El juez cierra uno de los dos edificios del burdel Riviera

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 14 de Barcelona obliga al Ayuntamiento de Castelldefels a ordenar el cierre de uno de los dos edificios del Club Riviera, un popular prostíbulo situado junto a la autovía que ha sido objeto de las protestas de los vecinos. La sentencia también pide al consistorio que revise la licencia de actividades concedida al otro edificio del complejo.

La resolución se basa en el incumplimiento de la normativa urbanística, ya que los dos locales están en una zona residencial. Basándose en los anuncios en la prensa que sirven de reclamo a los clientes, con mujeres desnudas y mensajes eróticos, la sentencia determina que los establecimientos tienen un uso recreativo.

El Club Riviera se instaló en la zona en 1996, en el número 92 de la autovía, y dos años más tarde se amplió a un edificio contiguo, situado en el número 94, con el que se comunica a través de una pasarela. Tras pedir permiso y no obtener respuesta del Ayuntamiento, los propietarios dieron por adjudicada la licencia de actividades del segundo edificio amparándose en el silencio administrativo. La sentencia establece que el consistorio debe poner fin a las actividades del segundo edificio, obliga a retirar la pasarela y a revisar la licencia del primer local.

La sentencia se resuelve cuatro años después de que la Asociación de Vecinos Granvia-Mar interpusiera un recurso contra el club de citas. La presidenta de la asociación, Pilar Guerra, explicó que el primer establecimiento del Riviera, además de incumplir la normativa urbanística, podría ser ilegal por otros dos motivos: porque cualquier equipamiento que se instale en la zona no puede tener más de 400 metros cuadrados, cuando el vecindario asegura que sobrepasa los 1.000, y porque el trámite para la concesión del permiso de actividad podría haberse llevado a cabo de modo irregular, ya que no salió a exposición pública. "Nos han dado la razón en todos los puntos", aseguró ayer Guerra, quien añadió que "el alcalde debe pedir el traslado del club por encontrarse en un lugar inadecuado". El alcalde en funciones, Antonio Padilla, señaló que "los técnicos del Ayuntamiento están estudiando la resolución" para obrar en consecuencia.

El prostíbulo continuaba funcionando ayer con normalidad. La empresa se plantea recurrir contra la decisión judicial.