Los bienes de Naviera Peninsular salen a subasta el próximo viernes en Bilbao

La quiebra de Naviera Peninsular tiene fecha de abril de 2000 y se ha complicado a través de más de doce procesos en diferentes niveles judiciales. El próximo viernes, una parte de los trabajadores verá cómo se subastan parte de los bienes que aún quedan de la naviera. Los seis grandes barcos de la sociedad se vendieron hace tres meses. Fuentes jurídicas implicadas en el proceso aseguran que ni siquiera la subasta supone una certeza, ya que hay una parte de los trabajadores sobre los que no existe sentencia firme y, por tanto, no pueden optar como acreedores al resultado de la subasta.

La quiebra de Naviera Peninsular se decretó, con fecha de abril de 2000, el 15 de febrero de 2001. Desde entonces, ha supuesto todo un largo culebrón tanto social como judicial. Primero, fue la situación de las tripulaciones cubanas de los buques de la compañía, que se vieron obligadas a permanecer durante cerca de siete meses en puerto y esperando sus salarios. Después se produjeron las reclamaciones de los trabajadores, peticiones que llegaron por vías separadas.

La quiebra de Naviera Peninsular es especialmente complicada, ya que en el mes de marzo de 2000 la familia Acha, histórica propietaria de la empresa, se la vendió al grupo catalán Bergé por untotal de 2.000 millones de pesetas de los que dejaron 800 millones sin abonar y condicionados a un estudio de viabilidad de la firma.

Sentencia firme

La operación de compraventa fue recurrida por la familia Bergé ante la Jurisdicción Civil, aduciendo un error en el consentimiento tras analizar la situación real de la empresa y ver que se encontraba en quiebra técnica. Este recurso se encuentra en marcha y es la clave para el conjunto de la quiebra.

Si los tribunales consideran que los Acha engañaron al grupo Bergé en la operación, todas las reclamaciones de los trabajadores presentadas en los juzgados de lo Social quedarían automáticamente anuladas.

Los trabajadores, que han ido formando varios grupos de peticionarios, presentaron reclamaciones judiciales en los juzgados de Bilbao contra la familia Bergé tanto por su salarios no devengados como por las extinción de la relación laboral que mantenían. La decisión fue en todos los casos favorable a los Bergé. Mientras un grupo de trabajadores asumió el contenido la sentencia, que ya es firme, otros decidieron, en cambio, recurrir.

Los trabajadores que asumieron la sentencia, patrocinados por el sindicato Comisiones Obreras, están detrás de la subasta que se celebrará el próximo 23 de mayo en la capital vizcaína. Son los únicos que cuentan con un fallo que les permite vender los bienes de la compañía quebrada y cobrar las deudas. Precisamente, ése es uno de los principales problemas a que se enfrentan el resto de los trabajadores que mantienen pleitos abiertos y no pueden cobrar al no contar con una sentencia judicial en firme.

Si el primer grupo cobra por la venta de unas oficinas en Bilbao y tres terrenos en Zorrozaurre, el muelle Churruca y Olabega, el resto se podría encontrar con que ya no existen bienes suficientes de la compañía de los que poder echar mano cuando exista una resolución firme para su caso.

Al Supremo

Los trabajadores recurrieron ocho sentencias ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y pidieron que se hiciera a la familia Bergé responsable. En cuatro sentencias, este tribunal les dio la razón. Los abogados del grupo Bergé a su vez han recurrido estas decisiones ante el Tribunal Supremo por una cuestión de fondo y solicitando que unifique jurisprudencia, ya que consideran que sobre esta cuestión existen fallos contradictorias de distintus tribunales superiores de España. También han recurrido estas cuatro sentencias ante el Tribunal Constitucional, en este caso por una cuestión de forma.

El procedimiento se encuentra en el Supremo a la espera de que admitan a trámite los recursos de Bergé. Más allá de estas decisiones, las aspiraciones del grupo catalán están puestas esencialmente en el pleito civil que mantienen con la familia Acha. El problema esencial es que la vía civil es más lenta que la social.