El Gobierno crea un banco de agua para hacer frente a las situaciones de sequía

Aunque se limita a situaciones de escasez, sequía y "otras situaciones excepcionales", el Consejo de Ministros aprobó ayer, con cuatro años de retraso, el reglamento que regula la compraventa de derechos de agua y crea, de paso, un banco de agua para el intercambio de derechos privados sobre el uso de este recurso.

Esta posibilidad de comprar y vender un recurso de dominio público como es el agua se habilitó mediante una reforma de la Ley de Aguas en 1999, con el objetivo de flexibilizar los usos y redistribuir mejor el agua en territorios donde escasea. La reforma venía a regular de facto el mercado negro que funciona activamente en todo el sureste peninsular.

El PP se resistía a crear un banco público permanente, tal como le pedía el PSOE, pero al final ha incluido su creación en el nuevo Reglamento de Dominio Público Hidráulico, que incorpora también nuevas normas de explotación de acuíferos sobreexplotados y la prohibición de vertidos contaminantes a las aguas, a menos que se cuente con la autorización de las Administraciones públicas.

Según el nuevo reglamento, podrán vender agua los concesionarios de aguas superficiales y subterráneas siempre que las concesiones estén inscritas en el registro. Cuando se trate de agua no destinada al consumo, sólo se podrán intercambiar derechos del mismo carácter; por ejemplo, entre regantes. Tanto el volumen de agua transferida como el precio, el destino y la duración del contrato deberán comunicarlo en una plazo de 15 días a las comunidades de usuarios a las que pertenezcan los contratantes y al organismo de cuenca correspondiente. Si éste no contesta en un plazo de dos meses se entenderá que da su beneplácito al contrato.

En cuanto al banco de agua, serán los organismos de cuenca quienes realicen ofertas públicas de adquisición de derechos. En las ofertas se fijarán los volúmenes así como el importe máximo de la compraventa, de la que un porcentaje no superior al 5% se destinará a gastos de gestión.

Otros acuerdos del Consejo de Ministros:

-Autorización al Ministerio de Fomento para contratar el sistema de comunicaciones y control de la circulación vía móvil (GSM-R) por 558 millones de euros en los siguientes tramos de AVE: 183 kilómetros entre Lleida y la estación de Sants en Barcelona; 110 kilómetros entre Segovia y Valladolid, y 20 de la línea Madrid-Toledo.

-Normas para la homogeneización de las listas de espera en el Sistema Nacional de la Salud.