El PSOE acusa al PP de volver a primar a sus municipios con las políticas activas de empleo

La Junta de Andalucía logró en abril, tras seis años de reclamaciones al Gobierno central, el traspaso de las políticas activas de empleo, un acuerdo que es efectivo desde el pasado 1 de mayo. Pero antes de esa firma, el Ministerio de Trabajo asignó una parte importante de las escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo que habían solicitado este año los municipios andaluces. El PSOE denuncia ahora que en ese reparto, como en ocasiones anteriores en esta legislatura, ha beneficiado a los pueblos gobernados por el PP, que lograron 0,5 centros por municipio frente a los 0,1 asignados a gobiernos socialistas.

El PSOE, como ya hizo en ocasiones anteriores, ha cruzado datos logrados en la página web del Instituto Nacional de Empleo (Inem), en respuestas del Gobierno al Congreso de los Diputados y en documentos sindicales, para analizar la distribución de los centros de formación e inserción laboral asignados en 2003 por el Gobierno central a municipios andaluces. Y la conclusión vuelve a ser la misma: la distribución de estos centros, cuya financiación se lleva casi la mitad de los 240 millones de euros destinados a políticas activas de empleo en Andalucía, benefició a los municipios gobernados por el PP. En esta ocasión en una proporción cinco a uno.

Según esos datos, que corresponden a asignaciones aprobadas entre febrero y abril (ver gráfico), el 19% de los pueblos andaluces, que son los gobernados por el PP, lograron el 37,4% de los 139 centros distribuidos. El PSOE, por contra, que dirigía antes del 25-M el 60% de los Ayuntamientos andaluces tan sólo consiguió 41% de las escuelas-taller , talleres de empleo y casas de oficio repartidos. En el caso de los municipios socialistas, la media fue de 0,11 centros por pueblo, mientras que la media popular fue cinco veces superior (0,55).

Los socialistas ya pusieron en evidencia esta distribución desigual de las políticas activas de empleo en favor del PP en tres ocasiones a lo largo del año pasado. Pero esta vez, el reparto se hizo en circunstancias singulares: apenas unas semanas antes de que la Junta y el Gobierno sellaran el traspaso de esta competencia (entre el 16 de abril y el 1 de mayo hubo cogestión de los fondos) y sólo un par de meses antes de la convocatoria electoral del pasado 25 de mayo para renovar los gobiernos locales.

"El Gobierno hizo el primer gran reparto de políticas activas de empleo antes de la transferencia y ha vuelto a hacerlo de una manera sectaria", asegura el secretario regional de Desarrollo Rural del PSOE, Fernando Rodríguez Villalobos. El dirigente socialista hizo un análisis similar en octubre del año pasado, con la conclusión de que la media de centros asignados a municipios populares triplicaba a la socialista. En el reparto realizado antes del traspaso -Andalucía fue la última comunidad en recibir las competencias del Gobierno central, con la salvedad del País Vasco-, esa relación fue de cinco a uno.

"Hay candidaturas del PP en muchos municipios pequeños que se han montado al calor de este reparto", acusó Rodríguez Villalobos, quien asegura que en muchos casos no había alumnos suficientes para justificar los cursos (entre 15 y 60 estudiantes) y "tuvieron que tirar de jóvenes de otros municipios". El dirigente socialista reconoce que no difundió esta información antes de las elecciones porque "era un arma de doble filo, era como decir que si votabas al PP seguro que iban a poner una casa de oficios o una escuela-taller en el pueblo".

Jóvenes sin trabajo

Las escuelas-taller y las casas-oficio están dirigidas a jóvenes sin trabajo y los talleres de empleo a parados mayores de 25 años. En las primeras, los alumnos además de formación pueden percibir el salario mínimo (casi 500 euros) como retribución a prácticas profesionales, mientras que en los talleres de empleo, el sueldo es mayor.

Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, la mitad de los alumnos que asisten a estos centros logran después un trabajo, motivo por el que los alcaldes solicitan con tanta insistencia que algún taller de empleo o casa de oficios recaiga en su municipio. Según los cálculos socialistas, cada escuela-taller recibe una financiación que ronda el millón de euros, mientras que el presupuesto de los talleres de empleo supera los 200.000 euros por programa y las casas de oficio absorben más de 120.000 euros.

El cruce de datos realizado por el PSOE indica que las provincias en las que el reparto fue más desigual fueron Cádiz y Córdoba. En ambos casos, el PP logró tantos centros de formación e inserción laboral como municipios gobernaba antes del 25-M, mientras que la relación en el caso del PSOE era mucho peor (un centro por cada diez pueblos). Los menos agraciados fueron los 57 municipios socialistas de Almería que sólo cosecharon dos centros o los 55 de Huelva a los que correspondieron otros dos.