Menores sin ley

El informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la aplicación de la Ley Penal del Menor no puede ser más preocupante: esta ley, vigente desde hace apenas tres años, se incumple de manera sistemática por falta de medios. La denuncia del Consejo no es una sorpresa: ya se dijo cuando entró en vigor la ley que sus ambiciosos objetivos de reeducación y reinserción del menor delincuente quedaban muy lejos de los escasos medios que se ponían a su disposición. Pero lo novedoso del informe es que esos medios siguen ausentes, con el efecto gravísimo de que la jurisdicción de menores en España funciona mal y está al borde del colapso. Por eso, no ha podido ser más afortunada la llamada que ha hecho el Defensor del Menor, Pedro Núñez Morgades, a los nuevos gobiernos autonómicos y locales, a raíz de la participación de un menor en la muerte de una turista griega en Madrid, para que tomen conciencia de la necesidad de respaldar una ley cuyo objetivo es recuperar al menor delincuente para la sociedad.

La Ley Penal del Menor articula un sistema alternativo de tratamiento específico, menos represivo y más reeducador, acorde con la normativa constitucional y la Convención de los Derechos del Niño. Pero tan buenos propósitos exigían, para no quedarse en pura retórica, una infraestructura judicial potente -más fiscales, sobre todo-, flanqueada de equipos multiprofesionales -pedagogos, asistentes sociales, psicólogos- para el seguimiento de los fines socioeducativos asignados a las medidas de tratamiento y una red suficiente de centros de internamiento y de rehabilitación.

Pero ni el Gobierno central, del que dependen los medios judiciales, ni las autonomías, a las que la ley atribuye la provisión de centros y especialistas, se han tomado en serio sus compromisos legales y responsabilidades públicas en este terreno, a tenor de la situación que describe el Consejo del Poder Judicial. Ninguna autonomía cumple ni de lejos los mínimos exigidos: centros de internamiento saturados y sin medios de tratamiento adecuados, práctica inexistencia de centros terapéuticos para los adolescentes con trastornos mentales y drogodependientes, escandalosa falta de educadores y equipos especializados, y un largo etcétera. Estas carencias convierten a la jurisdicción de menores en España en una ficción. Y lo más grave es que no hay atisbos de que se quieran cambiar de verdad las cosas.