Gestión y responsabilidad

Miembros de las Fuerzas Armadas de regreso de una misión en Irak han denunciado, con el apoyo de testimonios fotográficos, las precarias condiciones de seguridad en que han seguido realizándose sus desplazamientos después del accidente que la semana pasada costó la vida a 62 militares que volvían de Afganistán. El conocimiento de que ese testimonio iba a aparecer ayer en la prensa hizo que el ministro de Defensa, tras una reunión de urgencia con Aznar, anunciase la suspensión "cautelar" de los contratos con compañías que utilizan aviones de la antigua URSS. Al mismo tiempo, el ministro ha anunciado que dará explicaciones en una comparecencia ante la comisión de Defensa del Congreso.

Hay indicios abundantes de que se han cometido errores graves de gestión en relación al transporte de tropas que tal vez exijan la dimisión del ministro. Ello no dependería tanto de la información que puedan suministrar las cajas negras del avión siniestrado en Turquía sobre las causas inmediatas del accidente como de las explicaciones que el ministro ofrezca en relación a las condiciones en que se contrataron y realizaron ése y otros vuelos de la misma naturaleza: si es cierto que no existían soluciones alternativas al alquiler de aviones rusos o ucranianos, y si las condiciones de seguridad -ruedas en mal estado, carga sin anclajes interiores, falta de información sobre salidas de emergencia, etcétera- eran tan lamentables como aseguran los que las han padecido. Pero también, si es cierto que todo el mundo -familiares, periodistas, oposición- conocía o tenía indicios de esa falta de seguridad, excepto la cúpula del ministerio. O si acaso lo conocían, pero no hicieron nada.

Porque lo que de momento consta es que el Ministerio de Defensa de Noruega canceló sus contratos con la misma compañía del avión accidentado el 26 de mayo por considerar que no ofrecían garantías de seguridad (y de seriedad); y que en abril pasado, el Gobierno respondió con una negativa rutinaria a una pregunta parlamentaria en la que el Partido Socialista se hacía eco de la inquietud existente al respecto entre los militares. Tras el accidente, el ministro se aferró al argumento de la "seguridad absoluta" de los aparatos, garantizada por la OTAN. Este empeño en negar todo de entrada, y de sembrar dudas sobre la honorabilidad de quienes preguntan, ya fue ensayado por el Gobierno en la crisis del Prestige. Lo grave no es que el ministro no dimitiera, sino que no ordenase ninguna investigación sobre las condiciones de seguridad de esos aviones. De no haber mediado la denuncia de los militares que el jueves llegaron de Irak, ¿habrían mantenido Federico Trillo y el vicepresidente Rajoy que no había nada que revisar respecto a los contratos con esa compañía y que lo único a investigar eran las causas del accidente que revelarían las cajas negras?

En realidad, más que la denuncia transmitida a mandos del Ejército por esos militares, lo que ha preocupado a sus jefes es saber que la noticia iba a salir en los periódicos. Es propio de las sociedades democráticas maduras que la gestión concreta de un determinado ministro de Defensa pueda ser criticada, tanto por la oposición como por la prensa, sin que ello suscite una inquietud especial. Hay suficientes indicios para pensar que se han cometido errores graves de gestión. Que se han seguido criterios de contratación improcedentes en un asunto como éste, y que la indignación de familiares y compañeros de las víctimas puesta de manifiesto en los actos fúnebres tenía fundamento, por más que pudiera expresarse de forma inadecuada. Lo irresponsable no es hacerse eco de esa indignación y de sus causas, sino, por el contrario, ocultarla con el pretexto de que lo que toque a las Fuerzas Armadas está fuera del ámbito de la crítica ciudadana y del control democrático.