El Defensor del Pueblo critica que falten accesos para minusválidos en las piscinas

Un 98% de las instalaciones no están adaptadas a discapacitados

El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, ha dado un fuerte rapapolvo a los ayuntamientos por su "insuficiente sensibilidad" para garantizar la accesibilidad de los minusválidos a las piscinas de uso colectivo y les ha reprendido porque con su "omisión" están restringiendo el disfrute de sus derechos a este colectivo. Las organizaciones de discapacitados estiman que el 98% de esas instalaciones no están adaptadas.

La reprimenda del Defensor del Pueblo es respuesta a la queja que la Confederación Andaluza de Minusválidos Físicos (Camf) le presentó el año pasado, después de que fracasaran sus intentos de hacer un inventario de la situación de las piscinas en las ocho capitales de provincia de la comunidad autónoma. La mayoría de los ayuntamientos hizo caso omiso a la requisitoria de la Camf, lo que motivó que la federación pidiera amparo al Defensor.

Los ocho municipios contestaron a esta institución, pero le dieron información incompleta o que no se ajustaba a lo solicitado. En cualquier caso, con los datos aportados, ni el Defensor ni la confederación han podido elaborar el pretendido inventario con el equipamiento de estas instalaciones.

De ahí que en su informe, Chamizo arremeta sin paliativos contra los poderes públicos: "No es que ciertas personas no puedan acceder al disfrute de determinados derechos porque padezcan una discapacidad, sino que el ejercicio efectivo de tales derechos no es posible por la innecesaria, y en no pocas ocasiones, ilegal existencia de barreras físicas, fácilmente suprimibles. Las mejoras legislativas que se están produciendo deben verse acompañadas de una nítida y decidida voluntad de los responsables públicos en darle cumplimiento día a día".

Rehabilitación

El documento se basa en el decreto de la Junta sobre eliminación de barreras arquitectónicas, el reglamento de la Consejería de Salud que regula las piscinas de uso colectivo y la Ley de Atención a las Personas Discapacitadas. Si bien estas normas no exigen explícitamente que las instalaciones dispongan de una grúa para posibilitar la entrada al vaso de agua a las personas en sillas de ruedas, el Defensor advierte que sin esa ayuda técnica es "difícil o imposible" la observancia de los preceptos legales que garantizan la accesibilidad. La legislación vasca ya recoge expresamente la existencia de este artilugio en las instalaciones de uso público.

El secretario general de la Camf, Gonzalo Rivas, aclaró que para el colectivo la reivindicación no sólo se enfoca por el ocio, sino por el papel rehabilitador de la natación. "Tenemos muchas quejas de padres con niños minusválidos físicos que ven cómo se les cercena un derecho muy importante para sus hijos", denunció Rivas.

La confederación reclama la accesibilidad que garantizan las normas no sólo en las piscinas de nueva construcción, sino también en las antiguas ya que se han cumplido los plazos concedidos por la normativa para su adaptación. La queja se refiere a las instalaciones de uso colectivo y por tanto excluye a las piscinas privadas, las de comunidades de menos de 20 propietarios, las de uso médico y las que tienen un fin deportivo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 07 de junio de 2003.

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