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Las empresas deberán informar de sus pactos accionariales vigentes

El plazo máximo para cumplir la nueva norma será de tres años

El ministro de Economía, Rodrigo Rato, anunció ayer que la obligación de las empresas de hacer públicos sus pactos accionariales para controlar otras sociedades tendrá carácter retroactivo. La medida se recogerá en la Ley del Mercado de Valores que se tramita en el Senado. Los pactos accionariales permiten eludir la obligación de lanzar una OPA aunque superen el 25% del capital. Las empresas tendrán un plazo máximo de tres años para dar la información.

El Gobierno ha decidido ampliar la recomendación del Informe Aldana de que se obligara a las compañías a informar acerca de sus acuerdos. En un principio, esta obligación sólo afectaba a los pactos que se realizaran desde la entrada en vigor de la llamada ley de transparencia, pero desde ahora, el Ejecutivo también quiere que los acuerdos alcanzados en el pasado se hagan públicos. La importancia de esta salvedad es que evita la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) cuando dos empresas tengan un pacto de control previo y superen los límites establecidos para ello, fijados en un 25%.

En su intervención en la jornada La empresa en el nuevo entorno, organizada por el Club Español de la Industria, Tecnología y Minería, Rato explicó que esta obligatoriedad se introducirá vía enmienda en la llamada ley de transparencia. Dicha norma está actualmente en trámite en el Senado y, según el ministro, estará aprobada antes de que acabe el actual periodo de sesiones.

Rato dijo ayer que es "indispensable, imprescindible" que esos pactos se hagan públicos para evitar perjuicios a los inversores y para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pueda velar por los derechos de todos los accionistas e inversores. "No tendría sentido que se conozcan los pactos entre compañías del futuro y no los del pasado", explicó, por lo que "el sentido común y la utilidad pública impone que se conozcan". Agregó que tendrán un plazo de tres años para hacer públicos estos pactos, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de esos acuerdos del pasado deberán "recomponerse" y negó que exista una "repentina fiebre de transparencia", sino una "necesidad ineludible de responder a los mercados financieros, que se han convertido en una realidad familiar".

Transparencia

La transparencia es una "necesidad y exigencia legal, económica y política de cualquier Gobierno", y anunció que el Ejecutivo iniciará contactos con todos los sectores implicados para la implantación de las normas internacionales de contabilidad, cuyo uso será obligatorio a partir de 2005. Uno de esos pactos pasados a los que afectaría la nueva ley es el de Repsol YPF y La Caixa sobre la gestión de Gas Natural. Éste es uno de esos acuerdos que está en fase de "renegociación" después de la fallida OPA de Gas Natural sobre Iberdrola, lanzada a pesar de la oposición de la caja catalana. Así que ambas empresas no estarán obligadas a dar a conocer su acuerdo original ni el nuevo hasta que no esté cerrado.

Cuando Rato anunció esta enmienda estaba junto al presidente de la CNMV, Blas Calzada, quien antes, durante su intervención, había anunciado que a finales de mes 240 empresas tendrán comités de auditoría, y que éstos tienen una importancia "vital" para evitar escándalos contables, "que tanto daño han hecho a los mercados".

Los comités de auditoría, creados en la Ley Financiera, deben avisar "a tiempo" de que las cuentas de las compañías no están bien formuladas e informar al consejo, y éste a los inversores, para evitar posibles escándalos contables y asegurar que la información que difunde la empresa es "correcta". Calzada admitió que para saber si actúan correctamente los comités habrá que conocer el número de reuniones que mantienen y las veces que ven a los auditores externos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de junio de 2003