El derecho a una vivienda adecuada

Todo el mundo reconoce que la vivienda es un bien esencial para la calidad de vida. Para nuestra Constitución, es un derecho fundamental. La construcción de viviendas es uno de los motores de la economía en nuestro país, especialmente en Andalucía, y una de las principales fuentes de financiación de los ayuntamientos.

En un mercado perfecto, la oferta y la demanda deberían andar con un cierto equilibrio. Así lo afirman algunos, asegurando que "todo lo que se construye se vende", por lo que el precio no expresaría otra cosa que lo que están dispuestos a pagar los potenciales usuarios. Por otra parte, el diseño de las viviendas se hace pensando en las necesidades de todos partiendo de la base de que todos somos iguales.

La accesibilidad a la vivienda no debería ser, pues, un problema. Sólo unas pocas personas muy necesitadas deberían recurrir a las ayudas públicas para no vivir a la intemperie. Todos los demás disfrutarían de una vivienda según sus necesidades.

Pero los hechos desmienten esta realidad virtual. Resulta que para la mayoría de jóvenes emanciparse, esto es, vivir en una vivienda propia -en alquiler o de propiedad-, se convierte en una carrera de obstáculos. ¿Por qué más de la mitad de los jóvenes andaluces entre 25 y 29 años siguen viviendo con sus padres? ¿Porque así lo han decidido, o quizás tenga algo que ver el hecho de que deban dedicar un 73% de su salario bruto -suponiendo que trabajen en un empleo estable- a pagar la hipoteca y que necesiten una media de 13 años de ahorro antes de poder comprarla? La oferta de vivienda de alquiler es casi inexistente, comparada con la demanda real, y en cualquier caso, igual de cara que el acceso a la vivienda en propiedad. No parece muy razonable que hoy en día sea más "rentable" comprar una vivienda que alquilarla.

En Sevilla, en 1.997, la vivienda costaba de media 113.900 pesetas por metro cuadrado; cuatro años después ya llegaba a las 171.000. En Málaga, el aumento ha sido todavía más exagerado: de 98.500 a 160.500 pesetas en el mismo período.

El precio se convierte así en la primera barrera para acceder a la vivienda y, por tanto, en un obstáculo para hacer efectivo un derecho que los poderes públicos deben garantizar.

Pero los obstáculos no terminan ahí. Arquitectos, promotores y constructores continúan haciendo las viviendas como si todos fuéramos iguales y, además, superdotados. No se tiene en cuenta que el 40% de la población de Andalucía tiene alguna discapacidad permanente o temporal, y que a aquéllos que no la tienen también les gustaría vivir con más comodidad. ¿Por qué no se hacen todas las viviendas accesibles si su coste adicional es casi inapreciable (del 1 al 4% sobre el precio final) y si, además, un 70% de los compradores estaría dispuesto a pagarlo? ¿Cuánto cuesta hacer reformas en una casa para adaptar un baño? Y no hablemos ya de instalar un ascensor. Pero, sobre todo, ¿cuál es el coste valorado en calidad de vida para muchas personas que se encuentran aisladas e inseguras en sus viviendas?

Los beneficios de disponer de una vivienda adaptada son múltiples. En primer lugar, haríamos la vida mucho más fácil para las personas que se encuentran con alguna dificultad en su movilidad. Sólo por esta razón ya se justificaría que las casas, como los autobuses o las cabinas telefónicas, no tuvieran barreras para su acceso. Pero es que, además, habría menos accidentes y menos costes sociales. Un 30% de los ingresos de mayores en residencias geriátricas se provoca porque su vivienda no está adaptada.

Los poderes públicos tienen una clara responsabilidad en hacer efectivo el derecho a una vivienda accesible. No se trata de promover casas específicas para jóvenes, para mayores o para discapacitados. Se trata de que todos, sea cual sea su edad y sus condiciones, puedan acceder a un derecho constitucional que es tan importante como la salud y la educación. Necesitamos viviendas para toda la vida.

Estos son los objetivos de las Jornadas que se celebran en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla estos días. En ellas se convoca a todos los sectores implicados en hacer efectiva una política de vivienda diferente, que se diseñe pensando en las necesidades de todos y no en el beneficio de unos pocos: un pacto por la vivienda accesible para que todos salgamos ganando.

Josep M. Riera es director de las Jornadas Una vivienda adecuada para todas las edades