¿Por qué tuvo que intervenir Zapatero?

El presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, ha comunicado al Tribunal Supremo la "imposibilidad" de cumplir la orden de disolución del grupo Sozialista Abertzaleak (SA). Sin embargo, Atutxa no tenía que disolver ningún grupo. Eso ya lo había hecho el propio Tribunal. Lo que se le pedía era que comunicase a los diputados de SA que por orden del Supremo quedaba disuelto su grupo, aunque cada uno de ellos conservaría el acta de diputado. Y sólo tras esa comunicación, con la que podía darse por cumplido el trámite de ejecutar la sentencia, habría llegado el momento de plantear, de acuerdo con el reglamento interno (incluidas las previsiones sobre eventuales lagunas en su articulado), la cuestión de la adscripción de esos diputados al Grupo Mixto. Ya sin plazos perentorios.

Pero Atutxa no sólo ha desobedecido la orden del Supremo sino que lo ha hecho de manera que el grupo disuelto participe en cuanto tal, a través de la Junta de Portavoces, en la votación sobre si la Cámara acata o no la resolución judicial. Es absurdo desde cualquier planteamiento jurídico, y también desde la lógica democrática, pero coherente con la estrategia actual del nacionalismo. Es ya evidente que Ibarretxe y los suyos no van a esperar a contar con mayoría para plantear su proyecto soberanista; lo están aplicando ya, en todo lo que pueden o les dejan. La negativa a acatar una sentencia con la que están en desacuerdo por razones políticas corresponde a la misma lógica rupturista en nombre de la cual su Gobierno ha decidido unilateralmente, según se ha conocido estos días, dejar de pagar una parte del Cupo; y en nombre de la cual se proponen dar valor a los votos nulos a fin de acomodar a la disuelta Batasuna en determinados ayuntamientos que se constituyen el próximo sábado.

Que eso se haga desde una institución que se supone aspira a que los ciudadanos cumplan las leyes -y paguen los impuestos- resulta insólito y aparentemente suicida. Pero de momento no les va mal; como al que se tira desde el sexto piso y al pasar por el cuarto dice: "Por ahora voy bien". Por ahora, la estrategia de desafío soberanista está permitiendo al nacionalismo instalado ganar siempre: o ceden los demás, por responsabilidad, para evitar un conflicto, y entonces el resultado se considerará terreno conquistado; o no ceden, y eso permite avanzar un peldaño más en la estrategia de ruptura con el Estado.

Es la gravedad de ese desafío lo que explica el gesto de autoridad de Zapatero respecto a la Diputación de Álava. El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno dijo que su partido sería "un muro" frente al plan soberanista de Ibarretxe. Los resultados del 25-M situaron la parte más visible de ese muro en la provincia de Álava, donde las fuerzas constitucionalistas conforman, si actúan juntas, una clara mayoría. Ponerla en riesgo por el empeño de Javier Rojo en ser diputado general era ofrecer un flanco demasiado fácil a los ataques del PP contra la falta de claridad y autoridad política de Zapatero.

La propuesta de Rojo (Ayuntamiento para el PP y Diputación para el PSOE) habría tenido sentido en el marco de un acuerdo general entre socialistas y populares vascos que ofreciera a los votantes alaveses del PP el incentivo de ver reforzada la alternativa constitucionalista al nacionalismo: un objetivo que sin duda hacen suyo, al igual que buena parte de los votantes socialistas. Pero la actual dirección del PSE no está segura de seguir deseando ese reforzamiento. Tampoco de no desearlo. Por eso no estableció una política de alianzas común para todo el territorio vasco, sino un criterio de manos libres que acreditase la bandera tras la que habían desplazado al anterior secretario general bajo la acusación de seguidismo respecto al PP: ni con unos, ni con otros. Pero no tener una política clara de alianzas equivale a no tener política.

Por eso, con la que está cayendo en Euskadi, y aunque no supiera la que le esperaba un día después en la Asamblea de Madrid, Zapatero tenía buenas razones el lunes para intervenir directamente en el lío en que se habían metido los socialistas vascos a cuenta de la Diputación de Álava.