El dueño de Gescartera pide una notable rebaja de la fianza que le impuso la juez para salir de prisión

Antonio Camacho, dueño de Gescartera que suma ya casi dos años en prisión tras destaparse un agujero de 87 millones en su agencia de valores, reclamó por escrito a la juez Teresa Palacios "una rebaja considerable" en los tres millones de fianza que le impuso el pasado 9 de abril como condición para su excarcelación provisional. Su defensa, representada por el letrado Carlos García Cabrero, aportó un ramillete de razones para justificar la puesta en libertad de su cliente: "El tiempo transcurrido desde que se decretó la prisión (casi dos años) que ha reducido considerablemente un hipotético riesgo de fuga, así como el peligro de destrucción de pruebas, puesto que el juzgado ha intervenido toda la documentación de las empresas relacionadas con nuestro patrocinado, que ha sido objeto de exhaustivas pruebas periciales". Igualmente, se invoca que tanto Camacho como sus familiares y allegados han manifestado la "imposibilidad real que tienen de reunir la cantidad señalada". El abogado recuerda que la cuantía de la fianza para garantizar la libertad provisional "nunca debe ser obstáculo para imposibilitar y hacer ilusoria esta medida". Asimismo, recuerda que no se ha detectado "el más mínimo desvío de fondos al extranjero o a cuentas secretas" de su defendido.

A renglón seguido, Camacho, a través de su abogado, rebate todas las acusaciones que vierten contra él los peritos del Banco de España y de Hacienda en materia de supuestas apropiaciones directas de fondos de Gescartera. A los movimientos de cuentas de Gescartera hacia Camacho por valor de 2,7 millones, les atribuye una motivación común: "Eran traspasos de carácter urgente para gastos propios de la empresa y en ningún momento hubo voluntad de incrementar momentánea o indefinidamente su patrimonio personal".

"Por otra parte", explica el recluso, "ninguna de las cuentas corrientes del Grupo de Gescartera tenía asociada tarjeta de crédito de empresa para gastos propios y de representación, los cuales se pagaban con tarjetas cuyo titular era Antonio Camacho, de cuentas suyas personales, por lo que una vez contabilizado el gasto como imputable a Gescartera, era traspasado a su cuenta corriente desde las cuentas del grupo. Ello implica una doble imputación en el informe pericial (gastos de tarjeta de crédito y transferencias a su favor desde cuentas de Gescartera para pago de tarjetas de crédito)".

Rebajar las apropiaciones

Camacho alega que, por esta razón, de entrada hay que reducir en 800.000 euros sus supuestas apropiaciones ya que se trató de gastos de empresas anticipados con fondos suyos. Respecto de otros casi 380.000 euros que también se le imputan como "apropiaciones directas", el propietario de Gescartera detalla que tales pagos se hicieron con "talones compensados, por lo que el destino, que figura como no analizado en el cuadro correspondiente, puede ser inmediatamente localizado a través de cámara de compensación, por lo que esa cantidad deberá ser retirada del concepto de apropiación directa, cuando se acredite que se trataba de pagos urgentes a clientes". Camacho asegura que las aportaciones a Gescartera que los peritos apellidan "de origen desconocido" y cifran en 2,5 millones de euros, fueron, en realidad, obra de su familia, y, por tanto, dicha cantidad también debe ser minorada de sus presuntas apropiaciones. En materia de aportaciones y retiradas no verificadas detectadas por los peritos judiciales, Camacho destripa por qué los sabuesos contables no dieron con soporte documental alguno de tales operaciones. "Tal soporte no ha existido". La razón es simple: "No eran ingresos ni salidas reales de Gescartera, sino apuntes contables para regularizar minusvalías asignadas a los mismos en la contabilidad de clientes de Gescartera, o traspasos entre familiares de un mismo grupo de clientes previa solicitud de los mismos u otras circunstancias que en ningún caso supusieron ingresos en las cuentas de Gescartera". Entre tales apuntes de inexistentes ingresos de clientes, cita a Asesores 2000, Carlos Ortín Barrón, Juan Ignacio Casanova y a Leandro Álvarez Torres.