Del Toro atribuye a la consejería las competencias sobre becas de comedor

Un día después de que la federación de enseñanza de CC OO denunciara que "el Ayuntamiento de Valencia dejará de pagar el próximo curso las becas de comedor a más de 800 alumnos de Educación Infantil de diferentes colegios públicos de la ciudad", el Consistorio se ha comprometido ante la federación de padres de alumnos FAPA-Valencia a "resolver el conflicto de competencias" para garantizar que todos los niños que se han quedado sin beca pueda tener acceso a ella. Según la presidenta de la federación, Carmen Molina, el concejal de Educación, Emilio del Toro, anunció su compromiso durante la sesión del Consejo Escolar Municipal. No obstante, Molina precisó que "a día de hoy, los pequeños no tienen garantizado el servicio, ya que el Ayuntamiento -que hasta ahora se había hecho cargo de la concesión de las ayudas- aduce que no son competencia suya" y responsabilizó a "la Consejería de Educación de desentenderse del problema, por ser un nivel de enseñanza no obligatoria".

En el trasfondo de esta polémica subyacen dos cuestiones de fondo. Una de carácter técnico: como es el hecho de que la Dirección de Centros, que dirige Herminio García, haya optado por revertir la senda de la "privatización de la gestión de los comedores escolares" emprendida hace tres años por su antecesor y devolver a las asociaciones de padres la gestión (tal y como pedían entonces), pero fijando unos criterios comunes en materia de precios y de número de educadores por centro. La segunda cuestión, de orden político, "se enmarca", según fuentes oficiales y del propio PP, "en la situación de interinidad por la que atraviesa la Consejería de Educación, a la espera de que se produzca el nombramiento del responsable del área del nuevo gobierno de Francisco Camps".

Ello explicaría en buena medida la dimensión que se ha hecho del rechazo de CC OO a la reciente decisión de Centros de aumentar la ratio de 20 a 25 alumnos en infantil para resolver el problema puntual del distrito de Patraix, donde faltan 99 plazas, pese a que esta medida de "carácter extraordinario y transitorio" figura en las diposiciones legales adoptadas entre 1998 y 2002.