Los fiscales de Valencia califican de penosas las condiciones en las que trabajan

Un nutrido grupo de fiscales de Valencia ha suscrito un documento de siete puntos para poner en conocimiento de Enrique Beltrán, fiscal jefe, las condiciones "penosas" en las que consideran que están realizando su trabajo desde que el pasado 28 de abril entrara en vigor la ley de juicios rápidos. El aumento de guardia y de presencia en juicios entienden que está perjudicando seriamente su dedicación a otros temas que no son juicios rápidos. Además, resaltan la falta de medios materiales e inciden en las dificultades causadas por el nuevo sistema de reparto de juicios y guardias.

Con fecha 14 de mayo y en siete puntos, un nutrido grupo de fiscales, de los casi 80 de la provincia de Valencia, ha suscrito un documento que retrata la situación que se ha generado para los representantes públicos desde la aplicación de la ley de juicios rápidos el pasado 28 de abril. El documento tiene por objetivo trasladar al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Enrique Beltrán, las deficiencias en el trabajo.

Los fiscales inician el repaso por las incidencias haciendo constar que la entrada en vigor de la ley de juicios rápidos "ha supuesto un aumento considerable de trabajo para los fiscales de esta Fiscalía, que hemos pasado de necesitar para toda la provincia de cuatro fiscales diarios de guardia a trece". Según consta en el documento, esa nueva situación "ha redundado en la actividad general de asistencia a juicios, como fácilmente puede comprenderse, pues el fiscal que atiende la guardia no puede prestar otro servicio". Consideran que "el aumento ha afectado al despacho de papel por la menor cantidad de tiempo disponible, no sólo por la mañana, sino también del que ya venía dedicándose por las tardes e incluso por las noches". Añaden que "debe hacerse notar que ese aumento es acumulativo al de años pasados generado por otros factores, entre ellos, como más destacable, el aumento de la delincuencia".

Los fiscales definen las condiciones en las que están desempeñando sus funciones como "ciertamente penosas, con insuficientes, obsoletas, inseguras e incluso insalubres instalaciones en la sede principal de la Fiscalía y en las dependencias de los distintos juzgados de guardia". A lo que agregan que en algunos juzgados de guardia los medios materiales informáticos son "inexistentes", así como "inexistentes son los funcionarios en el caso de pueblos".

A esas dificultades, los fiscales añaden las que se derivan de un nuevo sistema de reparto interno de juicios y guardia: desconocimiento previo de las normas y criterios de adjudicación de los distintos servicios; atribución a un mismo fiscal de señalamientos consecutivos, sin días de descanso para despacho de papel, en ocasiones urgente; desconocimiento de los servicios a prestar hasta finales de la semana previa a desempeñarlos; señalamientos de servicios al día siguiente de salir de 48 horas de guardia y del octavo día de guardia en pueblos; deshabituación sobre los usos forenses en diferentes juzgados y tribunales; y alteración del sistema cuando un fiscal tiene que continuar un juicio en semanas sucesivas.

Los fiscales que han suscrito el documento entienden que las novedades procesales han generado una diversidad de notas de servicio e instrucciones de la jefatura que "sería deseable su acumulación y clarificación dada la imposible ejecución de algunas de ellas". Los representantes del ministerio fiscal señalan también que "la actual situación ha incidido en aspectos relacionados con los derechos estatutarios de los fiscales, tales como permisos, licencias y vacaciones". Por todo ello, consideran que hay una insuficiencia de fiscales y de medios adscritos a la sección penal "para desempeñar su función con un mínimo de calidad técnica, dignidad profesional y de la propia institución". Por último, los fiscales admiten que muchas de las soluciones que deben aplicarse no dependen directamente de Beltrán. Por ello le solicitan que dé traslado de las deficiencias "al correcto destinatario", léase la Consejería de Justicia, la Fiscalía General del Estado o el Ministerio de Justicia.