empresa privada que se llama Duch, que corresponde a un grupo financiero BBVA. Estamos hablando de la operación urbanística más importante de Europa en marcha, por su dimensión y por sus implicaciones económicas, no tiene sentido que una operación de estas características esté gestionada por un operador privado que, desde luego, actúa en cada momento buscando la maximización de los beneficios del grupo financiero para el que trabaja. Recuperaremos el control público de esta operación".