Una maraña de competencias

El Observatorio de Procesos de Exclusión y de Incorporación Social es una excelente atalaya para ver la realidad, sobre todo la vinculada a la pobreza, pero también la de los servicios sociales en general. El responsable de este observatorio gestionado por la ONG Sartu, Nando Consuegra, enumera los retos de este ámbito. Uno de los mayores, explica, es que el sistema de servicios sociales "madure", puesto que hoy es aún una maraña de competencias gubernamentales, forales y municipales. También cree necesario establecer un sistema de convenios regulado con las organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en este ámbito.

Consuegra alerta igualmente sobre el hecho de que, si bién la renta básica es igual en toda la comunidad, los suplementos que una familia percibe ante las mismas necesidades varían en función de la provincia, o lo que es lo mismo, según la voluntad política de sus responsables. El coordinador de esta atalaya advierte asimismo sobre el incremento de los llamados trabajadores pobres, personas que con su formación sólo podrán acceder a salarios que superan por poco la renta básica.

La situación de las personas mayores difiere mucho de una provincia a otra

El 3,52% de los hogares vascos está por debajo del umbral de la pobreza, un porcentaje muy alejado del 15,5% de la media española, según datos del INE facilitados por el Gobierno vasco. La renta básica, que en Euskadi es un derecho regulado por ley, supera ya el salario mínimo interprofesional. Este año oscila entre los 426 euros mensuales que recibe una persona y los 658 euros para una familia de cinco personas. El Gobierno paga el grueso de esta ayuda, que las diputaciones completan. Además, ahora se puede compatibilizar la renta básica con la realización de ciertos trabajos. El año pasado 21.464 personas percibieron este salario social (algunas cobraron un solo mes y otras, varios). La partida gubernamental para renta básica es de 104 millones de euros. Paralelamente, se pagaron 16.500 ayudas de emergencia para necesidades puntuales.

El ciclo educativo para niños de 0 a 3 años ha generado uno de los mayores debates sobre asuntos sociales en Euskadi, donde cada mujer tiene 1,1 hijos. El decreto gubernamental para regular esta etapa no gusta a nadie, salvo a sus promotores, el Gobierno tripartito. La oposición parlamentaria vasca y todos los sectores de la educación pública lo han criticado: reclaman a Educación que cree una red pública única y potente que cubra la demanda. Hoy existen 10.190 plazas públicas (incluidas municipales) y otras 11.560 privadas. Pero la cobertura de 0 a 2 años es escasa. Educación pretende crear mil nuevas plazas públicas municipales para ese tramo de edad antes de fin de año. Los padres pagarán entre 105 y 165 euros como máximo. La crítica desde la escuela pública es que, en igualdad de condiciones de financiación, los padres elegirán las guarderías privadas.

Mientras, la atención a las personas mayores (el 17,9% de los vascos tiene más de 65 años) es uno de los ámbitos en los que las diputaciones han hecho mayores esfuerzos. Las tres diputaciones han creado nuevas plazas subvencionadas en residencias para ancianos, pero la situación difiere mucho de una provincia a otra. En Guipúzcoa hay 3.839 plazas públicas; en Álava, 1.125, y en Vizcaya, sólo unas 350. Ahora existen unas 940 personas en lista de espera: unos 450 son guipuzcoanos, 390 alaveses y un centenar vizcaínos. Las telealarmas también se han incrementado: Álava es donde menos hay (509 usuarios), aunque la atención es allí universal. En Guipúzcoa hay 3.425 y en Vizcaya 2.534. Y la atención domiciliaria llega a 171 hogares de Vizcaya, a 1.500 de Álava y a 2.280 de Guipúzcoa.

La iniciativa más novedosa hacia los inmigrantes ha sido la creación de un servicio oficial de atención jurídica y social gratuito para irregulares. Unos 700 sin papeles han sido atendidos desde noviembre pasado, cuando se abrió este servicio, desde el que se les deriva a toda la red de atención sociosanitaria. El servicio, a través del cual 600 extranjeros han solicitado su regularización, es fruto de un acuerdo entre los tres colegios de abogados provinciales y la Dirección de Inmigración del Gobierno vasco.

En Euskadi viven unos 22.000 inmigrantes regulares y se estima que hay unos 7.000 irregulares.